Jubileo Prensa

Tu Voto Cuenta realizó conteo rápido y ratificó su legalidad
La alianza Tu Voto Cuenta, que impulsa la encuesta realizada por la UMSA, ratificó la legalidad de sus actividades, por lo cual realizó este domingo un conteo rápido sobre las elecciones nacionales, cuyo resultado difundió en su página web, redes sociales y el canal Universitario.
Horas antes, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, sostuvo que la UMSA no había presentado sus documentos para habilitares en el plazo, puesto que por reglamento tenía hacerlo cinco días hábiles antes de las elecciones, pero lo hizo el 15 de octubre.
Tu Voto Cuenta, mediante un comunicado, aclaró que ese plazo de cinco días hábiles es para estudios de opinión pero no así para conteo rápido. Aseguró que no ha transgredido ninguna norma.
El TSE sólo autorizó a la empresa Víaciencia para el conteo rápido, lo cual fue criticado por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, porque considera que esa empresa responde al Gobierno.

De la propuesta productiva al gasto con endeudamiento
De la propuesta productiva al gasto con endeudamiento
Señala que desde el 2010 se incrementó el gasto corriente tanto como la inversión pública y que se traduce en un aparente mayor crecimiento económico.
René Martínez / La Paz
En 13 años el Gobierno planteó dos modelos económicos: “El cambio de matriz productiva”, presentado en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, y en 2010 aplicó otro: “La Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico”.
Respecto al cambio de matriz productiva, era un planteamiento enfocado a impulsar y diversificar la producción nacional, a partir de la reinversión de los excedentes económicos generados por los sectores estratégicos, como hidrocarburos. El modelo planteaba que el Estado, capte y administre los excedentes económicos provenientes de los sectores estratégicos (hidrocarburos principalmente), los cuales deberían ser reorientados hacia los sectores generadores de ingresos y empleo.
Este modelo, más allá de formularse como una idea, no fue efectivizado mediante políticas, estrategias y programas. En la práctica, el planteamiento fue abandonado y desplazado por otras políticas, como el programa Bolivia Cambia – Evo Cumple, y los mayores recursos que el sector público recibió en los años de bonanza se tradujeron en una expansión del gasto público a todo nivel.
Los mayores recursos que el Estado recibía resultaron en un crecimiento del gasto público y se olvidó la mirada de largo plazo, y la necesidad de trascender el patrón de desarrollo más allá del extractivismo, la transformación de la estructura económica del país o, al menos, sentar las bases de ese cambio. Como se observa en el gráfico, los gastos del sector público tuvieron una tendencia creciente, casi constante; disminuyeron entre 2015 y 2016, pero retomaron la tendencia. Los gastos se han multiplicado varias veces en los últimos años. Se ha incrementado tanto el gasto corriente (que representa la mayor parte), como la inversión pública.
Inicialmente, esta expansión del gasto fue posible gracias a los mayores recursos provenientes de los sectores extractivos, como hidrocarburos, pero incluso se registra un incremento del gasto después de concluida la bonanza. Pese a que en la práctica no se implementó el modelo planteado, el país experimentó interesantes tasas de crecimiento durante los años de la bonanza, fenómeno similar a la región latinoamericana que se benefició del ciclo favorable de ingresos por altos precios de las materias primas. Y desde el año 2010, el Gobierno presentó otra explicación u otro modelo: “La Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico”.
La explicación sucinta de este modelo refiere que el impulso de la demanda interna, por parte del Estado, a través del gasto y de la inversión, se traduce en un mayor crecimiento económico, el mismo que sería sostenido en el tiempo.
Según esta nueva argumentación, en la última década, la economía se habría desempeñado bajo esta línea; sin embargo, presenta diferentes debilidades o limitaciones, tanto en su planteamiento teórico como en los resultados alcanzados expresados en diferentes indicadores económicos, peor aún en el marco del actual contexto económico menos favorable después de la caída de los precios de los hidrocarburos.
Al analizar este segundo modelo, se puede indicar que no es la demanda en sí misma la que permite generar esta dinámica, sino, hay una condición previa que permite activar el proceso, y es la disponibilidad de recursos suficientes para expandir el gasto. Desde un principio, no era consistente afirmar que este proceso sería sostenible, puesto que estaba siendo alimentado con recursos provenientes de fuentes no renovables y que dependen de precios internacionales volátiles, como son los hidrocarburos. En la actualidad, estos recursos han caído y, ante la disminución de ingresos, se está reemplazando el financiamiento de la expansión del gasto público con mayor endeudamiento.
Este modelo, a diferencia del planteamiento inicial de “cambio de matriz productiva”, no es una propuesta productiva. En consecuencia, se habría abandonado la propuesta de promover la producción (la oferta), a cambio de fomentar la demanda o el consumo. Si bien el argumento oficial plantea el impulso de la demanda interna para lograr un crecimiento sostenido, en realidad, ésta sería una medida para un corto plazo, puesto que para el largo plazo se hubiera tenido que constituir y/o potenciar un sector productivo.
Es preocupante el enfoque que se le ha dado a la inversión pública en este proceso. A diferencia del gasto, la inversión pública debería estar enfocada hacia un objetivo mayor que es el crecimiento y desarrollo de largo plazo; ésta debería impulsar las capacidades productivas. Sin embargo, de acuerdo con las explicaciones del modelo, se habría reducido su rol, y la inversión tendría como finalidad impulsar la demanda interna. En ese sentido, será importante analizar la calidad de la inversión pública de los diferentes niveles de gobierno en sentido de evaluar si aportó a un mayor crecimiento y desarrollo, presente y futuro.
En síntesis, el modelo de la “Demanda Interna”, para cumplir con sus objetivos, requiere de ingresos disponibles para alimentarlo y de un sector productivo potenciado, factores que no se cumplen en el país. No obstante, siendo que evidentemente la demanda agregada se dinamizó, es importante analizar si con el diseño de las políticas públicas, y bajo las condiciones actuales, esta mayor demanda se tradujo en oportunidades para la producción nacional.
Al respecto, bajo el nuevo enfoque del Estado, el discurso del Gobierno, las políticas y las condiciones jurídicas no dieron certidumbre y seguridad para los inversionistas. Asimismo, las altas cargas y regulaciones laborales e impositivas que enfrenta el productor nacional han sido y son desfavorables para los emprendimientos formales. Otro factor que afecta a la producción nacional es el tipo de cambio, el cual fue congelado desde 2011, que ha favorecido a la comercialización y venta de los productos importados (y de contrabando). La moneda nacional está sobreapreciada y los productos extranjeros son relativamente más baratos que los nacionales.
Estas condiciones han sido desfavorables para ampliar la producción a través de la inversión privada y para la venta de productos nacionales (transables) en el mercado interno. Este modelo no funciona como mecanismo para conducir la economía hacia un crecimiento sostenido, e insistir con este postulado y pretender continuar con la dinámica de expandir el gasto, ahora a través de un mayor endeudamiento, podría llevar al país a una situación de insostenibilidad. Esta forma de conducir la economía ha significado gastar lo que se tenía y, ahora, gastar hasta lo que no se tiene.
Reconducir la economía
En el escenario actual, hay la imperiosa necesidad de reconducir la economía, pero no desde un debate ideológico sobre izquierda o derecha, carente de una base técnica, puesto que no aporta a la construcción de políticas públicas en favor del país y, por el contrario, genera contradicciones y cierra posibilidades. En adelante, se debe abrir un diálogo para la toma de decisiones de políticas adecuadas y específicas para construir una economía estable, sostenible, productiva y diversificada.
Es fundamental abordar temas como la generación de las condiciones e incentivos para el productor nacional, la problemática de la informalidad, el cómo hacer política pública sectorial en un Estado con autonomías, temas que son fundamentales y que han sido relegados en estos años.
En el marco definido por la Constitución, se requiere un nuevo plan de desarrollo a base del escenario macroeconómico actual y futuro; y políticas de desarrollo productivo efectivas, más allá de sólo la participación estatal. Antes de implementar un modelo, el próximo Gobierno deberá garantizar la estabilidad económica. Problemas urgentes como el déficit fiscal y mayor endeudamiento, y el tipo de cambio y caída de las reservas son facturas pendientes de la actual gestión.
René Martínez es analista de Fundación Jubileo

El Gobierno pide $us 100 millones de la CAF para apoyar su presupuesto
El Gobierno pide $us 100 millones de la CAF para apoyar su presupuesto
El Ministerio de Economía asegura que los recursos se destinarán a inversión pública. Analistas ven que con estos recursos, se quiere cubrir la brecha del déficit fiscal, pagar el segundo aguinaldo y frenar la caída de las reservas internacionales

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6 HORAS
El viernes pasado, la Cámara de Diputados pasó a Senadores, un proyecto de ley para que apruebe un contrato de préstamo por $us 100 millones con CAF-Banco de las Américas.
El proyecto de ley 448/19 del 20 de septiembre, recurre a dicho préstamo para el “programa de apoyo a la mejora de la gestión de las finanzas públicas”, como parte de un apoyo presupuestario, según el documento.
Inversión pública
El Ministerio de Economía, a través de un comunicado oficial, informó ayer que los recursos del proyecto mencionado estarán dirigidos a la inversión pública.
“Mediante el Decreto Supremo 3985 de 17 de julio de 2019, se autorizó la suscripción del contrato de préstamo con la CAF, estipulándose que los recursos deberán ser destinados a proyectos de inversión pública, entre los cuales, destacan el equipamiento de unidades de radioterapia en cuatro ciudades y el financiamiento de cuatro proyectos de infraestructura caminera para fomentar la integración vial”, explicó esa cartera de Estado.
A fines del año pasado, a través del mismo ente regional, la CAF, el Gobierno central ya se prestó $us 100 millones con el mismo objetivo de sumar recursos para “apoyo presupuestario”.
En junio y agosto pasados, el Gobierno central ya había pedido dos créditos para apuntalar su gestión, por un monto de $us 200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos recursos, según las leyes 1187 del 13 de junio 2019 y 1207 del 5 de agosto de 2019, bajo un contrato de préstamo, es para “apoyo presupuestario”. Las leyes no describen el detalle del contrato suscrito previamente con el acreedor.
Déficit fiscal y aguinaldo
El analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, aseguró que estos recursos, van a entrar a la Libreta de Recursos Ordinarios de la Cuenta Única del Tesoro General de la Nación.
“Es decir, va a entrar a la bolsa grande y sería para que los ejecute el Ministerio de Economía. Claramente, esto está apoyando a la brecha del déficit fiscal porque tenemos menos ingresos que compromisos de gasto. Estamos en una situación complicada porque el déficit está acercándose al 10%. El proyecto no dice que los recursos irán a obras que impliquen perspectivas de desarrollo; sino más bien, serán para cubrir o atender este problema de alto déficit. Eso es lo que se ve en el proyecto. Y no se habla de qué se va a distribuir entre las regiones. Las disposiciones finales dicen que se va a destinar a proyectos de inversión, pero en realidad, el Ministerio de Economía no es una instancia que realice proyectos de inversión pública”, aseguró.
También, observó que lo que está afectando a la economía nacional y el Gobierno quiere resolver con estos préstamos, es el tipo de cambio congelado, que afecta a la competitividad y la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que desde 2014, se ha reducido de $us 15.123 millones a $us 7.656 millones hasta el 27 de septiembre; casi un 50% menos.
En la misma lógica, el economista Rolando Morales señaló que el déficit fiscal de este año es muy elevado (un 8% del PIB), lo que significa unos $us 3.200 millones. “Ahora, deben buscar cómo financiarlo. Pero además, creo que van a lanzar el segundo aguinaldo por las elecciones presidenciales y no tienen dinero para pagarlo”, destacó.
El Ministerio de Economía rechazó que los recursos sean destinados a gasto corriente.
Espejismo
El asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, expresó que desde hace varias gestiones atrás, el actual Gobierno aplica un “espejismo presupuestario” que las autoridades económicas no saben cómo cubrir.
“La ejecución presupuestaria del 2019, al 31 de julio, las empresas públicas estratégicas, no pasan de un 34%. Eso quiere decir que no hay plata y hay un espejismo presupuestario. Este crédito de la CAF no identifica un proyecto específico. Son de libre disponibilidad, justamente para cubrir todos estos huecos financieros y este déficit que el Gobierno no ha podido cubrir con fuentes internas propias”, dijo.
El analista Carlos Schlink, cuestionó que el Gobierno central se preste esos recursos siendo que en sus declaraciones públicas, asegura que las finanzas van bien. “Pero por lo visto, no tienen dinero para financiar esta iniciativa o programa de inversión. El beneficio es solo para el nivel central, no beneficia a nadie más”, finalizó.
Limosna, como antes
El diputado por Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, observó este mecanismo de préstamo con organismos internacionales y lo comparó con lo que se hacía en las gestiones anteriores y que había sido duramente criticado por el presidente Evo Morales.
“El proyecto de ley tiene la firma del presidente Morales, que pide que nos prestemos $us 100 millones más. Justifica que es para apoyar la mejora en la gestión de finanzas públicas. Nos estamos prestando plata del exterior, como ellos criticaban. Pidiendo limosnas, para cubrir. Lo preocupante es que no hablan del tema de la Chiquitania. Además, si Evo no es presidente después del 20 de octubre, se va a tener que pagar ese préstamo con los recursos de todos los bolivianos”, declaró.

RIN bajan más de lo previsto por el Gobierno
RIN bajan más de lo previsto por el Gobierno
Las reservas internacionales bajaron un 49%, en relación a lo que había en 2014 en las arcas del Banco Central de Bolivia

HACE 4 HORAS
En nueve meses del año, las Reservas Internacionales Netas (RIN) bajaron en más de $us 1.200 millones. A principios de año, el Gobierno estimaba este monto como límite, por la importación de maquinaria y la balanza de pagos en todo 2019.
Según los últimos datos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los $us 8.946 millones que se guardaba hasta diciembre de 2018, las RIN bajaron a $us 7.656 millones al 27 de septiembre de este año. Es decir, hay un 14,4% desde fines de 2018, lo que significa, un total de $us 1.290 millones menos este año.
Lo que queda en el BCB, significa un 49,3% menos, en relación al año 2014, cuando se acumularon $us 15.123 millones.
El ministro de Economía, Luis Arce, sostuvo el fin de semana pasado, durante una entrevista televisiva, que las RIN se estaban estabilizando.
Por su parte, el analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, notó que en los últimos meses del año, las compras de Navidad y la ejecución de la inversión aumentarán las importaciones, se reducirán las exportaciones y las RIN tenderán a disminuir más. “Es un tema estructural que pasa por el tipo de cambio que está congelado y una moneda sobreapreciada”, dijo.

50 ONGs presentan informes a la ONU por violación a derechos indígenas y medioambientales
50 ONGs presentan informes a la ONU por violación a derechos indígenas y medioambientales
Página Siete Digital / La Paz
Unas 50 organizaciones de la sociedad civil boliviana, agrupadas bajo la sigla de Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma), presentaron sus informes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque detectaron más de 20 casos que demuestran violaciones sistemáticas de derechos en el territorio boliviano.
“Las disposiciones constitucionales relativas a la protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por las normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 (2014) y el Decreto Supremo 2366 (2015) que permite realizar actividades hidrocarburiferas dentro de las áreas protegidas”, señala el informe de Pueblos Indígenas y medio ambiente 2019, de Adhma.
La evidencia sobre afectación medio ambiente y derechos de pueblos indígenas que encontraron, fue que hay actividades extractivas que estarían degenerando el medio ambiente. El mismo informe señala que existen casos de contaminación de agua en el Lago Poopó, también se detectó la vulneración de ocho casos, entre ellos: el derecho a la consulta libre, previa e informada sobre actividades de minería y construcción de infraestructuras.
Otros casos detectados son los relacionados con violencia e impunidad como los registrados en Takovo Mora y el Tipnis. “Bolivia ha contraído obligaciones internacionales en relación al respeto, garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, señala el informe con la observación de que el Estado boliviano había incumplido sus obligaciones internacionales relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas.
Adhma envió los documentos para que el organismo internacional examine las responsabilidades y obligaciones del Estado boliviano sobre investigaciones relacionadas con “derechos humanos, actividades extractivas y grandes infraestructuras”, informó el Centro de Documentación e Información e Bolivia (Cedib).
Las organizaciones que están bajo la sigla Adhma son: La Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia (Apdhb) y La Paz, Fundación Jubileo, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), Warmis en Resistencia, Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos (Vcddhh), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), entre otras.

Bolivia presenta una estructura joven, con una edad media de 23 años
Bolivia presenta una estructura joven, con una edad media de 23 años
En el eje troncal reside la mayor parte de la población boliviana. La tendencia es a que crezca aún más. La Paz es el principal expulsor de población migrante; mientras que Santa Cruz y Cochabamba son los principales receptores de esa migración interna

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 2019, Bolivia presenta una estructura relativamente joven, con una edad media de 23 años. Al 2019, el 30,7% de la población, pertenece al grupo de niños, niñas y adolescentes (menores a 15 años); el 27,3% son jóvenes (15 a 29 años); el 32% adultos y el 10%, son adultos mayores (más de 60 años).
“Más del 58% son jóvenes, niños y adolescentes. Se puede decir que Bolivia, al igual que muchos países de la región, atraviesa una transición demográfica que debe aprovecharse con el fin de que la misma llegue a impactar favorablemente en las condiciones económicas”, aconsejó el director de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales (DEIES) del INE, Humberto Arandia Claure.
¿Y cuál es la tendencia? La estructura de edades de la población se modifica aumentándose la edad media evidenciando así el proceso conocido como “transición demográfica”. Consiste en el paso de una dinámica de bajo crecimiento de la población con altos niveles de mortalidad y fecundidad, a otra, también de bajo crecimiento; pero con tasas de mortalidad y fecundidad muy reducidas, generando el incremento en la edad media de la población En el caso boliviano, este cambio de la transición demográfica se debe a la mejora de las condiciones económicas y sociales.
Según las proyecciones, el cambio en la estructura de edades se caracteriza por una reducción de la participación porcentual del grupo de menores de 15 años que se espera pase de 31%, en 2019, a 20%, en 2050. La proporción de jóvenes, de 15 a 29 años, se prevé bajará de 23,7%, en 2019; a 18,8%, en 2050. La población de 60, o más años, duplicará su participación de 10%, en 2019, a 20%, en 2050.
Con estos datos del INE, el investigador de la Fundación Jubileo, Jaime Pérez sostuvo que el cambio en el largo plazo, va a incidir en el crecimiento, ahorro, inversiones y consumo porque la población tenderá a envejecer.
“Hay que aprovechar a la población actual porque ahora está en condiciones de tributar, realizar transferencias, etc. Esto hace que el aparato productivo mejore y se desarrolle”, dijo.
Receptores y expulsores
Según el INE, en el eje central (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz), reside la mayor parte de la población boliviana y la tendencia es a que crezca más en los siguientes años, producto de los municipios expulsores de población y la migración rural al área urbana.
Según el Censo 2012, para el periodo 2007-2012, los departamentos del eje central concentraban el 61% del total de inmigrantes. Para 2019, el porcentaje se estima que alcance a 72%.
Arandia indicó que los tres departamentos que componen el eje central tienen diferentes perfiles migratorios. La Paz es expulsor de población migrante interna, mientras que Santa Cruz y Cochabamba se mantienen como receptores de habitantes.
De acuerdo con el estudio de migración interna publicado por el INE, considerando la tasa de migración neta, los principales municipios expulsores de población son Riberalta, La Paz, Trinidad, Potosí y Cochabamba.
Urbana y rural
Por otro lado, el Censo de Población y Vivienda 2012, reportó una participación de población en área urbana de 67,5% mientras en el área rural fue de 32,5%.
Según las proyecciones de población, para 2019 se estima que la participación urbana ascienda a 69,7% y se prevé que esta participación continúe creciendo.
“Suponiendo la tendencia observada hasta el momento, para 2050 la población que reside en áreas urbanas podría ascender a casi 76%”, expresó Arandia.

El CPJ condena censura del TSE por encuesta desfavorable a Evo
El CPJ condena censura del TSE por encuesta desfavorable a Evo
El Comité para la Protección de los Periodistas señaló que si el Gobierno de Bolivia dice respetar la libertad de prensa, debe reformar las leyes electorales.
Página Siete / La Paz
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) condenó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de impedir la difusión de una encuesta con datos desfavorables para el presidente y candidato del MAS, Evo Morales. Esta es la segunda advertencia que se hace desde una instancia internacional contra la censura impuesta desde el ente electoral.
“Si las autoridades bolivianas desean dar señales de que las elecciones del 20 de octubre serán imparciales y democráticas, impedir la publicación de una encuesta que muestra que el presidente Morales enfrenta una reñida contienda, transmite exactamente el mensaje opuesto”, señaló por medio de una nota de prensa, Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.
El 11 de septiembre el TSE divulgó un comunicado que declaraba que una encuesta encargada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) había violado las regulaciones sobre su financiamiento según la Ley Electoral, y que por tanto no debía difundirse por los medios.
La norma señala que el medio de comunicación que publique una encuesta que haya sido prohibida por el TSE puede ser sancionada con multas basadas en las tarifas publicitarias, y se le puede prohibir la publicación de futuras encuestas.
La pasada semana, el relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó que la convención elaborada por esta instancia prohíbe la “censura” en la realización y difusión de encuestas. “Cuando algunos requisitos se convierten en limitaciones a la posibilidad de realizar o difundir encuestas, la Relatoría dice que podemos estar frente a una situación de censura que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró Lanza.
En el pronunciamiento emitido por el CPJ se menciona que esa entidad “llamó al TSE para obtener una declaración, pero la llamada no fue atendida”. Por otra parte, señala que “muchos medios de comunicación tienen miedo de enfrentar al TSE, porque controla el gasto estatal en publicidad electoral, una importante fuente de ingresos, declaró al CPJ por vía telefónica Raúl Peñaranda, director del sitio noticioso Brújula Digital”.
La encuesta, denominada Tu voto cuenta elaborada por la Fundación Jubileo en coordinación con varios medios de comunicación y universidades evidenciaba que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a contar con toda la infraestructura estatal para hacer campaña electoral, apenas lograba una ventaja en la preferencia de votos por sobre sus principales rivales de Comunidad Ciudadana (CC).
“Si Bolivia desea estar a la altura de su declarado respeto por la libertad de prensa, debe reformar sus leyes electorales para permitir que las organizaciones noticiosas puedan informar libremente sobre todos los resultados de las encuestas”, señaló Southwick.
Al respecto, la CIDH precisó que, si bien las encuestas deben estar bien elaboradas, con calidad, con la respectiva ficha técnica, de quién hace la encuesta, por un manejo transparente, estos requisitos mínimos que pueden estar regulados por ley, no pueden constituirse en un impedimento para que se practiquen o se difundan sus resultados.
En una carta enviada al TSE por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), declaró que la decisión violaba el derecho ciudadano a ser informado. El sitio web de Tu voto cuenta, dejó de mostrar información y desplegó la palabra “censurado”.

Albarracín pide al TSE levantar veto a la encuesta y dice que el MAS teme el conteo rápido
Albarracín pide al TSE levantar veto a la encuesta y dice que el MAS teme el conteo rápido
Este miércoles, el rector de la UMSA envió una carta con más aclaraciones sobre la encuesta de intención de voto que fue censurada por el TSE

La Paz, 18 de septiembre (ANF).- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, espera que el Tribunal Supremo Electoral levante el “veto inconstitucional” a la encuesta sobre intención de voto, luego que envió este miércoles un nuevo informe escrito.
Funcionarios de la UMSA y del Órgano Electoral se reunieron esta semana, la entidad electoral solicitó una aclaración que este miércoles fue respondida por el rector Albarracín, considera que ya no existen “argumentos, ni excusas”, para mantener el veto sobre el estudio de opinión.
“El Órgano Electoral ha pedido que mandemos una última aclaración por escrito, le va a llegar al TSE ahora en la mañana, se supone que después de eso van a levantar el veto, pero como es un veto inconstitucional, los medios no deberían dar cobertura, pero lo hicieron”, sostuvo la autoridad académica.
/NVG/

Por alza del petróleo, Bolivia gastará más en el subsidio
Por alza del petróleo, Bolivia gastará más en el subsidio
Aunque el precio del gas exportado también se incrementará por usar como referencia el del barril de crudo, la importación de combustibles se encarecerá.
Lidia Mamani / La Paz
El alza del precio internacional del petróleo, como consecuencia de un ataque a dos refinerías de Arabia Saudita, ocasionará que Bolivia gaste más en el subsidio destinado a la importación de combustibles que lo que perciba por la exportación de gas natural, según expertos del sector.
El fin de semana, dos refinerías del mayor productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, fueron blanco de un ataque con drones, lo que ocasionó la destrucción de unos 5,7 millones de barriles de procesamiento diario de crudo, por lo que ahora sólo se extrae la mitad de ese volumen.
A partir del atentado, el precio del barril del Brent se mantuvo por encima del 10% en el caso del WTI, que sirve de indexación para las ventas de gas natural que hace Bolivia, es decir, se incrementó en un 14%, al cerrar en 62,1 dólares el barril de crudo.
Datos históricos de la cotización muestran que en 2014 el precio del barril estaba por encima de los 105 dólares. Luego, en 2015, registró un promedio de 49 dólares, parecido al de 2017. El año pasado subió hasta los 70 dólares; no obstante, en lo que va de este año no superó la barrera de los 63,86 dólares, registrados en abril. Ayer cerró en 62,1 dólares.
Ahora las dudas de cuándo se podrá restablecer el suministro se suman al miedo de que una escalada de la tensión entre Arabia Saudita e Irán lleve la cotización más arriba, publicó la agencia EFE.
Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, indicó que con la reducción de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, y la menor producción de líquidos, se preveía un supéravit energético de unos 850 millones de dólares.
Pero con la subida del precio del petróleo en más del 10%, se calcula que el país tendrá que destinar al menos 732 mil dólares adicionales por día para la importación de gasolina y diésel.
“Se registra un alza del precio del crudo en más del 10% desde que pasó el incidente en Arabia Saudita, es lo que vemos de momento. Este gasto adicional le representa al país 732 mil dólares adicionales por día, casi un millón de dólares, por la importación de combustibles. No sabemos cuánto tiempo será esta subida de precios; si es un mes, en ese caso se tendrán que multiplicar los 732 mil por 30 días, y así sucesivamente”, señaló.
Mientras que los ingresos obtenidos por las ventas de gas que se hacen a Argentina y a Brasil sólo aumentarán levemente, porque los volúmenes enviados se redujeron desde 2018.
En el caso de Argentina, en verano sólo compra 10 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y en invierno hasta 18 MMmcd. Mientras que con el mercado brasileño el nivel se estancó en un promedio de 12 MMmcd.
“Las importaciones de diésel y gasolina seguirán la tendencia internacional del precio del petróleo, por lo que vamos a sacar más dólares para la compra que lo que vamos a percibir por la venta”, sostuvo Ríos.
Para el investigador Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, el efecto de cualquier variación en el precio internacional del petróleo tarda entre cuatro y cinco meses en hacer efecto en el precio de exportación del gas.
“Si bien es posible un incremento en los precios internacionales, lo que ya se ve con un repunte del Brent que alcanzó 69 dólares el barril y el WTI por encima de los 60 dólares, por las razones que ocasionan el repunte se prevé que no serán de mediano plazo. De hecho, Estados Unidos liberó una parte de sus reservas de petróleo”, manifestó.
En su criterio, resulta preocupante que el país cifre sus esperanzas de mejoras económicas en una posible recuperación del precio internacional del crudo.
El experto precisó que en este año, la producción nacional de gas natural cayó en casi un 30% en relación con 2015; la exportación de gas natural a Brasil disminuyó en un 52% y en el caso de Argentina, se redujo en un 8%.

Déficit fiscal, principal problema del Gobierno
Déficit fiscal, principal problema del Gobierno
> En el PGE 2019, se fijó una cifra de 6,98 por ciento; sin embargo, en el programa Fiscal Financiero se elevó a 7,8 por ciento, tomando en cuenta que el 2018 cerró con 8,14 por ciento
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A pesar de que los volúmenes y los precios bajaron de las materias primas en el mercado internacional, el Gobierno mantiene una inversión pública alta, lo que ha provocado un déficit fiscal que alcanza en promedio 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que representa en cifras 3.000 millones de dólares, y por ello es el principal problema que deben solucionar las autoridades nacionales, según economistas que analizaron el informe de la Fundación Milenio, en el Pentágono de Televisión Universitaria.
La alerta del informe de Milenio se suma a la ya anunciada por la Fundación Jubileo en su documento titulado "Con menores ingresos, se reduce la inversión y aumentan el gasto y la deuda", en el que señala que en los últimos años el Sector Público registró menores ingresos, pero con un alto nivel de gastos, y que aún expande los gastos corrientes.
"Esa situación resulta claramente en un déficit fiscal (más gastos que ingresos) que tiende a profundizarse", apunta y explica que si bien en el Presupuesto General del Estado 2019 se contempla una cifra de 6,98 por ciento, el Programa Fiscal Financiero 2019, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, en febrero, corrige la proyección y fija 7,8 por ciento respecto al PIB.
Jubileo sostiene que el déficit observado y programado en los últimos años estaría alrededor de 8 por ciento del PIB, que en un nivel preocupante en términos de loa sostenibilidad de las finanzas públicas.
CAMBIO CONTEXTO INTERNACIONAL
Para el analista económico, José Gabriel Espinoza, el Gobierno gasta más de lo que tiene, y esto representa un problema en el corto plazo, y por ello debe tomar atención a este indicador, ya que los recursos disminuyeron por los bajos precios de las materias primas.
Mientras la directora del Inesad (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), Beatriz Muriel, recordó que la estabilidad económica viene de la década de los 80, y representa un activo parea la economía nacional, pero ésta no es seguro de largo plazo, por ello cada año se la tiene que cuidar.
Muriel señala que los datos de la macroeconomía se han deteriorado, refleja el informe de la Fundación Milenio, entre ellas está la caída de las exportaciones, principalmente bajaron los minerales e hidrocarburos, tanto en volumen como en precio.
Y es por ello que se plantea algunos ajustes a la economía, como el tipo de cambio para reducir el déficit fiscal, que se dio por las menores ventas de gas natural a mercado de Brasil y Argentina.
Por ello sostiene que uno de los desafíos del próximo que venga, será volver a los equilibrios, reducir el gasto ante la falta de recursos.
Entretanto el coautor del informe, José Luis Evia, que trabajo junto a Luis Carlos Jemio, sostiene que el documento plantea serios desafió que se vienen para el país hacia el futuro, y algunos deberán ser enfrentados en el corto plazo.
CIFRAS
De acuerdo con las estimaciones de Evia sobre déficit fiscal, en porcentaje está alrededor de 8 por ciento y en términos monetarios la cifra alcanza a 3.000 millones de dólares. Mientras Espinoza sostiene que si se toma este parámetro, se puede estimar que en los últimos cuatro años, el déficit acumulado suma 12.000 millones, financiado principalmente por deuda externa y Reservas Internacionales.
Lamentó que algunas autoridades provoquen el déficit fiscal. Dijo que si bien las importaciones en 2018 alcanzaron alrededor de 9.000 millones de dólares, 1.400 millones fueron compras directas del Gobierno, en bienes de capital, como teleférico, maquinaría para la planta de urea, Papelbol, entre otras.
Sin embargo, la inversión realizada en empresas estatales no tienen los resultados adecuados, y estos bienes de capital no pagan su precio, a diferencia de las compras privadas.

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