Página Siete / La Paz

 Para este año, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda presupuestó 1.698 millones de bolivianos, que serán destinados a siete proyectos del sector transporte. La mayor parte de ese monto irá a cubrir el Tren Metropolitano de Cochabamba.

De acuerdo con la información presentada en la Audiencia Inicial de Rendición de Cuentas 2019, este año se presupuestó una inversión total de 2.335,5 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos de transporte (aéreo y terrestre), vivienda y telecomunicaciones.

En detalle, se precisa que el presupuesto para transportes acapara 1.698,5 millones de bolivianos; seguido por el sector de telecomunicaciones, con algo más de 596,5 millones de bolivianos, y para vivienda al menos 40,3 millones de bolivianos.

El proyecto “estrella” es el de la construcción del Tren Metropolitano Cochabamba, cuyo objetivo es “orientar el desarrollo económico y social” de las regiones de ese departamento.

Las obras comenzaron en agosto de 2017 y se prevé que esté terminado en agosto de 2020. Para continuar con su ejecución, este año se destinarán 1.352,3 millones de bolivianos.

El Tren Metropolitano de Cochabamba es construido con una inversión de 447,6 millones de dólares, con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) y pasará por seis municipios: Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado y Sacaba; además, contará con tres líneas (roja, amarilla y verde) y tendrá una extensión aproximada de 42,17 kilómetros.

A fines de octubre del año pasado, el entonces ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el moderno tren eléctrico metropolitano de Cochabamba comenzaría a operar en septiembre de la presente gestión, por la acelerada construcción de la línea.

Durante la audiencia de rendición de cuentas, celebrada el pasado martes 14, el viceministro de Transportes, Jorge Sardán, anunció la continuidad de la obra Vía Férrea Montero Bulo Bulo, con el fin de transportar y exportar la úrea y amoniaco que se produce en la Planta de Bulo Bulo, hacia los países vecinos.

La autoridad recordó que la construcción de esa vía comenzó en 2013 y se planea que concluirá en diciembre de este año. Para la presente gestión se fijó un presupuesto de 135,7 millones de bolivianos, según la información presentada en la audiencia.

La construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo fue dividida en tres tramos: Montero-Río Yapacaní, de 93 kilómetros; Río Yapacaní-Bulo Bulo, de 56 kilómetros, y los puentes sobre los ríos Piraí, Yapacaní, Ichilo y Bulo Bulo, según el ministerio del área.

En cuanto a transporte, también está la inversión en los proyectos de ampliación del aeropuerto Cobija, con el que se busca mejorar la calidad del servicio y resguardar seguridad operacional de la infraestructura. Para ello se destinó 56,5 millones de bolivianos. También está la ampliación del aeropuerto Trinidad; se estima que esté listo este año. Para su ejecución se erogará 138,8 millones de bolivianos.

Por último, se incluye la construcción del aeropuerto de Vallegrande, en Santa Cruz. Asimismo, la principal terminal aérea de ese departamento será intervenida para convertirse en un aeropuerto intercontinental.

“Se deben optimizar los gastos y las inversiones”

El investigador de la Fundación Jubileo, René Martínez, evaluó en general los proyectos en cartera impulsados por el Ministerio de Obras Públicas y mencionó que desde hace algunos años los ingresos del sector público se fueron reduciendo debido a los menores recursos que se perciben por la venta de hidrocarburos y porque éstos también se estancaron.

“En ese marco, lo que señalamos es que hay que optimizar los recursos tanto en gastos como en inversiones. Además hay que tomar en cuenta que nos encontramos en una situación en la que estamos sosteniendo los gastos con endeudamiento externo que crece de manera acelerada cada año”, manifestó el experto.

Martínez explicó que ante ese panorama es que se debe utilizar los recursos en proyectos que generen impacto y retorno.

Respecto al proyecto del Tren Metropolitano de Cochabamba, al que se destinará la mayor inversión para este año, el especialista sostuvo que habrá que preguntarse si en el contexto en el que estamos vale la pena llevar a cabo ese emprendimiento.

El experto consultado apuntó que se debe tomar en cuenta que las Reservas Internacionales Netas (RIN) están disminuyendo y el déficit fiscal ya se encuentra por encima del 7,8%.

En la rendición de cuentas, el ministro Óscar Coca destacó que sólo en 2005 todo el presupuesto y la inversión que el Estado hizo llegó a 600 millones de dólares, y en la actualidad el Ministerio de Obras Públicas ejecuta por sí solo 2.000 millones de dólares.

Lidia Mamani / La Paz

En 2018, las petroleras que operan en el país pidieron al Estado la devolución de 1.197,4 millones de dólares por costos recuperables. Ese monto  está sujeto a una revisión por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a una auditoría externa.

De acuerdo con el reporte de Información Financiera de Contratos de Servicios Petroleros de YPFB, con datos hasta diciembre del año pasado, los costos recuperables se componen de costos de operación y amortización de inversiones capitalizadas.

En el documento se menciona que las empresas incurren en costos directamente relacionados con las operaciones petroleras, cuya finalidad es garantizar la continuidad de la producción de hidrocarburos. Éstos son conocidos como costos de operación y en 2018 registraron 389,5 millones de dólares.

Mientras que la amortización de inversiones  consiste en la devolución de las inversiones que generaron el inicio de la producción, el mantenimiento e incremento de la producción. En este caso, las operadoras reportaron  807,9 millones de dólares.

El concepto de costos recuperables está definido en los contratos vigentes desde 2007, como los “costos incurridos y reportados por el titular y aprobados por YPFB conforme al procedimiento financiero y contable”.

Página Siete informó ayer que el Estado le devolverá a Repsol al menos 130 millones de dólares por la perforación del pozo Boyuy X-2, debido a que está dentro del área Caipipendi, operada por esa compañía y sus socios.

Si se trataba de un contrato independiente, las operadoras habrían asumido el riesgo, lo que hubiese evitado el gasto, afirmaron especialistas en el área.

Al respecto, el experto Bernardo Prado  especificó   que hay un tema de fondo que no se analizó hasta el momento y que  tiene que ver con que los contratos de operación, que se firmaron en 2006  luego de la “nacionalización”, tienen un “error de fondo”.

“Estos contratos suscritos  tienen un pequeño error de fondo y de forma, éste constituye  el hecho de que se están considerando los costos recuperables por áreas y no por campos. Entonces, si hubiéramos tomado la previsión, los costos recuperables se manejarían  por campos y no por área”, explicó el analista.

Prado agregó que esta situación fue observada en su momento, hace varios años, pero no se   prestó atención al respecto.

 Asimismo, agregó que otra de  las preocupaciones es cómo se maneja la información, porque en su momento el Gobierno señaló que en el pozo Boyuy  había un “mar de gas”  y  que era un éxito. Se hizo tal afirmación pese a que  se había  advertido que se debía esperar, pero  no se escuchó y se creó mucha expectativa.

Entretanto, el investigador de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez apuntó que, tal como dispone el Decreto Supremo   28701, de octubre de 2006, se firmaron 44 contratos  de operación con  15 empresas petroleras que operaban en territorio boliviano por ese entonces.

En estos contratos de operación está Caipipendi, donde se perforó Boyuy,   operado por Repsol Bolivia, Shell Bolivia y PAE.

Aunque Velásquez también mencionó que no tiene nada de malo reconocer a las empresas petroleras los costos de inversión realizados porque así está establecido en el contrato.

 La norma vigente

• Contenido La cláusula 4.1 del Anexo “D” de los contratos de operación suscritos entre YPFB y las operadoras establece sobre los costos recuperables: “En aquellas áreas del contrato, que existan campos en explotación y áreas exploratorias, los costos de exploración serán considerados costos recuperables con la producción de dicho campo. En las áreas del contrato que sólo posean áreas exploratorias, los costos de explotación sólo podrán ser considerados costos recuperables una vez que se declare la comercialidad del campo y comience la producción”.
• Consecuencia Por este modelo de contrato suscrito en 2006, el Estado deberá negociar con Repsol la devolución de  $us 130 millones,  por el costo de perforación de Boyuy X2.

Sánchez dice que los costos se pagan en función de una declaratoria

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, dijo ayer que los costos recuperables los paga YPFB cuando se presenta la Declaratoria de Comercialidad de un campo hidrocarburífero.

“Cuando llegue la Declaratoria de Comercialidad de Boyuy, recién YPFB activará el tema de los costos recuperables, ya que la aprobación de los mismos involucra toda una normativa, procedimientos y condiciones que se deben cumplir. Los volúmenes encontrados tienen que tener un mercado, debe existir infraestructura en torno al pozo y su producción, es decir, ductos y una planta de procesamiento; tiene que haber un contrato de exportación”, afirmó el Ministro, según una nota enviada por la cartera que administra.

Sin embargo, el experto en hidrocarburos Bernardo Prado señaló sobre este punto: “El Ministro está un poco equivocado, porque los costos recuperables se basan en función al contrato de contratación, que es del área. Entonces, basta que haya un solo pozo exitoso dentro del área para que se tenga que pagar los costos recuperables de los otros pozos, aunque no sean exitosos. Ahí está el error y eso es lo que no están mencionando (desde el Ministerio)”, manifestó.

En el comunicado, Sánchez insiste que Boyuy se constituye en un “éxito exploratorio” y sostiene que es el más importante registrado en los recientes años.

“No lo dice el Ministro, no lo dice YPFB, sino 100 verdaderos expertos en geología, congregados en un taller realizado por la institución de mayor renombre en el mundo de geología petrolera, la Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG)”.

El Ministro reiteró que con Boyuy X-2, que tiene 8.000 metros de profundidad, se descrubrió un “mar de gas” que requiere de la perforación de otros pozos profundos en toda la zona.

“Hay un mar de gas, a mucha gente le molesta saber que hemos descubierto un mar de gas. Pero con el modelo geológico que se tiene, se visualiza que este reservorio profundo va desde la frontera con Argentina hasta Incahuasi. La recomendación del congreso de la AAPG es seguir perforando más pozos profundos…”, se lee en su boletín.

  Una canasta familiar cuesta en promedio 2.640 bolivianos por mes, si se toman en cuenta los costos estimados obtenidos por tres instituciones. De acuerdo con cálculos del ministro de Economía, Luis Arce, se gastan 100 bolivianos cada tres días.

La canasta  promedio de 2.640 bolivianos sólo incluye alimentos y fue calculada a  base de  las canastas elaboradas por la Fundación Jubileo, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

De acuerdo con la Fundación Jubileo, basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el ingreso que cada persona necesita para dejar de se pobre en extremo en el país, y por tanto alimentarse con los requerimientos nutricionales mínimos, en el área urbana es de 405 bolivianos al mes, por lo que una familia de cuatro requeriría unos 1.620 bolivianos para subsistir.

  Este conjunto mínimo de alimentos está compuesto principalmente por pan, cereales, carnes, pescado, aceite comestible, lácteos, huevos, verduras frescas, secas, tubérculos, raíces, frutas, azúcar, café, té y condimentos.

El CEDLA, por su parte,   indicó que de acuerdo con  un cálculo que se llevó a cabo en 2017, sólo para la alimentación de una familia compuesta por cinco miembros se requieren  2.441  bolivianos, que por persona sería un poco más 488 bolivianos.

En el análisis más reciente de la COB, presentado en 2011 sobre un cálculo de canasta familiar para cinco personas que toma en cuenta 34 productos entre cereales, verduras, frutos y alimentos procesados, suman 3.859 bolivianos, que dan un promedio de 772 bolivianos por cada persona.

Hace unos días,  se viralizó un video en el que el  Ministro de Economía afirma que es posible comprar productos de la canasta  familiar con menos de 100 bolivianos. El cálculo que hizo la autoridad desató una ola de críticas en las redes sociales.

En la entrevista  que se llevó a cabo la noche del 1 de abril, en el programa  Que no me pierda, de la Red Uno, se observa a la autoridad escoger productos como aceite, arroz, pollo y huevo por un valor de 52,60 bolivianos.

Finalizada la demostración de lo que, en criterio del Ministro de Economía es necesario en la canasta familiar,  el periodista le preguntó: “¿Sólo compraría esto?”, en referencia a los cuatro productos elegidos, y la autoridad respondió: “Sí,  no se requiere más para la canasta familiar”.

Ayer, en conferencia de prensa, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, indicó que al no estar presentes todos los productos que se puede  hallar en los mercados y que forman parte de una canasta familiar “completa”, el cálculo que realizó el Ministro fue “tergiversado”.

“Se trataba de un ejercicio con varios productos entre los cuales no habían verduras. Cuando vamos aumentando productos se debe tomar en cuenta la región, los hábitos de la gente, entre otros factores. A nivel general podemos hablar de una canasta que varía entre los 900 y los 1.600 bolivianos para dar una aproximación”, explicó Durán, al ser entrevistado en radio Compañera.

La autoridad apuntó que, según el INE, el monto de dinero necesario para la alimentación de una persona es de 400 bolivianos y que, si se toma en cuenta a una familia de cuatro personas, se suma 1.600 por mes que se necesitan para surtir la canasta.

 Un reto viral

A raíz de las críticas, la etiqueta #100BsChallenge, un reto que se viralizó en las redes a partir de  los dichos del ministro Arce, desafía  a los internautas a hacer un cálculo sobre qué se puede comprar con esa cantidad de dinero.

“#100BsChallenge: Asumiendo que puedan alimentarse y vivir con 100 bolivianos a plan de sopitas de fideo de   3,50 bolivianos,  en 30 días gastan   105 bolivianos. Claro, eso sólo para su almuerzo...”,  escribió un internauta que se sumó al reto.

 Jubilados y fabriles critican al Ministro

El secretario ecutivo de la Federación de Fabriles de La Paz, Mario Segundo, aseguró que 100 bolivianos para una familia de cinco personas no alcanzan  para llenar la canasta familiar, el monto sólo cubre el almuerzo y desayuno de un día con muchas privaciones.

Asimismo, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Mario Delgado Jiménez, afirmó  “categóricamente” que 100 bolivianos no alcanzan  para nada, antes de mencionar que de seguro las amas de casa coinciden con su opinión.

Arce dice que sus palabras fueron “tergiversadas”

El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, aclaró ayer que el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, nunca indicó que 100 bolivianos sea el costo de una canasta familiar completa.

 De acuerdo con la autoridad, en la entrevista televisiva de la Red Uno y su programa Que no me pierda, del 1 de abril, el Ministro de Economía realizó  un ejercicio que consistía en la compra de ciertos productos previamente establecidos por el mismo medio, para comprarlos con 100 bolivianos.

Una “carta de reclamo” enviada por Economía a este medio menciona que en el ejercicio se dejó en claro que los  100 bolivianos  no eran para la compra de todos los productos que hacen a la canasta familiar, sino a las que la autoridad creía que debía comprar y de las que quedó claro, eran para tres días, tal como aseveró el propio conductor del programa de televisión.

“El hecho de que se confunda los comentarios que hizo el Ministro en relación a productos seleccionados, que como él mismo indicó, no corresponden a toda la canasta porque faltaban entre ellos las verduras, eso nos parece una tergiversación por parte de algunos medios de comunicación” aclaró  Durán, según la nota enviada.

Agregó que  la inflación registrada al primer trimestre llegó a 0,06%;  por lo tanto, los precios de la canasta se mantienen estables.

“Si hacemos el análisis para Sudamérica, encontramos que a marzo Bolivia tiene la menor tasa de  inflación de la región. Eso quiere decir que se puede comprar alimentos a precios bajos; por lo tanto, consideramos que eso permite aumentar el poder adquisitivo de la población”, sostuvo Durán.

De acuerdo con el viceministro, la estabilidad de precios de la canasta familiar se debe al apoyo del Gobierno en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

 Jubilados y fabriles critican al Ministro

El secretario ecutivo de la Federación de Fabriles de La Paz, Mario Segundo, aseguró que 100 bolivianos para una familia de cinco personas no alcanzan  para llenar la canasta familiar, el monto sólo cubre el almuerzo y desayuno de un día con muchas privaciones.

Asimismo, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Mario Delgado Jiménez, afirmó  “categóricamente” que 100 bolivianos no alcanzan  para nada, antes de mencionar que de seguro las amas de casa coinciden con su opinión.

Arce dice que sus palabras fueron “tergiversadas”

El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, aclaró ayer que el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, nunca indicó que 100 bolivianos sea el costo de una canasta familiar completa.

 De acuerdo con la autoridad, en la entrevista televisiva de la Red Uno y su programa Que no me pierda, del 1 de abril, el Ministro de Economía realizó  un ejercicio que consistía en la compra de ciertos productos previamente establecidos por el mismo medio, para comprarlos con 100 bolivianos.

Una “carta de reclamo” enviada por Economía a este medio menciona que en el ejercicio se dejó en claro que los  100 bolivianos  no eran para la compra de todos los productos que hacen a la canasta familiar, sino a las que la autoridad creía que debía comprar y de las que quedó claro, eran para tres días, tal como aseveró el propio conductor del programa de televisión.

“El hecho de que se confunda los comentarios que hizo el Ministro en relación a productos seleccionados, que como él mismo indicó, no corresponden a toda la canasta porque faltaban entre ellos las verduras, eso nos parece una tergiversación por parte de algunos medios de comunicación” aclaró  Durán, según la nota enviada.

Agregó que  la inflación registrada al primer trimestre llegó a 0,06%;  por lo tanto, los precios de la canasta se mantienen estables.

“Si hacemos el análisis para Sudamérica, encontramos que a marzo Bolivia tiene la menor tasa de  inflación de la región. Eso quiere decir que se puede comprar alimentos a precios bajos; por lo tanto, consideramos que eso permite aumentar el poder adquisitivo de la población”, sostuvo Durán.

De acuerdo con el viceministro, la estabilidad de precios de la canasta familiar se debe al apoyo del Gobierno en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

Lidia Mamani /La Paz

Desde junio de 2015 hasta la fecha, Bolivia fue sancionada con una multa total de 144,7  millones de dólares (1.007 millones de bolivianos) por el incumplimiento de contrato en la entrega de gas natural a los mercados de  Argentina (Enarsa-IEASA) y Brasil (Petrobras).

“En el marco de los contratos suscritos con GSA-Petrobras y Enarsa (IEASA) se presentaron faltantes de suministro, habiéndose generado las multas correspondientes a los periodos 2015 a junio 2016, 2017 y 2018”, señala un informe reciente que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)  presentó ante los miembros del   directorio.

 Revela,  por ejemplo,  que  entre el contrato de compra-venta que suscribieron YPFB y Enarsa, en junio de 2015 y en el mismo mes de 2016, por incumplimiento  de los volúmenes comprometidos  se fijó una penalidad de más de 5,3 millones de dólares; otro de los montos altos que se fijó   fue en 2018 cuando se  multó con  4,9 millones de dólares (ver gráfica).

 La pasada semana se conoció que Petrobras de Brasil impuso al país una multa de 133,7 millones de dólares  (930,5 millones de bolivianos)  por incumplimiento del contrato en el envío de gas. El monto incluye el cargo de transporte sin uso  durante 2018.

La pasada semana, el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras en Brasil, Marcelo Cruz, reveló, en una entrevista con la agencia  Reuters, que Petrobras  demandó, el año pasado, un promedio de 26 millones de metros cúbicos día (MMmcd), pero  YPFB sólo entregó 22,6 MMmcd. 

Para el experto Hugo del Granado,  las sanciones no son ninguna novedad porque se alertó al Gobierno en reiteradas ocasiones que la caída de la producción no sólo afecta a las reservas, sino que el descenso  que se registra desde el segundo semestre de 2014 es consecuencia de la “dejadez” en la actividad exploratoria.

“La no incorporación de nuevas reservas  significa la caída de la producción y ésta se manifiesta en el incumplimiento de los contratos de exportación tanto a Argentina como a Brasil”, añadió.

Explicó que si bien las tres sanciones económicas cobradas por el mercado argentino son menores, se debe a que el contrato con Enarsa es mucho más suave con respecto al suscrito con Brasil.

De acuerdo con el contrato YPFB-Enarsa, la multa que se aplica es sólo el 15% del valor del incumplimiento; en cambio con Petrobras es al 100% del precio, que incluye el dato del día en el que se incumplió, además de la cantidad de  volúmenes enviados, explicó Del Granado.

 Por eso, aunque sólo es una factura con Brasil,  se tiene una penalidad por 107 millones de dólares, además se adiciona el cargo por transporte. “Hay una tarifa opcional porque Petrobras pagó  un crédito de 40 años, que implica un recargo si es que no se usa esa capacidad del transporte”, dijo.

Política exploratoria

En criterio de Del Granado, el Gobierno tiene que tomar seriamente todas las advertencias que se le hicieron  para reformular su política exploratoria, promover la inversión privada, destrabar las murallas jurídicas que puso desde 2009 y dar mayor seguridad  a las petroleras.

Desde 2006 sólo llegaron  dos empresas para invertir en el país,  hecho que  demuestra la “sequía” exploratoria.

En el caso de los pagos, dijo que si bien fueron asumidos por las empresas operadoras que suscribieron un acuerdo de entrega, tanto para el mercado argentino como para el brasileño,  independiente de quién paga la multa, el problema del país es que  no tiene capacidad de producción. 

“Lo que tiene que hacer es cambiar la política  exploratoria. De no ser así,  a futuro  tendremos  la imposibilidad de renegociar los contratos en mejores condiciones  con Argentina y Brasil, imposibilidad de abrir nuevos mercados como los que se negocia con  Paraguay y con el sur de Perú, todo porque YPFB se vuelve  en un proveedor no confiable”, advirtió el analista.

Punto de vista
Raúl Velásquez  Investigador de Jubileo

 “Dinero se pudo usar en exploración”

El problema del pago de multas no es sólo que las empresas petroleras paguen los altos montos que YPFB les está traspasando en el marco de los Acuerdos de Entrega, sino que se debe considerar que ese dinero pudo haber sido destinado a la exploración.

 Asimismo, el volumen que YPFB no envió a los mercados supone un daño al país, porque implica pérdida de ingresos para el Tesoro General de la Nación , gobiernos departamentales, municipales y universidades.

Lamentablemente, se observa que la producción nacional en enero de 2019 alcanzó los 46 millones de metros cúbicos día (MMmcd), lo que representa una disminución del 23% con lo producido en 2015 y se encuentra muy lejos de lo proyectado en el Plan 2016-2020 presentado por el Ministerio de Hidrocarburos.

Por lo tanto,  el país no sólo incumplió con el envío de volúmenes a los compradores externos, sino que, como en el caso de Argentina,  se vio obligado a negociar una adenda al contrato por un menor volumen.