Los 14 organismos internacionales y nacionales que participaron de la observación y acompañamiento electoral en los comicios del 18 de octubre emitieron informes preliminares con recomendaciones para considerar en los futuros procesos electorales.
Cinco de ellas apuntan, principalmente, a mejorar el acceso de los electores a emitir su voto el día de las elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá analizar su aplicación en las elecciones subnacionales previstas para 2021. La convocatoria se lanzará el 10 de noviembre y desde entonces se tendrá
A su vez, observaron la capacitación de los jurados electorales, los sistemas tecnológicos y la legislación electoral, además de aspectos logísticos y de seguridad.
1. GRUPOS VULNERABLES El Parlamento del Mercosur emitió recomendaciones que van dirigidas, principalmente, a una mejor organización de los centros de votación. La primera hace referencia a que se deben dar condiciones a las personas con discapacidad y adultos mayores en cuanto a señalización y espacios para emitir su voto. Coincidió en su informe la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) que observó la falta de infraestructura para el ingreso al recinto y las mesas de votación.
La Asociación Juristas de Iberoamerica considera necesario que se tenga un aula específica para el voto secreto.
El Centro Carter se refirió a tres medidas importantes para la inclusión de las personas con discapacidad. Se trata del uso de plantillas Braille (cerchas) para personas con problemas visuales; afiches con información para personas con problemas auditivos; y facilitar los materiales para votar (ánfora, papeleta) para quienes tienen dificultades motoras.
2. TRANSPORTE A su vez, el Parlamento del Mercosur recomienda autorizar el servicio permanente de los medios públicos de transporte. En esa misma línea, la Misión del Observatorio de la Democracia cree necesario generar y proveer servicios públicos de transporte desde el Estado para que personas con poca movilidad puedan ir a votar en caso de no estar cerca de su recinto electoral.
3. SERVICIOS BÁSICOS La ADPRA también recomendó la habilitación de baños en los recintos electorales para quienes van a emitir su voto así como para los funcionarios electorales que están por más de ocho horas encargados de garantizar el debido proceso.
4. MESAS La Asociación Juristas de Iberoamérica recomendó que haya una mesa en cada recinto electoral para el retiro de la boleta de impedimento de votación. En esta última elección vieron que solo se designó que se realice este proceso en algunos recintos, lo que provocó desplazamiento de kilómetros para quienes no pudieron participar en el proceso. A esto se suma la recomendación de actualizar los equipos ya que “eran vetustos” y no podían emitir la justificación de manera rápida, lo que generaba aglomeración y protestas.
También se refirió al acceso de información sobre el motivo de la inhabilitación de los ciudadanos. Sugirió que se instale una mesa de consulta para despejar cualquier duda, tomando en cuenta que es un derecho ciudadano.
5. EL ESPACIO La Misión del Observatorio de la Democracia recomendó una mejor administración de los espacios físicos. Explicó que los padrones, en las Elecciones Generales, estaban ubicados en lugares en los que dificultaban el tránsito de los votantes y que el tamaño de la letra era muy pequeño, lo que impedía mayor claridad y provocaba aglomeraciones. Considera que los centros de información deben estar óptimamente acomodados para ayudar a los electores. A esto se suma, según la Fundación Papa Francisco II, una mejor campaña de difusión dentro de la comunidad para que puedan ejercer el derecho al voto sin demoras.
La mirada en los jurados
Los organismos internacionales coincidieron al señalar que se necesita una mayor capacitación e incentivo a los jurados electorales y jurados de mesa, además de quienes forman parte de los procesos eleccionarios.
El Parlamento del Mercosur sugiere una mejor gestión y entrenamiento a los jurados de mesa para que puedan adoptar el mismo procedimiento de escrutinio evitando retrasos o diferencias en el cierre.
La OEA pide analizar la posibilidad de ofrecer a los jurados incentivos.
Por su parte, la Asociación Juristas de Iberoamérica observó que no están capacitados para resolver conflictos ante la consulta sobre la nulidad de un voto, por ejemplo. Asimismo, indica que es necesario contar con un protocolo de apertura común de ánforas y de control de la cadena de custodia.
La Misión del Observatorio de la Democracia recomienda mejorar la gestión y entrenamiento.
En esa línea, la Fundación Papa Francisco II considera que al estar mejor capacitados aprenderán a resolver situaciones confusas y evitar errores de conteo y dudas para validar un voto o no, lo que lleva a anular mesas.
La OEA también recomienda continuar con la selección del personal que ocupará cargos vacantes con base a sus capacidades técnicas y teniendo en cuenta experiencia y área de especialización
Por otro lado, reforzar la capacitación de los funcionarios electorales para garantizar el pleno conocimiento de los protocolos de distribución y custodia de los materiales.
La Asociación Juristas de Iberoamerica señala también que para cumplir mejor el rol de coordinación con la Policía se debería pensar en adquirir equipos de radio por piso, lo que evitaría la aglomeración.
La situación
En 2019, la OEA, UE y Fundación Jubileo ya recomendaron mejorar la información y capacitación de notarios y jurados.
Apuntes
Tecnología
• La OEA cree que se debe poner a prueba el 100% de las funcionalidades de todos los sistemas y de la infraestructura tecnológica empleada para anticipar potenciales fallas e incidentes.
• El Centro Carter recomienda acabar con las falencias tecnológicas en la maquinaria electoral.
Legislación
• La OEA pide redefinir las sanciones previstas en la legislación de manera que guarden proporcionalidad con la infracción cometida y no tengan un efecto inhibitorio que obstaculice la libre circulación de ideas.
• Asimismo, sugiere sancionar una ley, en línea con los estándares interamericanos, que obligue a los organismos públicos a brindar la información bajo su control, a hacerlo en tiempos razonables y, en caso que no proceda la entrega de lo solicitado, a fundamentar legalmente la negativa.
• El Centro Carter recomienda corregir el marco normativo electoral para armonizarlo plenamente con las normas internacionales sobre elecciones democráticas.
• También cree que se debe analizar la legislación boliviana que prohíbe la contratación de propaganda electoral hasta 30 días antes del día de la votación porque afecta a los medios tradicionales y redes que admiten la contratación de espacio publicitario.
• Pide analizar la legislación electoral ya que contiene algunas disposiciones legales excesivamente restrictivas de los derechos de participación política, como la que sanciona con la perdida de personería jurídica a un partido por el mero hecho de que uno de sus candidatos revele encuestas internas.
