Lidia Mamani /La Paz

Desde junio de 2015 hasta la fecha, Bolivia fue sancionada con una multa total de 144,7  millones de dólares (1.007 millones de bolivianos) por el incumplimiento de contrato en la entrega de gas natural a los mercados de  Argentina (Enarsa-IEASA) y Brasil (Petrobras).

“En el marco de los contratos suscritos con GSA-Petrobras y Enarsa (IEASA) se presentaron faltantes de suministro, habiéndose generado las multas correspondientes a los periodos 2015 a junio 2016, 2017 y 2018”, señala un informe reciente que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)  presentó ante los miembros del   directorio.

 Revela,  por ejemplo,  que  entre el contrato de compra-venta que suscribieron YPFB y Enarsa, en junio de 2015 y en el mismo mes de 2016, por incumplimiento  de los volúmenes comprometidos  se fijó una penalidad de más de 5,3 millones de dólares; otro de los montos altos que se fijó   fue en 2018 cuando se  multó con  4,9 millones de dólares (ver gráfica).

 La pasada semana se conoció que Petrobras de Brasil impuso al país una multa de 133,7 millones de dólares  (930,5 millones de bolivianos)  por incumplimiento del contrato en el envío de gas. El monto incluye el cargo de transporte sin uso  durante 2018.

La pasada semana, el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras en Brasil, Marcelo Cruz, reveló, en una entrevista con la agencia  Reuters, que Petrobras  demandó, el año pasado, un promedio de 26 millones de metros cúbicos día (MMmcd), pero  YPFB sólo entregó 22,6 MMmcd. 

Para el experto Hugo del Granado,  las sanciones no son ninguna novedad porque se alertó al Gobierno en reiteradas ocasiones que la caída de la producción no sólo afecta a las reservas, sino que el descenso  que se registra desde el segundo semestre de 2014 es consecuencia de la “dejadez” en la actividad exploratoria.

“La no incorporación de nuevas reservas  significa la caída de la producción y ésta se manifiesta en el incumplimiento de los contratos de exportación tanto a Argentina como a Brasil”, añadió.

Explicó que si bien las tres sanciones económicas cobradas por el mercado argentino son menores, se debe a que el contrato con Enarsa es mucho más suave con respecto al suscrito con Brasil.

De acuerdo con el contrato YPFB-Enarsa, la multa que se aplica es sólo el 15% del valor del incumplimiento; en cambio con Petrobras es al 100% del precio, que incluye el dato del día en el que se incumplió, además de la cantidad de  volúmenes enviados, explicó Del Granado.

 Por eso, aunque sólo es una factura con Brasil,  se tiene una penalidad por 107 millones de dólares, además se adiciona el cargo por transporte. “Hay una tarifa opcional porque Petrobras pagó  un crédito de 40 años, que implica un recargo si es que no se usa esa capacidad del transporte”, dijo.

Política exploratoria

En criterio de Del Granado, el Gobierno tiene que tomar seriamente todas las advertencias que se le hicieron  para reformular su política exploratoria, promover la inversión privada, destrabar las murallas jurídicas que puso desde 2009 y dar mayor seguridad  a las petroleras.

Desde 2006 sólo llegaron  dos empresas para invertir en el país,  hecho que  demuestra la “sequía” exploratoria.

En el caso de los pagos, dijo que si bien fueron asumidos por las empresas operadoras que suscribieron un acuerdo de entrega, tanto para el mercado argentino como para el brasileño,  independiente de quién paga la multa, el problema del país es que  no tiene capacidad de producción. 

“Lo que tiene que hacer es cambiar la política  exploratoria. De no ser así,  a futuro  tendremos  la imposibilidad de renegociar los contratos en mejores condiciones  con Argentina y Brasil, imposibilidad de abrir nuevos mercados como los que se negocia con  Paraguay y con el sur de Perú, todo porque YPFB se vuelve  en un proveedor no confiable”, advirtió el analista.

Punto de vista
Raúl Velásquez  Investigador de Jubileo

 “Dinero se pudo usar en exploración”

El problema del pago de multas no es sólo que las empresas petroleras paguen los altos montos que YPFB les está traspasando en el marco de los Acuerdos de Entrega, sino que se debe considerar que ese dinero pudo haber sido destinado a la exploración.

 Asimismo, el volumen que YPFB no envió a los mercados supone un daño al país, porque implica pérdida de ingresos para el Tesoro General de la Nación , gobiernos departamentales, municipales y universidades.

Lamentablemente, se observa que la producción nacional en enero de 2019 alcanzó los 46 millones de metros cúbicos día (MMmcd), lo que representa una disminución del 23% con lo producido en 2015 y se encuentra muy lejos de lo proyectado en el Plan 2016-2020 presentado por el Ministerio de Hidrocarburos.

Por lo tanto,  el país no sólo incumplió con el envío de volúmenes a los compradores externos, sino que, como en el caso de Argentina,  se vio obligado a negociar una adenda al contrato por un menor volumen.

Inversión  / La Paz 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) advierte que el débil ciclo económico pone en riesgo de retroceso en la reducción de la pobreza en la región y en particular para Bolivia y Honduras, ambos países con mayor pobreza en la zona.

En un contexto de cambios sociales, políticos y económicos, la región logró avances considerables en la reducción de la pobreza; sin embargo, desde 2015 se registraron retrocesos, particularmente en los indicadores de pobreza extrema, señala el organismo regional.

El informe anual sobre el Panorama Social de América Latina 2018 afirma que, en promedio, la pobreza en la región afecta a 30,2% de la población. En el caso de Bolivia, el impacto alcanza a 35,2%, según el análisis, con datos a 2017, según el análisis realizado por Jaime Pérez Coronel, de Fundación Jubileo.

Con referencia a la pobreza extrema, ésta representa 10,2% de la población en América Latina. En Bolivia, el porcentaje es mayor al promedio, registrando 16,4%.  Según la CEPAL, Bolivia y Honduras son los países con mayores niveles de pobreza y pobreza extrema en la región. La mejora en estos indicadores sociales sigue siendo un desafío prioritario en Latinoamérica.

El informe destaca que los criterios para medir la pobreza fueron sobre “la base de una metodología común, que tiene por objeto proporcionar una mirada regional lo más comparable posible, dentro de la heterogeneidad que presentan los instrumentos de medición y los procedimientos de recopilación de datos propios de cada país”.

El Gobierno reaccionó al informe, mencionando que ese organismo utiliza una metodología distinta y, de acuerdo con datos oficiales, la pobreza extrema fue de 17,1% y la pobreza moderada de 36,4% para la gestión 2017.

Esta situación muestra que Bolivia, si bien acompañó a la región en los avances (logrando reducir en 25 puntos porcentuales la pobreza moderada y en 23 puntos porcentuales la extrema pobreza, entre 2007 y 2018), el país todavía se encuentra rezagado respecto al resto de América Latina.

Riesgos de retroceso

La principal observación del Gobierno a los datos de la CEPAL es que las tasas de reducción de la pobreza para el periodo 2016–2017 son inferiores a sus cálculos oficiales. Según el organismo latinoamericano, en ese periodo, la pobreza en el país se redujo en -0,1 puntos porcentuales (pp); en cambio, los datos gubernamentales indican que la reducción fue de -1,8 pp. Similar diferencia se produce al comparar los datos de pobreza extrema, para la CEPAL, la extrema pobreza se redujo en -0,3 pp y el dato oficial es de una reducción de -1,9 pp.

Sin embargo, según Pérez, más allá de la comparabilidad de las cifras, al observar ambas series, las tendencias son las mismas y reafirma la conclusión de la CEPAL respecto a que existe un retroceso en la reducción de la pobreza. 

Utilizando los datos oficiales en Bolivia, entre 2007 y 2013, el promedio de reducción de la pobreza fue de -3,5 pp y de la extrema pobreza de -3,2 pp. Pero a partir de 2014 (año cuando empieza la crisis de los precios internacionales) y hasta 2018, la tasa de reducción de la pobreza fue, en promedio, de -0,9 pp y de la extrema pobreza de -0,7 pp.

En consecuencia, señala Pérez, el desempeño económico es vital y tiene un impacto directo respecto del nivel de reducción de pobreza logrado en los últimos años. La alerta de la CEPAL para Bolivia y América Latina, ante la perspectiva de un débil ciclo económico, pone un llamado de atención para renovar las políticas públicas de protección social y para redoblar esfuerzos. En el país, esto significa promoción de empleos de calidad, garantizar remuneraciones dignas, prevenir políticas asociadas a derechos como salud y educación, además de proteger el gasto social.

Por el crecimiento del Producto Interno Bruto se advierte que durante el periodo 2007–2013, las tasas fueron favorables para la reducción de la pobreza, pero en cuanto empezó la desaceleración económica y las tasas de crecimiento del PIB comenzaron a ser menores, los niveles de reducción de pobreza extrema fueron marginalmente inferiores, hasta llegar a la gestión 2016, cuando la pobreza extrema se incrementó y el PIB decreció respecto al año 2015.

Sin embargo, los datos para la gestión 2017 muestran una situación peculiar, hubo reducción del crecimiento económico a 4,2% y, sin embargo, una mayor tasa de reducción de la pobreza extrema de -1,2 pp, sin continuar con la tendencia advertida desde 2013. En Bolivia, según datos oficiales para el año 2017, todavía había 4.085.247 personas viviendo en pobreza y de éstas 1.918.849 eran extremadamente pobres, sin ingresos suficientes para comprar una canasta mínima de alimentos.

Información oportuna

Ante el informe de la CEPAL, el Gobierno difundió algunos datos sobre la situación de la pobreza para la gestión 2018 -pobreza moderada 34,6% y pobreza extrema 15,2%-, pero todavía no se ha divulgado información desagregada que permita hacer un análisis más completo; por tanto, es pertinente que las instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), y los ministerios del sector difundan datos de calidad.

Pérez explica que la integridad de los datos se refiere a la exactitud, fiabilidad, utilidad, oportunidad y accesibilidad, resguardando que sean comprensibles, presentados con claridad y que tengan la garantía de disponer rápidamente de información completa y desagregada.

 Juan Carlos Véliz / La Paz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue sancionada por Petrobras porque la empresa estatal no cumplió con la entrega de los volúmenes de gas demandados en 2018.

La empresa petrolera brasileña de naturaleza semi-pública demandó el año pasado 26 millones de metros cúbicos por día (m³/día), pero YPFB entregó 22,6 millones de m³/día. La compañía estatal boliviana debía suministrar hasta 31,5 millones de m³/día, dependiendo de los pedidos, según el contrato.

“Petrobras demandó el año pasado, un promedio de 26 millones m³/día y YPFB entregó 22,6 millones m³/día. Es una diferencia superior a 10%. Petrobras tiene derecho a pedir el volumen de hasta 31 millones (30 millones comercial y 1,5 de gas de uso de sistema y gas de los compresores)” declaró el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras, Marcelo Cruz, en una entrevista con Reuters.

Desde Bolivia, YPFB respondió que el pago de la multa será transferido a la filial de la empresa brasileña en Bolivia , “en su calidad de proveedor para el cumplimiento de este contrato”.

“Cuando la entrega del gas boliviano es menor a la demanda, Petrobras tiene que estar preparada para colocar otro recurso, otro gas en el mercado, e incurrir en un costo más alto. Petrobras importa GNL, que normalmente tiene un costo más alto que el gas boliviano. Importar GNL precios más altos puede generar impacto financiero y operacional” expuso el ejecutivo de Petrobras.

Ajustes al volumen contratado

Explicó que el contrato prevé penalidades en caso de que no se cumpla el compromiso de delivery or pay del año. Esta claúsula obliga al productor a entregar la producción comprometida y pagar el monto necesario en caso de no entregar el volumen acordado.

De manera recíproca, cuando Brasil demanda un volumen menor al mínimo, según el contrato está obligado a pagar por el mínimo aunque retire una cantidad menor, eso se llama take or pay.

Petrobras notificó a la estatal petrolera  a principios de 2019 de las penalidades relativas a 2018. En virtud de esas penalidades, “Petrobras está discutiendo, a solicitud de YPFB, un eventual ajuste en el volumen contratado” según el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras.

 “Las empresas están discutiendo alternativas que viabilicen una eventual reducción de la exposición de los bolivianos a las penalidades, con las debidas contrapartidas para Petrobras” indicó Cruz.

Transferencia de multa

El presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga, explicó que cuando se produce un incumplimiento en la entrega de volúmenes de gas a Brasil, las denominadas garantías de suministro establecidas en el contrato, deben ser asumidas por las empresas operadoras responsables de la provisión del energético, según una nota de prensa de la petrolera nacional.

“Los incumplimientos eventuales en la provisión del gas generan una penalidad económica. En la actualidad el consorcio  liderado por Petrobras Bolivia es responsable del 100% de la provisión del hidrocarburo demandado por Brasil. En ese entendido, Petrobras Brasil impone la multa y su filial en Bolivia debe pagar la misma. Por tanto, no será YPFB, ni el Estado, ni las gobernaciones, alcaldías, menos las universidades las que sean afectadas”, indicó Barriga.

Por otra parte, el ejecutivo de la estatal petrolera indicó que, acorde a lo expresado por Petrobras Brasil, YPFB coincide en la necesidad de efectuar una revisión de los términos contractuales con la finalidad de generar mayor equidad en la relación de nominación y entrega.

El contrato en la mira

Barriga recordó que “el contrato de provisión de gas natural al Brasil fue suscrito el año 1996, en el cual Petrobras Brasil tiene una flexibilidad de hasta 11 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd); es decir,  puede pedir entre 19 MMmcd y 31 MMmcd, y estamos obligados a tener a disposición el volumen que requieren. Sin embargo, cuando Brasil incumple los volúmenes de nominación mínima, no existe una penalidad significativa. Prueba de ello es que actualmente Brasil está nominando 12 MMmcd, un volumen que está por debajo de su obligación contractual sin sanciones contra ellos”, afirmó según la nota de prensa.

Raúl Velasquez, investigador de la Fundación Jubileo, explicó que el mecanismo para transferir la multa está previsto en los contratos de operación que firmaron las empresas el 2006 y en los acuerdos de entrega firmados entre YPFB y las empresas petroleras en el marco de los contratos de operación

Petrobras Bolivia, la compañía constituida en 1996, participa en la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, y desarrolla actividades de exploración y producción en los departamentos de Tarija (San Alberto, San Antonio e Itaú), Santa Cruz (Cedro) y Chuquisaca (Monteagudo).