Un jefe de hogar que hace seis años gasta más de lo que gana, y que para cubrir sus deudas recurre cada vez más a los préstamos, pone en riesgo a su familia. Así es, según los economistas, que se puede interpretar el déficit fiscal que arrastra el país desde 2014, y que, a criterio de ellos, es alentado por los proyectos públicos no rentables y el gasto burocrático.

De acuerdo con un informe de la Fundación Milenio, los datos más recientes de las cuentas fiscales en Bolivia muestran un déficit del sector público no financiero (la suma del Gobierno general y las empresas públicas) en 2018 de Bs 22.670 millones, superior a los Bs 20.278 millones de 2017. Aunque para esta gestión el Presupuesto General del Estado (PGE) proyectó un déficit fiscal de Bs 21.502 millones, Bs 1.168 millones menos que en 2018.

A pesar de esta reducción, desde Milenio indicaron que tomando los datos de 2018 estas cifras son las más altas en al menos tres décadas, y que para hacer una comparación más adecuada es preciso relacionar este déficit con el Producto Interno Bruto (PIB). Con este ajuste, según el documento, se observa que el nivel registrado en 2018 es del 8,1% con respecto al PIB, ubicándose como el segundo más alto en el periodo mencionado.

Indican que no puede dejar de preocupar lo que sucede en las cuentas fiscales, que en los últimos años fueron descuidadas. “Tener un déficit superior al 3% del PIB es preocupante, pero además que sea creciente puede convertirse en un factor de riesgo importante. El contexto nacional, regional e internacional puede desequilibrar la economía, dejando al país en una situación muy desventajosa. Si se observa el presupuesto para 2019, no existe indicio alguno de prudencia fiscal y, al contrario, se busca mantener elevado tanto el gasto como el déficit, este último con el 7,8% del PIB. Ajustar las cuentas públicas es un imperativo”, remarca el informe de la Fundación Milenio.

Otras lecturas

René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, sostuvo que el hecho que el déficit fiscal esté cerca del 10% con respecto al PIB preocupa y que la economía nacional corre el riesgo de verse afectada en las variables macroeconómicas a mediano plazo.

Hizo notar que desde 2015 los ingresos por las exportaciones de los hidrocarburos disminuyeron, mientras que la recaudación tributaria se congeló.

Así, según datos del PGE 2019, la recaudación tributaria en el mercado interno, más el aporte de la Aduana y no tomando en cuenta el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en 2015, fue de 50.441 millones; en 2016 bajó a Bs 47.591 millones; en 2017 siguió con la misma tendencia y fue de Bs 47.420 millones; en 2018 subió a Bs 49.208 millones y para esta gestión la proyección tiende a la baja, y es de Bs 49.118 millones.

Mientras que el gasto corriente, a criterio de Martínez, en similar periodo tuvo una tendencia al alza, lo que generó un desequilibrio financiero.

En la presentación del Ministerio de Economía del proyecto del PGE 2018 y 2019 se detalla que el gasto corriente en 2014 fue de Bs 108.604 millones, en 2015 subió a Bs 126.626 millones, mientras que en 2017 bajó a Bs 117.631 millones; en 2018 volvió a subir a Bs 121.729 millones y para 2019 se proyectó un gasto corriente que llega a Bs 131.756 millones.

Martínez subrayó que para ‘tapar’ la realidad, el Ejecutivo está recurriendo al préstamo interno-externo, que ya asciende a los $us 20.000 millones.

“Para tratar de controlar esta variable se debe contraer el gasto corriente, optimizar los recursos y disminuir los gastos burocráticos y en obras públicas que no generan utilidades “, precisó Martínez.

A su vez, el analista Germán Molina subrayó que en la Presidencia de Juan Evo Morales, los primeros ocho años se caracterizaron por un superávit, mientras los últimos seis por un déficit fiscal, que si se lo suma llega a un 41,2%, un porcentaje que de acuerdo con su lectura es preocupante y que para controlarlo necesita frenar el actual gasto corriente para no seguir contrayendo una deuda pública.

“Se deben frenar los gastos superfluos, como viajar en helicóptero, el pago de publicidades, la inversión en proyectos que no generan ningún beneficio y reducir la burocracia, que cada año es más cara”, indicó Molina.

Lidia Mamani / La Paz

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prevé destinar 600 millones de dólares en el proyecto de construcción del gasoducto entre Bolivia y Paraguay.

Expertos afirman que el plan de venta de carburante al país vecino no es nuevo y que su mercado es muy pequeño. Además, se cuestiona la capacidad energética del país, que tiene problemas para cumplir con los envíos acordados a Brasil y Argentina

“Es una inversión grande, son 600 millones de dólares para este gasoducto y la primera etapa es hacer un estudio de factibilidad o de ingeniería, para que nos pueda permitir identificar el trazado, los costos y la viabilidad del proyecto. Eso se acordó con Paraguay, con los socios de Petropar, para iniciar estas actividades lo antes posible”, manifestó ayer el gerente de Administración Económica y Financiera de YPFB, Rodrigo Durán.

El estudio de viabilidad, según lo acordado entre ambos países, consiste en trabajar en un periodo de ocho meses, para definir las condiciones y características del gasoducto, indicó Durán, en entrevista con Patria Nueva.

En cuanto a las inversiones que se requerirán en la primera etapa, apuntó que una parte será cubierta por YPFB y otra por Petropar (Petróleos Paraguayos, firma público-privada). El estudio permitirá identificar el trazado y particularidades del ducto.

“La idea del gasoducto es ampliar nuestra integración con Paraguay para establecer una venta de alrededor de seis a 10 millones de metros cúbicos de gas por día (MMmcd). Estamos desarrollando también nuevos mercados para garantizar que la producción adicional tenga un mercado de destino y que esto nos permita diversificar nuestros mercados”, agregó el funcionario.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos comentó a Página Siete que Paraguay es un país pequeño, por lo tanto, su mercado también lo es. A eso se debe agregar que su mayor mercado de energía, el eléctrico, está cubierto por dos hidroeléctricas.

“El mercado mayor, el del sector eléctrico, está cubierto por las hidroeléctricas que tienen, por lo tanto, por ese lado no hay mucha demanda para el gas natural; el sector industrial principalmente está con el agroindustrial y agropecuario, no hay una industria pujante, por lo tanto, tampoco se ve una demanda por ese lado y los domicilios y comercios demandan muy poco gas”, explicó el experto.

En ese contexto, Ríos agregó que lo que se tiene que hacer es esperar que un anuncio de acta de “buenas intenciones” entregue el estudio de factibilidad y especifique quién invertirá  en las obras del gasoducto, quién será el comprador del gas boliviano y a qué precio van a comprarlo. Cuando se dé toda esa información habrá que ver si se puede ejecutar o no la obra.

El investigador de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez mencionó que desde 2013  se insiste en la necesidad de que Bolivia gestione nuevos mercados para el gas natural, por lo que en primera instancia la suscripción del convenio en el gabinete binacional Paraguay-Bolivia es un avance, ya que asegurar mercados es un incentivo para la inversión, exploración y desarrollo.

“Lo preocupante en este y otros casos es que, fruto de estas reuniones, se hacen importantes anuncios e intercambio de carpetas, que en el tiempo no se traducen en realidad. Claro ejemplo es que este gasoducto binacional ya fue anunciado en septiembre de 2005; posteriormente, en marzo de 2010 la CAF ya financió un estudio para el gasoducto Bolivia-Paraguay-Uruguay y se volvieron a firmar intenciones en  2018”, indicó.

La relación comercial con Paraguay se basa en la energía

• GLP Desde 2013, cuando Bolivia y Paraguay suscribieron el contrato de compra-venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), hasta mayo pasado, se comercializaron 290 mil  toneladas métricas del producto, volumen que representó un ingreso de 129 millones de dólares para el país, según YPFB. Paraguay demanda 100 millones de kilos de gas licuado por año.
• Antecedentes En un congreso de gas y petróleo que se llevó a cabo en 2017 también se anunció que se analizará la factibilidad técnica y logística para la construcción y operación de una Planta de Engarrafado por parte de la petrolera boliviana YPFB en territorio paraguayo. Hasta la fecha sólo se prosiguió con la venta de GLP que se envía al país vecino.
• Plan El miércoles, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, indicó que se prevé que, una vez concluido el tendido del gasoducto, Bolivia exporte entre seis y 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día al mercado de Paraguay. “La idea es dar hoy un inicio a la ingeniería de diseño final para realizar el gasoducto y calcular su costo”, dijo, según ABI.

Empresarios y autoridades estatales de Bolivia y Paraguay, mostraron su entusiasmo por el encuentro histórico de ambos países para lograr seis acuerdos empresariales y 16 entendimientos para el beneficio de ambos países en el campo empresarial y diplomático. Pero existen dudas en el país, sobre la realización efectiva en el tendido de un gasoducto entre Villamontes (Bolivia) y Asunción (Paraguay).

“Se planteó formalmente en el acuerdo firmado, la realización de un estudio de prefactibilidad, para que en ocho meses, tengamos un resultado y entre ambos países, busquemos a los inversores para que ese gasoducto de Bolivia a Paraguay, sea una realidad. Con ese resultado, se podría hacer la licitación para conseguir a los inversores”, dijo el ministro de Obras Públicas del país vecino, Arnoldo Wiens, al término de la reunión biministerial.

A su vez, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Alberto Sánchez, señaló que el memorándum marca el camino para consolidar el tercer mercado de exportación de gas natural boliviano, cuyo inicio de operaciones se prevé que sea el año 2024.

El objetivo de los paraguayos, es reconvertir ese gas boliviano en energía eléctrica, utilizarlo en su territorio y venderle más a Brasil y Argentina, a través de sus hidroeléctricas.

Dejan dudas

Pero el detalle es que ninguno de los países ha referido el volumen que piensan comercializar, hasta tanto no tener ese estudio de prefactibilidad. Esto fue el objeto de las dudas de los expertos bolivianos.

Raúl Velásquez, experto de la Fundación Jubileo, preguntó primero por las condiciones de ese convenio en términos de volúmenes para tener una idea cabal de lo que se quiere hacer.

“Es positivo que se avance en la gestión de nuevos mercados. El gasoducto hacia Paraguay se lo viene anunciando desde 2015. Ojalá hasta enero, se tengan los resultados del estudio y se pueda avanzar en el gasoducto. Puede ser interesante, ya que es previsible que el nuevo contrato con Brasil podría tener cambios en volúmenes”, dijo.

El analista Hugo del Granado, desveló que la producción de gas en Bolivia ha bajado de manera significativa y coincidió que la posibilidad de abrir nuevos mercados va a depender de cuánto se pueda vender y cuánto volumen va a requerir Brasil.

“En la medida que el mercado brasileño demande como lo ha estado haciendo ahora (30 MMm3/d), Bolivia no va a tener la capacidad para atender otros mercados. Esa es una realidad. Si a la Argentina podemos exportar 10 MMm3/d en verano y 16 MMm3/d a 18 MMm3/d en invierno, al Paraguay no podríamos exportar ni 2MMm3/d”, explicó.

Por su parte, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, aplaudió el entusiasmo de ambos países, pero consideró que Paraguay es un mercado muy pequeño para grandes expectativas.

“Lo que esperamos es que en estos ocho meses, nos entreguen varios datos que necesitamos saber, antes de emitir una posición. Hay que saber la demanda; si va a contratar el Estado, los empresarios o el sector eléctrico; quién va a financiar el gasoducto desde el Chaco boliviano hasta Asunción o Ciudad del Este; cuál será la tarifa de transporte. Hacer un estudio de factibilidad”, dijo.

El incremento en la oferta de gas natural que representa el campo Incahuasi -subió de 8 a 11 Millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d)- no alcanza para solucionar la caída en la producción nacional del energético, según coinciden expertos.

La producción de los hidrocarburos refleja un descenso entre 2015 y 2019. Hasta abril de 2019 se registraba un promedio de producción de 42 MMm3/d, un 30% menos que hace cuatro años, según los datos de la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija.

El martes, el presidente Evo Morales, visitó Incahuasi y dijo que con los 3 MMm3/d adicionales, Bolivia era capaz de producir alrededor de 59 MMm3/d. Asimismo, en abril también se anunció el descubrimiento de reservas con el pozo Incahuasi-5, que en los próximos meses sumará otros 3,5 MMm3/d adicionales.

Morales agregó que el siguiente paso es seguir invirtiendo en la industrialización de gas.

Sin embargo, el analista Francesco Zaratti, dijo que se debe evaluar si conviene más exportar gas que industrializar. Por ejemplo, dijo que la planta de urea no justifica con sus utilidades el precio subsidiado del gas que usa como materia prima que es de $us 0,96/Mpc. “En opinión de economistas expertos, Bolivia ganaría más exportando ese gas que usándolo en la planta de Bulo Bulo (el precio está entre $us 4 y 5 )”. Zaratti dijo que la industrialización del gas es buena para el país, pero hay que hacerlo bien.

El experto en hidrocarburos, Hugo del Granado, coincide con Zaratti al indicar que el Gobierno no puede seguir subvencionando los proyectos con gas barato. Sostuvo que los emprendimientos acometidos por el Gobierno no han sido exitosos y el estatismo ha privado a Bolivia de buscar socios, por lo que los riesgos crecieron. Sugirió hacer una evaluación de cada proyecto y determinar las razones de sus bajos rendimientos.

Mientras Raúl Velásquez, especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, destacó a la agencia ANF el incremento en la oferta de gas, pero advirtió que sería ingenuo creer que un solo campo soluciona la caída de producción nacional. Además, señaló que la oferta de Incahuasi permite compensar la caída de los campos Sábalo y San Alberto. 

Jubileo: incremento a 11 MMmcd de gas en Incahuasi no soluciona caída en la producción

El experto en asuntos hidrocarburíferos, Raúl Velásquez, destacó el incremento en tres veces más desde el inicio de operaciones el 2016, sin embargo recomendó no caer en la explotación acelerada del gas natural.

Raúl Velásquez, analista de Jubileo. Foto: ANF

La estatal paga $us 1,31 el millón de BTU por el gas natural usado en la planta del fertilizante, una tarifa que los departamentos productores consideran baja.

 

 

ECONOMIA

jueves, 06 de junio de 2019 · 00:04

 

Lidia Mamani / La Paz

Las regiones productoras de hidrocarburos no reciben los ingresos por la venta interna y la exportación de úrea que hace Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“En el Consejo  se analizó que ni la planta de úrea (en Cochabamba) ni la de Gran Chaco (en Tarija) pagan renta petrolera. En este caso , todos los recursos generados por la venta de estas dos plantas se van directamente para YPFB”, dijo a Página Siete el titular del Consejo Departamentos de Productores de Hidrocarburos (Codephi), Herlan Soliz.

  Los integrantes del Codephi tienen dos razones para que los ingresos sean distribuidos entre todas las regiones del país: la primera, que para producir úrea se usa gas natural obtenido de suelo boliviano, pero YPFB sólo paga  a precio de mercado interno ($us 1,31 el millón de BTU), cuando la mayoría de la producción está destinada para la exportación.

Algo parecido sucede con la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la Planta de Gran Chaco, apuntó Soliz.

 La otra razón de Codephi es que la Constitución Política del Estado señala que todas las utilidades que provengan de la explotación de los recursos naturales en la fase de industrialización deben ser repartidas entre los gobiernos regionales.

“Eso quiere decir que todas esas utilidades no deberían ser sólo para  YPFB y eso lo dice la Carta Magna, pero ellos aprobaron decretos  para invalidar esa disposición, no puede ser que los decretos estén por encima de la ley, eso nos preocupa”, afirmó.

De acuerdo con la estrategia de Codephi, desde la siguiente semana los representantes socializarán su posición en las regiones productoras: Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, con el fin de que la población se entere de que puede ser beneficiada de los ingresos que se generan por la venta de úrea al mercado exterior.

  Soliz apuntó que Codephi involucra a varios sectores como los comités cívicos, asambleístas y representantes de departamentos no productores, entre otros,  que cuestionan que los recursos de industrialización no lleguen a los bolivianos.

También observó que YPFB no sea transparente en la administración de esos recursos, porque se desconoce a dónde se destinan los millonarios ingresos.

El investigador de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez manifestó que hace poco YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos anunciaron  la suscripción de contratos con Brasil para la exportación de úrea.

“Eso merece dos consideraciones: los contratos de exportación no son públicos ni transparentes, se desconocen los términos en que YPFB los está negociando, y que los ingresos que genera la venta de úrea sólo benefician al nivel central porque es YPFB el que los vende. La venta no beneficia a las regiones de forma directa”, mencionó el experto de la fundación.

Agregó que el  gas natural destinado a la planta de úrea paga  un precio de mercado interno (costo subsidiado) y que ante ese panorama hay que darle mejor sentido a la industrialización. “Por eso se requiere una nueva Ley de Hidrocarburos”, enfatizó.
 

Critican los altos precios y la exigua capacidad de la planta

Los altos precios con los que se comercializa la úrea en el mercado  interno, la baja capacidad de producción de la planta y las pocas ventas al mercado exterior fueron temas cuestionados por el Consejo de Departamento de Productores de Energía e Hidrocarburos de Bolivia (Codephi).

“En la última reunión que tuvimos los de Codephi, en Tarija, se trató el tema de venta de úrea, principalmente a Brasil, donde evidenciamos que entre enero y abril de este año apenas llega a 60.698 toneladas métricas, lo que refleja que la planta sólo operó al 24% de su  capacidad instalada”, apuntó el titular del Codephi, Herlan Soliz.

El representante mencionó que en un periodo similar de 2018 la producción, si bien fue superior con 905.43 toneladas métricas, seguía por debajo de su capacidad con un 36% (ver infografía).

 La Planta de Amoniaco y Úrea fue inaugurada en septiembre de 2017 y es capaz de producir 700 mil  toneladas.

 Otro tema que fue observado fue el alto precio que YPFB  cobra a los productores del mercado interno, que en el primer cuatrimestre cobró en  promedio   363 dólares la tonelada; al exterior,  vendió a  217 dólares.

El presupuesto programado para la gestión 2019 cayó en 14 por ciento con relación a 2018, según un informe de la Fundación Jubileo basado en datos del Ministerio de Economía.

“Si bien la disminución de los niveles de inversión es resultado de la reducción de ingresos de los últimos años, esta situación es preocupante si se considera que la inversión es un determinante del desarrollo y crecimiento de una economía, y mientras ésta disminuye los gastos corrientes siguen incrementándose”, señala el informe de la Fundación Jubileo.

El presupuesto programado para 2018 fue de 6.210 millones de dólares, mientras que para esta gestión es de 5.323 millones de dólares (ver infografía). Hay una reducción de 887 millones de dólares, lo que representa una caída del 14 por ciento.

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos para reinvertirlo en beneficio de la población a través de obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo y otros sectores.

La inversión por sectores

Para Jubileo, la inversión en algunos sectores presenta una tendencia a la caída desde 2015 a 2019, aunque en otras áreas hay un incremento, de acuerdo a datos de la Memoria de la Economía 2019 del Ministerio de Economía.

Los sectores que aumentaron su participación son energía; salud, deportes y seguridad social y minería.  

Disminuyeron sus niveles de inversión en transporte; hidrocarburos (aunque en 2019 tiene un aumento); educación y cultura; urbanismo y vivienda y saneamiento básico.

Para este año, los sectores con mayor recursos son transporte y caminos con el 28 por ciento; energía con 15 por ciento (principalmente a proyectos de generación de energía) y salud con 10 por ciento. Estos tres suman 53 por ciento de la inversión total.

EJECUTAN $US 630 MILLONES EN 3 MESES

La ejecución de la inversión pública, al primer trimestre, llegó a 13 por ciento de lo presupuestado para este año. Se ejecutó 630 millones de dólares, informó  la ministra de Planificación de Desarrollo, Mariana Prado, el pasado 14 de mayo.

Para 2019 se prevé ejecutar una inversión pública de 1.618 millones de dólares en infraestructura, 2.084 millones en el sector productivo, 1.312 millones en el social y 249 millones de dólares en el área multisectorial, de acuerdo con fuentes oficiales.

La ministra Prado informó que se realizará “un fuerte desembolso” para el programa de radarización.

ANÁLISIS

José Gabriel Espinoza, Analista económico

Gobiernos subnacionales tienen problemas

Se debe a la caída en el precio de los hidrocarburos, pero hay que hacer notar que la inversión pública del Gobierno se ha mantenido, casi no ha variado. Donde sí hubo una baja es en la inversión pública que realizan los gobiernos subnacionales,que han tenido que ajustar sus proyectos.

En regiones de la  periferia, empresas de construcción o prestación de servicio vinculadas al gasto del sector público nacional o subnacional están con problemas para lograr sostenibilidad.

Inversión  / La Paz

Bolivia se encuentra entre los países que más impuestos cobra. Esta afirmación  está certificada por organismos internacionales, como el Banco Mundial y el BID, o el Ministerio de Economía. Para el BM es 26,6% respecto al PIB, para el BID 34% y para Economía es 20%. Esta última apreciación no incluye los aportes a la seguridad social, porque el Gobierno no considera que esos aportes son una forma de impuesto.

No obstante, la recaudación tributaria se encuentra estancada o en descenso, pero el gasto corriente sigue en aumento. Las recaudaciones se han movido para abajo, de 50.000 millones de bolivianos en 2015 a 49.200 millones en 2018 y se prevé recaudar 49.118 millones hasta fin de año. El gasto corriente, según la Fundación Jubileo, ha crecido hasta ahora un 8%  respecto a un periodo similar en 2018. Entre el año anterior y el previsto para este 2019, el incremento es más de 10.000 millones de bolivianos: de 121.729 millones a 131.756 millones de bolivianos.

Señala que el Gobierno tiene la razón para justificar este aumento del gasto porque se destina a salud y educación. Efectivamente, muestran que el número de maestros contratados ha ido creciendo a razón de 3.000 nuevos contratos por año desde 2006. Lo propio ocurre con los ítems en salud, que han sido creados a razón de 2.000 por año. Además, el Ejecutivo indica que los sueldos de los maestros han crecido de 3.500 bolivianos en ese mismo año a 5.000 en 2019.

Pedir que estos gastos bajen no parece que puede ser defendible por nadie que se encuentra en la pelea política. Se tiene que buscar otros lados flacos en los que el Gobierno debería repensar su política de recaudación como de gasto.

En la recaudación, por ejemplo, dice Jubileo, los impuestos a las empresas unipersonales no pueden ser más injustos; no permiten que éstas tengan pérdidas ni que descuenten gastos de alimentos. En su política de gasto hay mucha tela que cortar, empezando con inversiones improductivas (canchitas, viajes oficiales con comitivas gigantescas), continuando con gastos que aparecen como oficiales cuando son de apoyo a la campaña presidencial.

Aumenta el gasto y la deuda

El sector público registra limitaciones en la generación de ingresos, pero mantiene la tendencia a seguir incrementando los gastos, lo que resulta en un déficit fiscal –7,8% en 2017, 8,3% en 2018 y este año sería 7,8%– que se ha estado profundizando, además de un mayor endeudamiento. Así como crece el gasto público desde 2006, la deuda pública externa también va en ese sentido: en 2007 era 2.248 millones de dólares, el 2017 llegó a 9.428 millones y el año anterior trepó a 10.178 millones. Esta es la situación actual de las finanzas públicas, a la luz de los datos del Presupuesto 2019 y la ejecución observada en las últimas gestiones después de la caída de los precios internacionales de hidrocarburos.

La recaudación se estanca

La evolución de la recaudación de impuestos nacionales prácticamente se habría estancado en un nivel menor que el máximo alcanzado el año 2015, reflejo de la situación real de la economía –en desaceleración– y de no haber resuelto o al menos avanzado en temas fundamentales, como la formalización de la economía y una reforma o adecuación del sistema tributario. En 2015, Impuestos Internos recaudó más que en todos los casi últimos diez años: 50.444 millones de bolivianos y en adelante descendió a 47.591 millones, 47.420, 49.208 y para este año se proyecta 49.118 millones.

Según Jubileo, en lo que se refiere a  recursos por hidrocarburos, éstos cayeron de manera significativa entre 2014 y 2016 en un 60%. Si bien registraron una leve recuperación en 2018 y para 2019 se ha presupuestado un monto similar, el nivel actual es bastante menor al registrado en los últimos años de la bonanza (2014 y 2015).  Siendo que los principales ingresos con los que cuentan las gobernaciones y municipios provienen de las transferencias por coparticipación de impuestos (incluyendo el IDH) y las regalías; la evolución de sus ingresos tiene un comportamiento similar al registrado en las recaudaciones nacionales, situándose en un nivel bastante por debajo en comparación con los últimos años de la bonanza.

Gasto corriente en expansión

Con relación a los gastos públicos, éstos presentan dos tendencias distintas, menciona Jubileo. Por un lado, los gastos corrientes continúan en expansión, registrando un monto récord programado en el Presupuesto 2019, mientras que la inversión registra una caída. Esto significa que se estaría priorizando el gasto de funcionamiento y consumo que realizan las administraciones públicas, y que tienden a ser inflexibles a la baja; mientras se reduce la inversión, la cual debería traducirse en retornos y desarrollo. Los gastos corrientes tuvieron un significativo crecimiento durante el periodo de la bonanza, pero registraron un retroceso en 2016, como efecto del shock de precios internacionales; sin embargo, éstos han estado expandiéndose nuevamente y alcanzarían un nivel récord para 2019.

Por otro lado, en lo que se refiere a la inversión pública total, en 2019, los sectores que se benefician con la mayor cantidad de recursos son transportes (caminos y otros), energía y salud. Y, dentro de la inversión productiva, se priorizan los sectores extractivos y no así una diversificación hacia aquellos que generan ingresos y empleo, como son agropecuario, industria y turismo, situación que ha sido constante  en gestiones pasadas.

Déficit y endeudamiento

El escenario de los últimos años –con un sector público con menores ingresos, pero con un alto nivel de gastos (y aún en expansión como el caso de los gastos corrientes)– resulta claramente en un déficit fiscal (más gastos que ingresos) que tiende a profundizarse.

Después del periodo de superávit fiscal que se registró entre 2006 y 2013; en 2014, el sector público registró nuevamente déficit, que fue cada vez mayor, llegando en 2018 a 8,1% con relación al PIB.

Para 2019, según las proyecciones del Programa Fiscal–Financiero 2019, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, se estimó un déficit de 7,8% del PIB.

Este déficit fiscal, que es resultado del incremento de los gastos (tanto de inversión como gastos corrientes) de varios años,  en un escenario de disminución de ingresos, es financiado principalmente con endeudamiento externo. La deuda externa, que fue aumentando incluso durante el periodo de bonanza, registra un crecimiento demasiado acelerado en las últimas gestiones.

Para 2007, la deuda externa bajó a 2.208 millones de dólares, gracias a una condonación de la deuda multilateral gestionada en años anteriores; posteriormente, tuvo un crecimiento continuo y con montos adicionales de magnitud. Entre 2016 y 2017  la deuda externa se incrementó en  2.160 millones de dólares; y entre 2017 y 2018  en  750 millones de dólares.

Hasta finales de 2018 la deuda externa del país alcanzó a 10.178 millones de dólares, más de cuatro veces con relación a la deuda que se tenía en 2007.

Es insostenible mantener el modelo a costa del gasto público

La Fundación Jubileo considera que el nivel de gasto público alcanzado  y la tendencia de seguir incrementándolo a pesar de no tener los ingresos suficientes, con el argumento de alimentar un modelo y bajo un discurso que no reconoce el nuevo contexto de desaceleración de la economía, podría llevar a una situación de insostenibilidad de las finanzas públicas y de endeudamiento a mediano plazo.

El crecimiento del gasto y del endeudamiento tiene o debería tener límites que, aparentemente, no están siendo considerados por las autoridades de Gobierno. Existe la necesidad de reorientar las tendencias para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que el presupuesto sea un verdadero instrumento que contribuya al desarrollo del país.

Dar solución a esta problemática requiere, en principio, de un sinceramiento sobre la actual situación económica, el modelo y lo que no está funcionando. Al contrario, negar lo que está sucediendo, y aún peor, postergar aún más el ajuste y tapar la realidad con una mayor expansión del gasto a costa de mayor deuda, llevará a profundizar el problema.  A partir de una revisión de las diversas competencias y atribuciones que tienen los diferentes niveles de gobierno se requiere cambiar el enfoque que ha orientado la gestión pública durante la última década. Gobernar no es solamente gastar.

Sobre la deuda externa, señala que si bien aún  es manejable, las tendencias son preocupantes. A mayor deuda,  mayores obligaciones de pago del servicio .

Puntos de vista

Alberto Bonadona

 Economista

Se perdió el dinamismo

En las condiciones actuales que evoluciona la economía de Bolivia, es muy difícil esperar que el gasto público disminuya. El PIB trimestral muestra una tendencia al descenso desde 2014 y esto continuará. El PIB medido cada tres meses otorga una idea más aproximada con  la pérdida de dinamismo de la economía boliviana.

Las recaudaciones impositivas están cayendo no porque el aparato tributario se haya debilitado. Todo lo contrario, la tecnología lo ha invadido y se ha creado una maquinaria monstruosa de cobro de impuestos. Adicionalmente, en un año electoral tanto la inversión como los gastos corrientes están determinados a subir.

No es coincidencia que el aumento salarial sea superior a la inflación del año pasado: incorpora un criterio que va más allá del criterio económico.

La economía boliviana no se encuentra en las mejores condiciones, a pesar de que la tasa de crecimiento llegó al 4,5% en 2018, que obligó al pagó del doble aguinaldo y dejó a muchas empresas en situación preocupante.

Se muestra a este crecimiento como el índice mayor de América Latina, lo cual no es correcto porque Panamá y República Dominicana están muy por encima de esa cifra (a veces esto se disimula comparando sólo con Sudamérica).

Se insiste que crecer a una tasa del 4,5% es una muestra del aumento, no sólo de la producción, sino también de la productividad. El crecimiento de la productividad se mide en relación con  la utilización de algún factor de producción u otra variable, como el uso de energía utilizada u otro insumo empleado en el proceso productivo. Aspecto este en el que cada vez se va de mal en peor, particularmente en el sector agrícola tradicional.

Los fracasos de las empresas estatales se harán más evidentes en los años venideros. Ya existe la demostración con los proyectos de Karachipampa, Quipus...