Lidia Mamani  /  La Paz
Los 7.000 millones de dólares en créditos, que el Gobierno gestiona con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  el Banco Mundial (BM), dispararán la deuda externa hasta un 46% del Producto Interno Bruto (PIB). Según expertos, el umbral no debería pasar del 40% como tope, como calculan dos organismos internacionales, aunque la CAF recomienda hasta un máximo del 50%.

A junio de este año, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPM) 2020 del Banco Central de Bolivia (BCB), el saldo de la deuda externa pública de Bolivia sumó 11.300 millones de dólares, monto que significa el 28,4% del PIB (ver gráfica).

El Banco Mundial y el FMI recomiendan que el umbral entre la deuda externa y el PIB no debe superar el 40%,  mientras que la CAF define un máximo de hasta un 50%.

El economista Jimmy Osorio explicó que, si los 11.300 millones de dólares representan 28,4%, de los 40.000 millones que es el PIB, entonces con los 7.000 millones, la deuda puede subir a 18.300 millones y el porcentaje del umbral llegar a 46%.

Aunque si a ese monto se suma la deuda interna, alrededor de 11,2 millones de dólares, y los 7.000 millones, el porcentaje puede superar el 74% del total del PIB proyectado.

“Cuando un país está altamente endeudado, baja su calificación de riesgo, es decir que los países y organismos multilaterales modifican sus condiciones antes de otorgar créditos a un país endeudado, lo que conlleva a que no sea atractivo para la inversión extranjera directa, y por ende también no es atractivo para la transferencia tecnológica ni la generación de empleo. En síntesis, el endeudarse demasiado tiene muchas implicaciones”, analizó Osorio.

Consideró que, para no correr esos riesgos, lo que se tiene que hacer en situaciones de ajuste económico, es la reducción del gasto público, se debe mejorar la inversión pública, tanto en monto como en rendimientos, y se debe aplicar políticas fiscales eficientes, como condonaciones impositivas o refinanciamientos.

Para René Martínez, investigador de la Fundación Jubileo,  el monto que se anuncia de los 7.000 millones de dólares es bastante alto. Para acceder a un préstamo como tal, habrá que analizar varios elementos como las condiciones del crédito, además que esté acompañado de un plan económico.

“Con este monto se puede señalar que se superará el umbral del 40% de sostenibilidad de la deuda externa, que es el límite máximo recomendado, se puede llegar al 43%. Es importante recomendar que los créditos que se gestionan  estén acompañados de un plan económico y que se analice el destino, porque no puede ir para proyectos que no tengan retorno económico, como sucedió en anteriores años”, consideró Martínez.

Según el economista Germán Molina, Bolivia requiere recursos frescos para financiar el Presupuesto General del Estado 2021 (PGE), que irán a proyectos de inversión, de salud, de infraestructura, entre otros,   que servirán para reactivar la economía.

“Bolivia tiene aún un margen para seguir endeudándose. Ya el FMI ha señalado a todos los países que  no es momento de reducir el gasto fiscal y que pueden recurrir al endeudamiento externo por la pandemia de la Covid-19. Al recurrir a estos créditos de 7.000 millones se está asumiendo una medida preventiva, porque el nuevo Gobierno hasta que asuma, si es que hay segunda vuelta, pasarán por lo menos tres meses, por tanto, se tienen que hacer las gestiones”, indicó Molina.

Mencionó que las recaudaciones de impuestos y otros ingresos han caído bastante, por lo que ya no se cuenta con recursos nuevos;  entonces,  si se tiene una oportunidad de acceder a esos préstamos, hay que tomarla, ya que más adelante los organismos internacionales pueden cambiar de idea.

El ministro de Economía  Branko Marinkovic reiteró ayer que Bolivia necesita alrededor de 7.000 millones de dólares para  2021 y otros 7.000 millones para  2022, dos años que serán difíciles.

“A partir de eso, creo que la economía no va a necesitar inyección de afuera y vamos a poder generar nuestros propios recursos”, afirmó en contacto con los periodistas.

En su criterio, se necesitarán muchas gestiones para conseguir ese financiamiento,  que se puede dar si se presenta un plan de reactivación serio.

Página Siete Digital 

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil exigen al gobierno transitorio y al próximo a que inicie un proceso de construcción participativa y transparente que nuevas contribuciones al cambio climático para articular un nuevo modelo energético y productivo que, al mismo tiempo, promueva la justicia social económica y el equilibrio con la naturaleza.

“El Estado debe asumir políticas de protección de derechos individuales y colectivos, de conservación efectiva de ecosistemas y la promoción de alternativas locales y con administración local recuperando los conocimientos y reconociendo el legado ancestral de las culturas de la región andina, oriente, chaco y Amazonia de Bolivia”, se lee en el documento emitido este viernes por organizaciones y activistas ambientales y de derechos humanos.

Los involucrados enfocan sus inquietudes en que los compromisos asumidos por el país -plasmados en las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés)- no se enmarcan en la necesidad de reducir los gases contaminantes que contribuyen al cambio climático.

Estas Contribuciones son compromisos que los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) han aportado voluntariamente, tras la firma del Acuerdo de París, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Los NDCs de Bolivia se enmarcan en la política nacional guiada bajo la consigna de “Convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica”, principio que además de ser inviable, según han evaluado las organizaciones, está vinculado al poder de las “grandes transnacionales, la construcción de megarepresas en la Amazonía y el impulso de la producción de etanol y biodiesel, vinculada a la ampliación de la frontera agrícola, la destrucción de bosques y su biodiversidad, para el impulso de monocultivos de caña, soya y sorgo, que son falsas soluciones al cambio climático”, destaca una nota de prensa.

A ese panorama se suma la apertura del mercado chino para la exportación de carne y la política agropecuaria del país, cuyo compromiso pone en riesgo la vitalidad de los ecosistemas en todo el territorio nacional, aumentarán las emisiones nacionales, generarán más injusticias económicas y sociales e incrementarán la vulnerabilidad de las comunidades locales que ya enfrentan los impactos directos de estas actividades.

Según las organizaciones de no cambiar esta política las emisiones de Gases de Efecto Invernadero se incrementarán, así como las desigualdades económicas y sociales, “degradando los medios de vida, y dejándonos más vulnerables y desprotegidos ante los, cada vez más frecuentes, intensos e impredecibles impactos climáticos”, concluye el pronunciamiento.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Aopeb, Asociación Inti Illimani, Fundación Jubileo, Fundación Gaia Pacha, Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Soluciones Prácticas, Unitas, entre otras.

La petición es apoyada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Campaña Reactivación Transformadora, Christian AID, Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), Oxfam y We Effect.