La “octava adenda” fija las condiciones para la exportación de gas a Brasil en los próximos años, sin embargo, ese acuerdo genera susceptibilidad porque su contenido no es público y se ciñe a una cláusula de confidencialidad.
El 6 de marzo de este año se anunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleo Brasileiro (Petrobras) llegaron a un acuerdo que añadía una adenda al contrato de venta de gas a Brasil por otros cuatro años. En ese momento, la información que se puso a disposición del público fue muy limitada, se sabía que disminuirían los volúmenes de gas que YPFB entrega a Petrobras y que se llegaron a acuerdos respecto a las multas que YPFB adeudaba.
Sin embargo, hace unas semanas se conoció una nueva dimensión de dicha adenda, la cual señala que Bolivia deberá entregar el gas a Petrobras ya no en Río Grande sino en el Mutún. Esto implica que el país deberá hacerse cargo de este costo de transporte, lo que representará aproximadamente 80 millones de dólares al año.
Si bien este hecho tendría una explicación que refiere a la propiedad del ducto, el problema es que hasta la fecha no se conocen a detalle los pormenores de esta adenda, ya que esta tiene una cláusula de confidencialidad, lo que genera susceptibilidad y dudas en la sociedad civil.
“Nuestra primera observación como Fundación Jubileo fue que la adenda no se hizo pública”, Raúl Velásquez
Para profundizar al respecto, se revisaron algunos documentos que permiten comprender la situación de la exportación de gas a Brasil y también se consultó al analista e investigador en tema de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Ing. Raúl Velásquez.
Brasil: un mercado con problemas para el gas boliviano
Desde el año 2015 Bolivia comenzó a tener problemas en la venta de gas a Brasil. Por un lado la demanda de ese país se redujo, “el año 2016 fue el año en que el Brasil nos había demandado el máximo del contrato, de ahí en adelante solo fue una caída en las nominaciones mes tras mes. Justamente porque ya se venía sintiendo el efecto precio pero, por otra parte, también una ralentización de la economía en el Brasil”, señala Velásquez.
Al mismo tiempo esta disminución del interés por parte de Brasil del gas boliviano, como señala un trabajo del investigador de CEDLA, Carlos Arze, también tendría que ver con que “la situación habría cambiado favorablemente para Brasil, principalmente por el descubrimiento y desarrollo de reservas de petróleo y gas natural, […] lo que plantearía la posibilidad de demandar menos hidrocarburos desde el exterior, por lo menos en el largo plazo”.
El otro problema es que pese a que Petrobras disminuyó su demanda de gas boliviano, en muchos momentos YPFB fue incapaz de cubrirla, lo que derivó en amonestaciones. Según el contrato vigente en ese entonces, Bolivia debía entregar a Brasil los volúmenes de gas demandados en un rango de 30 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) como máximo y 24 MMmcd como mínimo.
El no cumplir con ese requerimiento implicaba una penalidad, que fue lo que sucedió en años pasados. Como consecuencia, Bolivia tuvo que pagar más de 140 millones de dólares. Según un informe de YPFB, al que tuvo acceso el diario Página Siete en 2019, se señalaba que “en el marco de los contratos suscritos con GSA-Petrobras y Enarsa (IEASA) se presentaron faltantes de suministro, habiéndose generado las multas correspondientes a los periodos 2015 a junio 2016, 2017 y 2018”.
"Si tú sumas que Brasil, hasta diciembre del año pasado, podía pedirnos 30 MMmcd; la Argentina podía pedirnos 18 MMmcd y el mercado interno demanda en promedio 13 MMcd, tendríamos que haber tenido la capacidad de producir 65 MMmcd, pero lamentablemente nuestra producción, al cierre del año pasado, promediaba solamente 45 MMmcd", puntualiza Velásquez.
El contrato llegaba a su fin
En diciembre de 2019 concluía el contrato con Petrobras, 20 años después del inicio de operaciones. De no haberse negociado una ampliación, correspondía que este 2020 se lleve a cabo el proceso de cierre, el cual incluía la realización del “make up” o conciliación.
Este proceso significa que YPFB debía entregar todos los volúmenes que habían sido pagados por adelantado por Petrobras pero que no habían sido retirados durante la vigencia del contrato. Lo anterior funciona como parte de la cláusula de “take or pay” que tiene el contrato y que establecía que si Brasil no retiraba el mínimo de 24 MMmcd debía de todas maneras pagar por ese volumen mínimo, siendo el año 2020 el momento para la conciliación.
“Cumplir el “make up” significaba que Bolivia iba a mandar gas sin recibir ni un peso de hoy ?porque ya estaba pagado?, se suponía que YPFB debía haber previsto esa situación y debería haber reservado una porción del “take or pay” para este momento”, explica Velásquez.
Y continúa: “porque al final tienes que sacar ese gas de Tarija, por ejemplo, […] sin recibir un pago por eso, pero sí tienes que pagar regalías a Tarija, porque al final si estás sacando un recurso que es de Tarija, lo que habría implicado que YPFB hubiese tenido que pagar de alguna manera esas regalías, probablemente con deuda del Banco Central”.
La octava adenda
Algo que recalca Velásquez es que no se ha hecho un nuevo contrato, solamente se ha ampliado su plazo y se han modificado algunas condiciones. Si bien el plan sectorial quinquenal (2015-2020), que fue presentado por el entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, establecía que antes de 2019 se debía firmar un nuevo contrato con Petrobras, eso no sucedió.
“No se ha podido renegociar un nuevo contrato con Brasil, hay personas que creen que ahora estamos con un nuevo contrato, es importante destacar que no es así, sino que lo que se ha hecho es dejar que el anterior contrato siga su curso”. Por este motivo se instaló una negociación entre Petrobras y YPFB entre los meses de diciembre del año pasado y enero de este año, lo que derivó en la octava adenda al contrato.
Debe quedar claro, sin embargo, que lo que se sabe de la adenda es a través de comunicados de prensa de autoridades y de otras fuentes secundarias. El documento oficial de la octava adenda no ha sido publicado oficialmente porque está ceñida a una cláusula de confidencialidad.
Sin embargo, lo que se conoce es que este acuerdo entre Petrobras y YPFB ampliaría el convenio de exportación de gas a Brasil por 4 años más. También se conoce que el precio de venta continúa anexado al precio internacional del barril de petróleo.
Otro cambio relevante es el que tiene que ver con la disminución de los volúmenes de exportación. Si antes el rango de exportación de GNL estaba entre los 24 MMmcd y los 30 MMmcd, en la actualidad este rango fluctúa entre los 14 MMmcd y los 20 MMmcd, lo que respondería a la menor demanda de gas del mercado brasilero y a las dificultades de producción en Bolivia. Además, se contempla que en este periodo se conciliarán las cuentas con Petrobras. Estos aspectos, sin embargo, no se conocen en detalle.
El problema de los costos de transporte
El día 2 de agosto, en el portal digital “Detrás de la Verdad”, se filtró información que hasta ese momento no se conocía sobre la adenda y los costos de transporte del gas que se exporta a Brasil. La adenda establece que Bolivia ya no entregará el gas a Petrobras en Rio Grande sino que lo hará en la frontera con Brasil, específicamente en el Mutún. Lo que implica que YPFB asumirá este costo de transporte.
Lo anterior quedó confirmado cuando el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, señaló que Bolivia dejará de percibir alrededor de $US 220 millones en los siguientes tres años: “En este año son 58 millones, en 2021 deben ser alrededor de 80 millones y en 2022, unos 85 millones de dólares aproximadamente”, puntualizó Zamora.
Según explica Velásquez ?aunque haciendo hincapié que lo hace solo desde lo que se conoce?, era predecible que Petrobras no hubiese querido pagar el transporte por ese tramo “porque es responsabilidad del productor entregar el producto al comprador en el punto acordado, y como productor deberías cubrir tus costos hasta ese punto”.
Esto fue distinto antes porque “Bolivia no tenía el dinero para construir el Gasoducto, lo financió todo Brasil, incluida la parte boliviana. La forma en que Bolivia pagaba ese gasoducto era con gas natural y Petrobras se comprometía a administrar ese gasoducto, por eso era el socio principal de la empresa GTB, la cual lo administraba. Pero después ?esta empresa? fue nacionalizada el año 2013 y pasó a propiedad de YPFB. En ese contexto era poco previsible que Petrobras iba a querer seguir pagando esa tarifa”.
La inaceptable confidencialidad de la adenda
Sin embargo, Raúl Velásquez aclara que: "nuestra primera observación como Fundación Jubileo fue que la adenda no se hizo pública, cosa que sí debería haber ocurrido. La adenda que se firmó con Argentina el año pasado si fue hecha pública. El entonces gobierno del MAS si la publicó, fue accesible para la mayor parte de la población, pero no ocurrió lo mismo este año con el Brasil”.
“No publicaron la adenda, argumentando para ello que había una cláusula de confidencialidad. Y cuando surgen cláusulas de confidencialidad generalmente surge desconfianza. Uno se pregunta: ¿por qué le han puesto una cláusula de confidencialidad a la compra y venta de un recurso natural que además es patrimonio del pueblo boliviano?”, señala Velásquez.
La información con la que se cuenta sobre la adenda ha sido conocida por declaraciones de autoridades y filtraciones en medios de comunicación. Otra fuente, totalmente informal, ha sido el blog personal del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que participó de la negociación de esta adenda. Medinaceli, utilizando la metáfora de un camioncito que transporta naranjas, trata de explicar este tema crucial, pero lo hace sin revelar mayores datos de fondo sobre la negociación y la adenda.
El problema es que ninguna de estas fuentes puede considerarse aceptable ni suficiente para una comprensión efectiva de lo que implica la octava adenda. Es una situación en la que la sociedad civil se ve impedida por el Estado de conocer el manejo de sus recursos económicos y naturales. Por supuesto que esto genera desconfianza, más aún luego de una seguidilla de casos de corrupción en los que se ha visto envuelto este gobierno.
¿Y luego de la adenda?
Según la Fundación Jubileo, es importante mirar hacia adelante y se debe trabajar en estos cuatro años que dura la adenda para lograr un contrato ventajoso con el Brasil. Se estima que cuatro variables serán revisadas: el plazo, el comprador, el precio y el volumen.
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