Expertos aseguran que fue un error paralizar la extracción de litio a través de piscinas
27/04/2024
Expertos e investigadores sostienen que fue un error la...
Expertos aseguran que fue un error paralizar la extracción de litio a través de piscinas
27/04/2024
Expertos e investigadores sostienen que fue un error la paralización del trabajo de las piscinas de evaporación que otorga materia prima al complejo industrial de litio, tomando en cuenta que el sistema de la Extracción Directa de Litio (EDL) aún no fue implementada a escala industrial.
Una de las piscinas es recubierta con geomembranas de PVC. Foto: Internet
Fuente: ANF
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta, en contacto con la ANF, afirmó que la actual situación refleja la falta de planificación y coordinación por parte del Gobierno sobre las políticas mineras.
“Estas pruebas piloto, que todavía van a tomar tiempo, deberían haber sido una opción, pero sin paralizar lo que se estaba haciendo en las piscinas que, si bien es una tecnología factible, era lo que se tenía y la lógica común es que estos procesos deberían ser encaminados de forma paralela. Sobre todo, considerando que la planta industrial ya estaba pronto a entregarse y existía el requerimiento de materia prima, lo más conveniente era mantener el trabajo en piscinas”, explicó.
Tras el escándalo de la paralización de 18 piscinas a causa de irregularidades en su construcción y las críticas sobre la industrialización del litio, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, defendió el proyecto de Extracción Directa del Litio (EDL) y aseguró que la industrialización del metal blanco en el país avanza con un «modelo de negocios soberano».
En ese sentido, el experto en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, dijo que el Gobierno debió buscar medidas alternas para la explotación de litio de forma paralela, pero sin paralizar la evaporación en las piscinas ya que se dejó sin materia prima a las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio.
“Lo que se debería de haber hecho es seguir haciendo funcionar el proyecto antiguo y buscar una tecnología alterna, porque al haberse paralizado las piscinas se ha dejado sin materia prima a la planta de cloruro de potasio y carbonato de litio; sin embargo, se lo ha inaugurado el año pasado y no se ha informado esos detalles”, declaró.
Zaconeta explicó que no existen empresas en el mundo que hayan logrado implementar la tecnología EDL para la industrialización del litio. A la vez, recordó que los convenios que suscribió el Gobierno con empresas rusas y chinas aún son experimentales.
“Al haber elegido la Extracción Directa de Litio se optó por una tecnología que no ha sido probada a escala industrial en ninguna parte del mundo, no se conoce que alguna factoría estuviera trabajando bajo ese método. Los convenios que se han firmado con chinos y con rusos todavía está en una fase de experimentación, la factibilidad en laboratorio dirá si es que puede pasar a escala de una planta piloto y, con los años de práctica, nos dirá que pueda pasar a escala industrial. Para eso se requiere mínimamente cinco años”, puntualizó.
Durante el gobierno de Evo Morales se instaló una planta de litio en Llipi, en el departamento de Potosí, que a través de la tecnología de las piscinas se explota ese mineral. Los estanques albergan salmuera en sus diferentes etapas para la producción de sales de manera fraccionada, como ser: sales de halita, silvinita, mixtas, sulfato de litio y salmuera residual.
La cosecha en sales es la culminación de una etapa de producción en una determinada piscina que concluye con la recolección y traslado de sales a la planta de carbonato de litio y cloruro de potasio.
Avances
Con relación a la tecnología EDL, Molina dijo que es un proyecto que tiene avances y que desde 2022 se empezaron a firmar convenios para el emplazamiento de ese tipo de iniciativas, que mejoran el tiempo que se requiere respecto a las piscinas. Dijo que existen estudios para una planta de 25.000 toneladas por año.
Los convenios que suscribió el gobierno fueron con las empresas china Citic Guoan, con la rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC, para el emplazamiento de plantas con tecnologías EDL para la obtención desde 1.000 hasta 25.000 toneladas por año de carbonato de litio, en los salares de Uyuni y Pastos Grandes.
La deuda pública interna del Tesoro General de la Nación (TGN) creció hasta septiembre de este año en un promedio de 11 millones de dólares por día, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía. Entre los principales financiadores de estos créditos (transferidos a través de la compra de bonos en algunos casos) están el Banco Central de Bolivia (BCB) y los recursos de los fondos de pensiones administrados por la Gestora.
La deuda interna eta pasó de 15.440 millones de dólares a 18.407 millones de dólares, lo que representa un incremento de un 19 por ciento o su equivalente a 2.968 millones de dólares (ver infografía).
El economista y exdirector del BCB José Espinoza señaló que este incremento es una “cifra históricamente alta” y en ella ni siquiera se incluye la deuda de las empresas públicas con el banco.
El aumento del endeudamiento interno obedece, en parte, a las dificultades del país para adquirir créditos del exterior, debido a las bajas calificaciones por la inestabilidad política y financiera.
Hace una semana el riesgo país llegaba a 1.831 puntos de acuerdo al banco JP Morgan, es decir, que era el tercer país con riesgo más alto de pagar sus deudas en Latinoamérica, sólo detrás de Venezuela (37.005 puntos) y Argentina (2.376 puntos).
Pero también influyen el aumento del gasto público y la caída de las recaudaciones por la venta de hidrocarburos e impuestos, que están en niveles más bajos desde 2015, indicó Espinoza.
El investigador en presupuestos de la Fundación Jubileo, René Martínez, señaló que el aumento de la deuda interna debería ser algo excepcional para utilizarse en una época de iliquidez y urgencia, pero se ha visto que esta va en aumento continuo al menos desde 2018.
Ese año, la deuda interna del TGN era 5.376 millones de dólares y desde entonces subió a 18.407 millones a septiembre, un aumento del 242 por ciento.
El gran problema, según Martínez, es que el gasto y el déficit fiscal se mantienen. Este año se espera repetir por décimo año consecutivo el déficit fiscal, con “un aparato público muy grande e improductivo”.
Este endeudamiento interno con alta participación del BCB puede generar, además, presiones inflacionarias, según Espinoza, ya que el banco estaría emitiendo más moneda local en el mercado.
“Como falta información y el Banco Central no publica todo lo que es emisión monetaria, balance y demás, es muy difícil ver cuál es la magnitud de esa presión que estaría generando el banco”, acotó el economista, refiriéndose a los reportes que la entidad ya no difunde.
Política | 10/08/2023
Veeduría Ciudadana demanda elecciones judiciales con independencia e idoneidad
Foto: ABI
Brújula Digital |10|08|23|
La Veeduría Ciudadana...
Veeduría Ciudadana demanda elecciones judiciales con independencia e idoneidad
Foto: ABI
Brújula Digital |10|08|23|
La Veeduría Ciudadana realizó un llamado formal a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que aseguren que el proceso de preselección y posterior elección de autoridades judiciales en Bolivia se desarrolle bajo cuatro principios fundamentales: independencia, idoneidad, inclusión y transparencia.
La solicitud fue presentada a través de una carta abierta entregada en las ventanillas de correspondencia de ambas instituciones.
“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Electoral Plurinacional a tomar todas las medidas necesarias para llevar a cabo el proceso de preselección y elección de candidatos para las elecciones judiciales, respetando los principios de independencia, idoneidad, inclusión y transparencia”, se lee en un fragmento de la carta.
La Veeduría Ciudadana, un brazo operativo de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia), presentó esta petición tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional declarando inconstitucional el Reglamento de Preselección de Candidatos y la convocatoria a las elecciones judiciales.
Los firmantes, representantes de organizaciones como la Fundación Jubileo, la OCD Bolivia, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) y la Ruta de la Democracia, manifestaron en una nota de prensa su preocupación por los plazos reducidos para ambos procesos: la preselección en la ALP y la organización de las elecciones por parte del TSE, programadas para realizarse antes de fin de año.
Con tan solo cuatro meses para llevar a cabo estas actividades, argumentan que la calidad de la preselección de candidatos podría verse afectada y que el proceso electoral podría estar marcado por improvisaciones, lo que afectaría directamente la participación ciudadana y el voto informado.
“Instamos a establecer mecanismos técnicos de coordinación entre estas entidades, como lo establece la Constitución Política del Estado. Esto busca optimizar el tiempo disponible, dando prioridad a la garantía de una elección libre e informada, asegurando la integridad electoral y, de esta manera, accediendo a una justicia íntegra, imparcial y transparente”, es otra de las demandas expresadas por el colectivo.
La Veeduría Ciudadana representa una coalición de organizaciones de la sociedad civil que vigilan de cerca este proceso en ejercicio de sus derechos políticos.
Fundación Jubileo: en un escenario conservador, en 2030 Bolivia será un importador de gas
Asuntos Centrales Follow on TwitterSend an email31 de mayo de 2023
La Fundación...
La Fundación recomienda diversas medidas estructurar para revertir la caída en la producción e impulsar la exploración.
Bolivia avanza a convertirse en un importador de gas natural si no se toman medidas estructurales urgentes y que tengan impacto en el corto y mediano plazo, las que incluyen una nueva política energética, la revisión de la subvención para los combustibles líquidos y contar con mercados seguros para el gas. Así lo advierte el último informe de la Fundación Jubileo sobre la Situación del Sector Hidrocarburos, el cual señala que, si no se suman nuevos volúmenes, en 2030 la producción será de apenas 16,3 millones de metros cúbicos diarios (Mm3d) frente a una demanda interna de 18 millones. Además, en el corto plazo, se podría iniciar la importación de GLP, cuando baje el envío de gas a Argentina y, eventualmente, se reduzcan las operaciones de la planta de Gran Chaco.
Jubileo considera que se requieren medidas en el corto y largo plazo. Estas últimas suponen ajustes económicos estructurales, una política de transición energética, una nueva política energética -con leyes de Hidrocarburos y Electricidad-, la disminución de la subvención a los hidrocarburos, la gestión de mercados para el gas natural y que, bajo esas condiciones, Bolivia pueda recuperar su cualidad de país exportador neto de hidrocarburos. Además, ante la falta de nuevos descubrimientos y reservas, el país está viendo pasar las oportunidades en un escenario internacional de buenos precios, debido a que cuenta con una oferta de gas.
Raúl Velásquez, investigador en Energía e Hidrocarburos de Jubileo, explicó que también se requiere una política de precios para los hidrocarburos, un nuevo equilibrio fiscal entre el Estado y las empresas, y una institucionalidad con roles claros. La nueva ley, a su juicio, debe incorporar la obligación de reposición de reservas. Agregó que en este proceso, hay que revisar el subsidio, lo que “es muy costoso políticamente”, y el régimen fiscal, estableciendo eventualmente escalas móviles para el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y una revisión de la participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Expresó que en el corto plazo continuará la declinación de los campos por lo que habrá menores ingresos por la venta del gas natural. Por ello, es necesario que se haga un uso estratégico de los recursos provenientes de las regalías y del Impuesto Director a los Hidrocarburos (IDH) -especialmente a nivel de las gobernaciones, municipios y universidades- a través, por ejemplo, de la creación de fondos de ahorro o de desarrollo económico. Agregó que se debe revisar el proceso de importación de combustibles -evaluando la participación de actores privados- y advirtió que se mantendrá una baja actividad exploratoria, fundamentalmente a cargo de YPFB.
La producción en descenso
Las cifras muestran que la caída en la producción de hidrocarburos es prácticamente constante desde 2014, cuando el país alcanzó sus mayores niveles de producción de gas. En abril de este año, el país produjo un promedio de 38 millones de metros cúbicos diarios de gas y de 33 mil barriles diarios equivalentes de petróleo; frente a los 60 millones y los 63 mil barriles, respectivamente, alcanzados en 2014.
Además, el sector enfrenta otros graves problemas como el incremento del subsidio, producto del mayor consumo de hidrocarburos líquidos, y que debe cubrir un precio promedio de importación de 9,8 bolivianos por litro. Así, la balanza comercial del sector, ya presenta un déficit de 118 millones de dólares a marzo de 2023, luego de cerrar el 2022 con un saldo negativo de 1.235 millones.
El informe parte de la constatación de la triple dependencia de los hidrocarburos que tiene el país, debido a que no sólo requiere el gas para exportar y, por lo tanto, generar ingresos, sino que es la base de la generación de electricidad. De esta forma, Bolivia tiene un dependencia energética, eléctrica y fiscal, donde la transición energética “no es tan simple”, según Velásquez.
Revisando la evolución del sector, es evidente el descenso de la producción y la falta de inversiones en exploración. En la actualidad, sólo el campo Incahuasi-Aquio muestra un crecimiento en relación a 2014, año en el que comenzó a operar; el resto de los megacampos: San Alberto, Sábalo y Margarita-Huacaya, van reduciendo su producción, en un proceso natural, por lo que “no debería ser novedad, era previsible”. No obstante, Velásquez precisó que Incahuasi también muestra una tendencia a la baja desde mayo de 2022.
Agregó que YPFB, entre 2018 y 2021, impulsó dos planes de reactivación del upstream, los que no han dado los resultados esperados.
La evolución de los mercados
De acuerdo al análisis de Jubileo, la caída de la producción no sólo afecta los ingresos del país, sino que ha derivado en el pago de multas y la renegociación de los contratos de exportación. A esto se suma el crecimiento del mercado interno, a un ritmo de 5% anual, que hoy está en 14 millones de metros cúbicos diarios y en 2030 demandará 18 millones. Al estar subvencionado, el 1,3 dólar que cuesta el millón de BTU en el país, dista mucho de los 9 y 6,5 dólares que pagaron, respectivamente, Argentina y Brasil en marzo de este año.
También es marcado el crecimiento de la demanda de hidrocarburos líquidos, cuya producción cayó en un 47%, mientras el parque automotor -por mostrar un indicador- aumentó en un 206%. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en ese orden, lideran el consumo de este combustible, pero -en el período 2015-2022- se pueden ver ritmos de crecimiento muy fuerte en La Paz (66%), Potosí y Beni, cada uno con 34%.
Todo lo anterior repercute en el costo del subsidio, el que en 2022 alcanzó a los 1.700 millones de dólares, muy por encima de los 700 millones programados. Velázquez explicó que esto se agrava porque se trata de una “subvención ciega”, que no distingue actividad económica, grupo poblacional, modelo de vehículo, entre otros factores, y tiene “un costo de oportunidad” en términos de salud y educación, por las inversiones que se podrían hacer con los recursos que hoy se destinan a su cobertura.
Advirtió que es importante buscar soluciones de fondo y lograr que el país sea un actor en la transición energética, precisando que el gas natural es el combustible que se utilizará en este proceso. Aseguró que, con acciones concretas, aún se puede garantizar el rol de Bolivia como país exportador de gas.
YPFB hace 6 años que deja al país sin datos de la certificación de reservas de hidrocarburos
Raúl Velásquez dijo que frente al incumplimiento de la Ley 3740 no se identifican...
YPFB hace 6 años que deja al país sin datos de la certificación de reservas de hidrocarburos
Raúl Velásquez dijo que frente al incumplimiento de la Ley 3740 no se identifican responsabilidades
Raúl Velásquez de Fundación Jubileo. Foto: F. Tierra
La Paz, 5 de abril de 2023 (ANF).- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace seis años que incumple de manera sistemática la Ley 3740 que le obliga a contratar a una empresa internacional especializada para realizar la certificación de las reservas de hidrocarburos en el país.
“Llevamos seis años que se incumple sistemáticamente esta ley (3740), sin que haya ninguna consecuencia para quienes la incumplen”, declaró el especialista en materia hidrocarburífera de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez en el Foro nacional Los límites del extractivismo, organizado por Fundación Tierra.
Detalló que la certificación de reservas que se realizó corresponde a las gestiones de 2009, 2013 y 2017, desde entonces la empresa estatal petrolera no ha cumplido la norma que prevé que cada año se debe realizar dicha certificación.
El artículo 7 de la Ley de Desarrollo Sostenible del sector de Hidrocarburos dice claramente que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, mediante licitación internacional, deberá contratar empresas especializadas en la certificación de reservas de hidrocarburos, para certificar el nivel efectivo de dichas reservas en el país”.
Además, la norma fija los tiempos, la empresa hasta el 31 de marzo de cada año debería publicar el nivel de reservas certificadas que hay en el país al 1° de enero de dicho año. Y se le autoriza a realizar todas las acciones necesarias que le permitan por “cuenta propia” realizar la certificación de reservas de hidrocarburos.
Los recursos naturales son del pueblo boliviano, no son de YPFB, la empresa solo ejerce la propiedad en representación de toda la población boliviana, pero tampoco son de las empresas, en consecuencia, a quien se le debe pedir cuentas es a YPFB, precisó Velásquez.
Argumentó que es importante la certificación de reservas porque permite la planificación del sector hidrocarburífero, ya que se ha ido explotando las reservas de gas y petróleo a través de la producción, pero no se ha realizado exploración que es lo que permite reponer las reservas que se usaron.
"La certificación de reservas, hay tres certificaciones 2009, 2013 y 2017 muestran que hay tendencia decreciente hubo varios intentos de exploración que han resultado un fracaso el más significativo es el X2, el mar de gas, que no hay. Hay dos proyectos inciertos y otros dos que fueron exitosos", informó el experto.
Informes técnicos del Ministerio de Economía advierten la pérdida y salida de divisas por el contrabando de oro y las operaciones de comercio exterior que realizan las comercializadoras del metal con la consecuente disminución de Reservas Internacionales Netas (RIN).
Así está reflejado en el análisis realizado en el primer proyecto de Ley del Oro de Producción Nacional destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales (RIN), presentado en junio de 2021 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El Gobierno busca consenso este año para la aprobación de un nuevo proyecto de ley ajustado, pero las cooperativas auríferas pidieron que se suspenda el tratamiento hasta que no se viabilice otra ley de tratamiento impositivo al sector.
¿Cómo salen las divisas del país con el oro?
Los informes técnicos elaborados para la presentación del proyecto de Ley del Oro en 2021 mostraron que en el proceso de exportación del oro, los bancos corresponsales de los comercializadores en el sistema financiero nacional reciben dólares estadounidenses, pero “no realizan la transferencia de estas divisas a una entidad financiera nacional, manteniendo su posición de activos externos”.
“Al momento de pagar en efectivo en dólares, las entidades financieras acuden al Banco Central de Bolivia (BCB) para comprar dólares, generando una disminución directa en las RIN”, alerta el documento.
El Decreto Supremo 4492 del 21 de abril de 2021, que modifica el Decreto Supremo 29681 del 20 de agosto de 2008 y tiene por objeto establecer nuevos límites para la internación y salida física de divisas del territorio nacional, permite la salida física de divisas por parte de la comercializadoras del metal precioso por esta actividad, en menor magnitud, pero no considera que esta salida puede ser omitida de los registros oficiales al tratarse de contrabando.
“En este contexto el país no sólo pierde divisas por el contrabando, sino también por las operaciones de comercio exterior que realizan las comercializadoras, tomando en cuenta que las ventas de dólares estadounidenses por parte de las entidades financieras a sus clientes tienen una importante participación del sector minero”, señala el Ministerio de Economía.
En 2006 las exportaciones de oro metálico sólo llegaban a 126 millones de dólares; en 2014 llegaron a 1.361 millones de dólares; en 2021 alcanzaron 2.554 millones y el año pasado sumaron 3.000 millones de dólares.
La mayor parte de la producción de oro está en manos de las cooperativas auríferas, y las exportaciones llegan hasta India, que es el principal mercado que demanda el metal.
Raúl Velásquez de Fundación Jubileo. Foto: F. Tierra
