Los ingresos del sector hidrocarburífero tienen una “amplia distribución” a escala nacional, pero no pasa lo mismo con el nivel local donde hay “grandes asimetrías”, según un análisis de Raúl Velásquez, investigador en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo.

En una entrevista con CORREO DEL SUR, el experto explica este tema desde dos perspectivas: nacional y local.

“Desde una perspectiva nacional, más bien, el sector hidrocarburos es uno de los que genera ingresos de amplia distribución. La mejor muestra de ello es el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que beneficia a las nueve gobernaciones, a los 340 municipios, a las 11 universidades públicas del país, (aporta a la) renta Dignidad, hasta hay un fondo de educación cívica hay con el IDH”, sostiene.

Las regalías hidrocarburíferas comprenden un porcentaje del total de volúmenes de explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) que ascienden al 18% del global de ingresos por este concepto.

Este 18% de regalías es distribuido desde el nivel central en el siguiente orden: 11% como regalía departamental para departamentos productores, un 1% representa la regalía nacional compensatoria (en favor de los departamentos de Beni y Pando) y, finalmente, 6% es canalizado por el Tesoro General del Estado.

“Entonces visto desde un nivel macro es uno de los sectores que mayor amplitud tiene en la distribución de los ingresos que genera por su explotación”, recalca Velásquez.

PERSPECTIVA LOCAL

Sin embargo, la distribución de las regalías hidrocarburíferas, vista desde un punto de vista local, presenta “grandes asimetrías”. “Por ejemplo tenemos el caso de Tarija, donde el 55% de las regalías se queda en la Gobernación y el 45% va al Chaco. En cambio yo sé que en Chuquisaca hay la misma demanda del 50% para el Chaco y el 50% para la Gobernación, pero eso es algo que todavía no se ha logrado definir”, afirma.

Santa Cruz tiene la siguiente fórmula: 50-40-10, es decir, 50% de las regalías son para las provincias productoras, 40% para las no productoras y el 10% para los pueblos indígenas.

El analista de la Fundación Jubileo considera que ante esta realidad, Chuquisaca debería definir una nueva distribución a partir de un “pacto fiscal departamental”.

“Así como hablamos de la necesidad de un pacto fiscal nacional, desde la lógica departamental también debería responderse a ello”, recalca Velásquez.

Empero, plantea no simplemente fijar el análisis en cómo distribuir la torta –pues las regiones deben empezar a romper esa “lógica rentista”–, sino también en cómo generar ingresos fiscales y cómo usarlos.

“No es cuánto me toca a mí porque aquí está el campo productor o cuánto te toca a ti porque eres la capital, sino que hay que incorporar criterios como el de pobreza y desigualdad”, dice el experto.

A propósito de uno de esos criterios, el índice de pobreza extrema en el departamento de Chuquisaca alcanza un promedio del 61,5%, mientras que la media nacional es del 40,4%.

“Chuquisaca es el segundo departamento más pobre del país; por lo tanto, una redistribución de los ingresos que recibe, además en el marco de las competencias establecidas por la autonomía corresponde a los chuquisaqueños hacer un pacto fiscal que permita establecer criterios de pobreza, de desigualdad, de mecanismos para aminorar esas brechas que puedan existir entre los diferentes municipios y regiones del departamento”, subraya Velásquez.

PROPUESTA

El Chaco propone que los municipios productores de hidrocarburos reciban el 50% de las regalías; los no productores, el 40%; los pueblos indígenas, el 5%, y el otro 5%, Sucre, la capital.

El Chaco chuquisaqueño plantea la fórmula 50-40-5-5

En este tema de la redistribución de las regalías, la Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño presentó este año la fórmula 50-40-5-5, es decir, 50% para los municipios productores de hidrocarburos, 40% para los no productores, 5% para los pueblos indígenas y el otro 5% para Sucre, la capital.

El anteproyecto de ley que plantea que los municipios productores de hidrocarburos reciban el 50% de las regalías se encuentra en la fase de socialización y será presentada a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cuando esté “consensuado” con el resto de las mancomunidades de Chuquisaca.

El presidente de la Comisión de Hidrocarburos de Chuquisaca de la ALD y expresidente de la Mancomunidad del Chaco chuquisaqueño, Ricardo Zárate, confirmó que tal anteproyecto todavía no ingresó a esta instancia legislativa.

Asimismo, el asambleísta dijo que actualmente la Gobernación se queda con el 100% de las regalías. “No hay ninguna determinación (de distribución) en el departamento, el 11% llega e ingresa a formar parte del POA (Plan Operativo Anual)” de la Gobernación, sostuvo. 

Consultado sobre el tema, en su momento, el alcalde Enrique Leaño pidió que la propuesta del Chaco se debata profundamente y que no se obre con mezquindad.

Sin embargo, la autoridad se mostró en desacuerdo en que la Capital reciba solo el 5% del total, considerando que en ella habita la mayoría de la población. 

¿Qué dice la Gobernación sobre el tema?

El jefe de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Félix Almendras, afirmó que considerar la propuesta del Chaco de redistribución de regalías no sería factible en el departamento.

“No conocemos muy bien qué análisis han hecho o qué modalidad podrían hacer de una posible distribución. Hay algún tipo de experiencia en el caso de Tarija, pero es a partir de autonomías regionales. Tarija tiene autonomías regionales en algunas regiones como en el Chaco y allá pueden tener algún esquema de distribución, acá (en Chuquisaca) no, acá somos 29 municipios que tendrían el mismo derecho, no encontramos mucha explicación, o sea, no hay mucha posibilidad de aplicación”, sostuvo.

Consultado sobre la idea de un “pacto fiscal departamental”, tal como planteó el analista Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo, Almendras respondió que esta propuesta no tiene relación con lo que se busca en el ámbito nacional.

“No tiene relación porque el pacto fiscal está ligado a dos propósitos: primero, a la distribución de ingresos del nivel central y, segundo, a la generación de ingresos a partir de nuevas formas de generar ingresos vía acción impositiva, generación de nuevas fuentes, varias cosas”, afirmó.

El funcionario público puntualizó que este planteamiento carece de relación con el ámbito departamental, “porque el funcionamiento de la autonomía territorial está ligado a los gobiernos municipios, que tienen su propio esquema de generación y distribución de ingresos”.

Recordó que a partir del 1995 la Ley de Participación Popular creó nuevas competencias en los municipios, pero también una nueva forma de distribución de recursos como es la coparticipación.

La Fundación Jubileo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) impulsaron ayer, jueves, en Sucre, un conversatorio que permitió recoger criterios de hacia dónde debería o podría ir la política energética.

“El objetivo de este conversatorio es promover justamente la reflexión desde los niveles departamentales, ya sean gobiernos o sociedad civil, para generar propuestas de política hidrocarburífera, de electricidad y de política energética”, dijo el investigador en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.

El experto recordó que en Bolivia el principal consumidor de energía es el transporte con el 58% y esa energía es básicamente hidrocarburos.

Velásquez sostuvo que ante un contexto regional y mundial marcado por el cambio climático, surge la necesidad de una transición energética. “Esto debería ser una oportunidad para que Bolivia pueda más bien replantear sus políticas energéticas, tanto de electricidad como de hidrocarburos, con una visión de mediano y largo plazo, que responda a estas nuevas realidades tanto nacional como regional y mundial”, enfatizó el investigador.