“El descubrimiento de un nuevo campo de gas como el pozo Boicobo Sur X1 con estos resultados, confirman la vocación hidrocarburífera del Subandino Sur. Es uno de los más importantes hallazgos en los últimos años y confiamos en el potencial de esta área exploratoria”, manifestó en aquella ocasión Wilson Zelaya, titular de YPFB.

El descubrimiento fue celebrado por el presidente Luis Arce, quien dijo: “Esto es muy importante para nosotros los bolivianos, sabemos que no todas las fases de exploración son exitosas. Hay veces que una empresa puede tener éxito, como en este caso. Felicitamos a todo el equipo de YPFB”.

A decir del exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, es muy prematuro hablar del aporte que tendrán Boicobo X1 a la producción nacional de gas natural en los próximos cinco o siete años.

Finalmente, Ríos afirmó que Boicobo no es un megacampo que va arrojar 20 o 18 MMm³/d, como Margarita, que produce 18 MMm³/d. Por su parte, el analista energético Francesco Zaratti, señaló que un pozo con una producción de 1 MMm³/d no cambia para nada el panorama de la industria gasífera del país.

“Boicobo es una esperanza, no está muy claro cuánto es la potencialidad. Se habla de 1 TCF, pero no se ha especificado si son reservas probadas, con un solo pozo es imposible decirlo, habrá que esperar mayor información”, manifestó Zaratti. 

Para Bernardo Prado, consultor energético, el mayor error de Bolivia ha sido no haber podido consolidar mercados alternos para el gas natural boliviano durante todos estos años, simplemente dedicarse a trabajar con Brasil y Argentina.

Falta transparencia

Mientras que los vecinos regionales Argentina, Colombia, Ecuador y Perú son miembros de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, Bolivia no lo es.

A días de que se termine el 2020, el rumbo de la política económica para el próximo año ya fue trazado por el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora. El otrora superministro del expresidente Evo Morales, y padre del ‘milagro boliviano’ encarará uno de los momentos más difíciles de la economía, afectada por las secuelas que dejó la crisis del gran confinamiento, con una inversión pública de $us 4.100 millones, según consta en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, aprobado por la Cámara de Diputados.

Si bien el monto es mucho mayor al contemplado por el Gobierno de transición, que fijó $us 3.441 millones de inversión pública, es mucho menor si se compara con las cifras de anteriores años, llegando a ser la más baja desde 2013, cuando el PGE de ese año programó $us 3.441 millones.

Desde ese año, los recursos que inyectó el Estado subieron considerablemente. Por ejemplo, en 2014 el PGE registró una inversión pública de $us 4.507 millones. La tendencia llegó a su pico más alto en 2018, cuando desde el Poder Ejecutivo se programó $us 6.210 millones de inversión pública.

Para 2019, último año de gestión del expresidente Morales, esta cifra bajó a $us 5.323 millones. Por último, este 2020 se anotaron $us 4.392 millones de inversión estatal para obras.

Presupuesto

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en declaraciones a la agencia ABI, señaló que el objetivo principal del Gobierno es retomar el ritmo de crecimiento y “garantizar la estabilidad económica del país tras la mala gestión de la expresidenta, Jeanine Áñez y la pandemia del coronavirus”.

La autoridad informó que para 2021 se programó un presupuesto consolidado de Bs 228.357 millones. Del total de los recursos, los órganos del Estado generan el 53,3% y las empresas públicas, el 31,6%; el restante es captado por las instituciones de seguridad social, entidades descentralizadas,  financieras y la administración departamental (entidades territoriales autónomas y universidades públicas).

Por otro lado, el Gobierno detalló que la proyección oficial de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será de un 4,8% y un déficit fiscal del 9,4%.

“Vamos a terminar con un año desastroso y una mala gestión económica del anterior gobierno en 12,3% del déficit con respecto al PIB”, aseguró Montenegro.

La Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas, de la Cámara de Diputados en su informe ante la Asamblea Legislativa, indicó que con el presupuesto se retoma el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que “dinamiza el mercado interno y la inversión pública para garantizar un crecimiento sostenido, fortalecer las fuentes de financiamiento de las políticas sociales como el Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Azurduy y otros”.

Además, contempla el “no pago del servicio de la Deuda Externa Pública (capital e intereses) de todos los vencimientos de las gestiones 2020 y 2021”.

Con la implementación de este modelo, según esta comisión, Bolivia tuvo estabilidad y crecimiento económico a pesar de contextos externos adversos, “consiguiendo el reconocimiento de organismos internacionales”.

Esto permitió que el país lidere el crecimiento económico de América del Sur por varios años.

Estos aspectos fueron acompañados con grandes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, que marcaron una mejora en las condiciones de vida de población, asegura el informe al que accedió EL DEBER.

A diferencia del PGE, presentado por la expresidenta, Áñez, desde el Gobierno indicaron que el nuevo presupuesto refleja un incremento del 5,5%, porque la anterior administración fijó Bs 216.501 millones.

Destino de inversión

Desde el Gobierno se informó que, “con el objetivo de reconstruir el país y siendo la inversión pública una variable vital para dinamizar la demanda interna, generar desarrollo y la redistribución de ingresos a través de la generación de empleo digno, “el importe reprogramado de $us 4.011 millones, es mayor en $us 569,5 millones con respecto al previsto por la anterior administración. 

Del total de estos fondos, $us 1.451 millones (un 36,2%) se destinarán para obras de infraestructura, en especial caminos, que “son muy necesarios para el traslado de la producción nacional hacia los centros de consumo, insumos, materiales y maquinaria para garantizar el buen funcionamiento de la economía en todos los ámbitos”.

Otro 34,9% de la inversión pública ($us 1.399 millones) se destinará para el sector productivo, dentro de los cuales se encuentran los subsectores como el agropecuario, energía, hidrocarburos, industria, minería y turismo.

De acuerdo al PGE aprobado por la Asamblea Legislativa un 60% de los recursos asignados para la inversión pública son financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN) y un 40% por el crédito externo.

Viendo estos números se puede evidenciar un crecimiento considerable en el uso de recursos externos para financiar los proyectos de inversión pública. Por ejemplo, en 2018 cuando más dinero se canalizó para la inversión ($us 6.210 millones) un 70% de estos fondos eran generados por el país y apenas el 30% correspondía al financiamiento externo.

Análisis

El economista Germán Molina, observó que el monto destinado es bajo con relación a años anteriores, cuando el país recibía ingresos altos a raíz de los buenos precios de las materias primas como el petróleo y minerales.

“La gran diferencia es que ahora tendrán que hacer un uso eficiente de los recursos que hay”, señaló el especialista.

Esta vez, a diferencia de años anteriores, según Molina, el Gobierno central está usando más el financiamiento externo para poder sostener su modelo económico.

Por ejemplo, en la Ley del PGE que fue aprobada por el congreso, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta $us 3.000 millones.

Incluso da vía libre para que esta cartera de Estado realice la contratación directa en el ámbito nacional o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a este tipo de operación.

“Lo que pasa es que no hay los recursos. Por ejemplo, el déficit fiscal que está programado, sino logran los $us 3.000 millones por los bonos soberanos, se va a duplicar y puede generar una corriente inflacionaria a partir del 2022, y poner en riesgo el tipo de cambio nominal”, señaló.

El experto dijo que el presupuesto demuestra una reducción de las recaudaciones y aseguró que el nivel de gastos se sigue manteniendo, a pesar de una caída considerable de los ingresos, en especial por los generados por las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil.

Sin embargo, el informe de la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas señala que, a diferencia del presupuesto elaborado por el anterior Gobierno, el actual establece una reducción de los gastos corrientes.

Por ejemplo, la anterior administración programó Bs 133.342 millones, mientras que la gestión de Arce, presupuestó Bs129.807 millones. Es decir, Bs 3.535 millones menos.

No obstante, del total de los recursos para gastos corrientes presupuestados por el actual Gobierno, Bs 43.204 millones son para el pago de sueldos del aparato estatal.

Según un informe elaborado por la Fundación Jubileo en el presupuesto 2020, se registraron Bs 42.713 millones para el pago de salarios de todos los funcionarios públicos. En ese sentido, si se comparan ambas cifras, lo asignado para el 2021 supera con Bs 491 millones lo registrado en la presente gestión.

El especialista en finanzas, Jaime Dunn, sostuvo que, a diferencia de otros años la inversión programada, en promedio, es mucho más baja a lo asignado en los años de bonanza económica, que coincidió con la presidencia de Evo Morales.

“Muchos esperábamos un cambio en el modelo económico, pero en realidad es la continuación del modelo de Morales, que se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales y de los fondos generados por las empresas estratégicas”, dijo.

Siguiendo su análisis sostuvo que la economía es muy dependiente de las materias primas.

Observó que el PGE prevé un incremento de la deuda pública (en especial la externa). No obstante, con la actual crisis generada por la pandemia, dijo que ningún país “puede ponerse exquisito en el tema fiscal” y que es necesario tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos posibles.

“Lo recomendable es que la calidad del gasto sea buena y vaya a lo que más se necesita en especial en el sector salud: en la adquisición de equipos y vacunas, ojalá que los recursos no terminen en hospitales sin equipar”, dijo.

Otro de los puntos que observó es que el presupuesto está orientado a fortalecer a las empresas estratégicas, que solo exportan commodities, y “que no hay un plan para fomentar las exportaciones alternativas”.

“El plan económico no es diferente a nada de lo que hizo en el pasado. Ojalá, el Gobierno en los próximos 90 días presente un plan más profundo”, dijo.

Más allá de las observaciones, el PGE 2021 marca el camino que seguirá el Gobierno de Arce, que ahora deberá demostrar por qué fue catalogado como un superministro.