En semanas pasadas, la adquisición que realizó del gobierno de la vacuna Sputnik V contra la covid-19 fue motivo de controversia. La oposición acusó al ejecutivo por la falta de transparencia en la compra de dichas vacunas, cuestionando la “cláusula de confidencialidad” que imposibilita que la sociedad civil pueda conocer los pormenores del contrato por medio del cual Bolivia accederá a 5,2 millones de dosis.

Según fuentes oficiales, esta cláusula se debe a condiciones de las propias farmacéuticas. Sin embargo ?más allá de este caso?, la susceptibilidad está fundada en la cuestionable transparencia de la institucionalidad pública, problema estructural que el sistema político boliviano arrastra desde hace ya mucho tiempo.

Por un lado, es importante reconocer que el Estado boliviano viene incorporando “cláusulas de confidencialidad” en varios contratos de distinta índole que fueron firmados en los últimos años, aunque quizá los que tienen que ver con el sector hidrocarburífero han sido los más conocidos. Por otro lado, también están los datos y cifras que el Estado debe publicar desde sus distintas dependencias. Alguna información simplemente dejó de existir, otra sale a la luz con poca regularidad y mucha información tiene problemas de calidad.

Al respecto se ha consultado al director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, quien señala que: “el acceso, la calidad, la oportunidad de acceder a la información pública ha ido en retroceso paulatinamente, ha habido momentos, hace dos años, que incluso se ha comenzado a dudar de las estadísticas del INE sobre estimación del producto y sobre las condiciones laborales y de empleo”.

Y continúa: “en el trayecto, además, ha habido varias series de encuestas socioeconómicas que se han cortado, hay algunas variables que han desaparecido, entonces, la calidad de la información también se ha deteriorado”.

El acceso a información pública de calidad es un derecho que no solo está considerado por la Constitución Política del Estado Plurinacional, sino también por múltiples tratados internacionales de los cuales Bolivia es parte. En un momento de crisis económica como la que atraviesa el país, conocer a detalle lo que hace el Estado con los recursos de la población es fundamental para que la sociedad civil pueda opinar y participar.

Poca información sobre el sector estratégico más importante

Distintos analistas e investigadores vienen señalando, desde hace ya varios años, la preocupante y sistemática disminución de información a la que la sociedad civil puede acceder respecto a los sectores estratégicos de la economía boliviana. El sector que  quizá, por su relevancia, ha acaparado gran parte de esta discusión es el hidrocarburífero.

Sobre la información que más se extraña, “por la importancia del sector, lógicamente [tiene que ver con] el Ministerio de Hidrocarburos y la matriz de Yacimientos [YPFB]. Primero lo que es inversiones, producción, comercialización, consumo, eran series que estaban relativamente construidas y había acceso, [pero] ya desde la época del gasolinazo -son casi más de diez años- ha comenzado a deteriorarse la información del sector hidrocarburos, y la calidad y la oportunidad han bajado radicalmente”, afirma Gómez.

Junto a los problemas relativos a los datos estadísticos del sector hidrocarburífero, también se debe señalar la opacidad en el acceso a información sobre los contratos de esta empresa. Como ejemplo, en marzo del pasado año, YPFB y la brasileña Petrobras firmaron la octava adenda al contrato de venta de gas al vecino país, misma que no se conoció debido a una cláusula de confidencialidad.

En una pasada entrevista para El País de Tarija, el analista e investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, señaló: "nuestra primera observación como Fundación Jubileo fue que la adenda no se hizo pública, cosa que sí debería haber ocurrido”.

Esta cláusula de confidencialidad se añade a las otras 11 cláusulas del mismo tiepo ?incorporadas entre 2017 y 2019? sobre las que el expresidente de YPFB, Óscar Barriga, se vio obligado a informar ante la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, en abril de 2019. Lo que significa que es una práctica recurrente en el sector estratégico que más recursos le genera al Estado boliviano.

¿Y las reservas internacionales?

Desde hace muchos años que este diario viene insistiendo en la necesidad de conocer dónde están las reservas internacionales (RIN) del país. El informe sobre “Administración de las Reservas Internacionales” de la Gestión 2011, fue el último documento en el que el Banco Central de Bolivia (BCB) incluyó información sobre las entidades financieras extranjeras en las que estaban colocadas dichas reservas. Desde ese momento hasta la fecha esta información no ha vuelto a ser revelada.

La población boliviana no conoce dónde están sus reservas internacionales. Hace varios años que el BCB trata esta información de manera confidencial. Este hermetismo tiene que ver, justamente, con que ya en el pasado se cuestionó públicamente el manejo de las RIN, las cuales, en vez de potenciar la economía nacional, acabaron en bancos que tenían serias acusaciones de corrupción y financiamiento de actividades ilícitas.

Sobre este tema, en octubre pasado, El País de Tarija remitió una consulta al BCB por medios oficiales, consulta que nunca fue atendida ni tampoco se presentaron las explicaciones del caso.

Un problema estructural de las instituciones públicas

La falta de transparencia y la publicación oportuna de información permea a gran parte de las instituciones del Estado. Estos son algunos ejemplos más que fueron señalados por el director de CEDLA:

“Otros datos que se extrañan [son] los del Ministerio de Educación. Antes, hace años, había una provisión de información sobre todo, sobre matriculación, todos los indicadores educativos estaban relativamente a tiempo y se podía acceder anualmente. Es también algo que ha escaseado en los últimos años”.

·         “[En el caso] del INE, después del debate sobre la calidad del Censo Nacional y sobre la calidad del banco muestral ?ha habido problemas en el acceso a la base de datos del banco muestral?, nunca se ha podido acceder a la segregación por circunscripción, se ha mantenido toda la información a nivel municipal, así que no  se ha podido trabajar con mayor desarrollo en lo que ha sido el censo del 2012”.

·         “Minería es otro sector sobre el que también es difícil conseguir determinada información”.

·         “De la agricultura normalmente se accede a información del sector privado más rápido que a través del sector público. El sector privado, a través de las cámaras, genera información y se puede trabajar sobre esa información”.

Vale la pena señalar que, en los últimos meses, distintas instituciones públicas no han actualizado información estadística de manera oportuna. Esto, por ejemplo, sucede con la información sobre la deuda externa del país, cuya última actualización en la página del BCB fue para el mes de mayo de 2020. En estos meses en que el Estado boliviano ha contraído un conjunto de créditos para enfrentar la pandemia, esta información debería ser de acceso público lo antes posible.

Algo similar sucede con la información en la página Ministerio y Finanzas Públicas, por ejemplo, las “cifras fiscales del sector público no financiero” se actualizaron tan solo hasta el mes de marzo del año pasado.

Además de lo anterior, también se tiene que poner sobre la mesa de discusión los “mecanismos extrapresupuestarios” a través de los cuales se gestionan recursos con menor transparencia. Estos mecanismos, puntualiza Javier Gómez, “han sido criticados por varios organismos internacionales, no solo en Bolivia. Hay dos mecanismos que se han exacerbado en la inversión pública, que son: 1) las invitaciones directas ?el mecanismo "llave en mano"?, que es la contratación total de una obra; y 2) el mecanismo del fideicomiso, […] que no se rige por el Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios, entonces, casi todo el procedimiento se vuelve privado”.

La calidad de la información sí importa

La información presentada por las instituciones públicas debe contar, además, con un respaldo metodológico que otorgue credibilidad a las cifras y datos recabados. Por otro lado, también es importante que la presentación de la información favorezca para su utilización en los análisis que puedan ser realizados.

“Cuando digo calidad en el acceso, es también que la página web no te dé solamente PDFs, sino que puedas manipular la información, esa es la calidad con la que uno debería acceder a información pública”, señala Gómez. Por ejemplo, la información estadística brindada por el Servicio Nacional de Impuestos en su página web está presentada solo en archivos PDF ?y sin desagregar?, lo que dificulta trabajar con ella.

El acceso a la información pública: no es un favor, es un derecho

Según el parágrafo II del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado, uno de los valores sobre los que se sustenta el Estado boliviano es el de la “transparencia”. Por otro lado, el Artículo 106 de la misma carta magna establece que “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.

Sin embargo, según la Encuesta de Presupuesto Abierto de 2019, misma que es realizada por el “International Budget Partnership” a 117 países de todo el mundo para “evaluar el acceso público a la información presupuestaria del gobierno central”, Bolivia ocupa el puesto 104 en el ranking de transparencia. A nivel regional, el país ocupa el último lugar, con una calificación de 12 sobre 100 y le sigue Ecuador con una calificación de 38 sobre 100.

Esta encuesta evalúa también la “participación pública”, ya que “la transparencia por sí sola no es suficiente para mejorar la gobernanza. La participación pública inclusiva es fundamental para lograr los resultados positivos asociados con una mayor transparencia presupuestaria”. En este encuesta Bolivia también tiene una calificación baja (15/100), aunque en este caso se encuentra por encima de Argentina, Chile y Paraguay.

Con todo, Bolivia es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley específica de acceso a la información pública, pese a las garantías que otorga la CPE. Paradójicamente, la última normativa aprobada al respecto es el Decreto Supremo N° 28168 del año 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa. Sin embargo, no se ha promovido ninguna otra legislación específica bajo el amparo de la nueva CPE.

A octubre de este año la deuda interna del Tesoro General del Estado (TGN) llegó a 9.322 millones de dólares; el principal acreedor es el Banco Central de Bolivia (BCB) con 54,6% del total, le siguen los bonos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), subastados en el mercado financiero, con un 41,2%.

El restante 4,2% corresponde a los bonos de las AFP. Los datos fueron extraídos del informe “La Deuda Pública en Constante Incremento” de la Fundación Jubileo, que a su vez tomó en cuenta información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El documento cuenta con un reporte de la evolución de la deuda externa e interna hasta 2020.

“Con relación a la composición de la deuda interna por acreedor, hasta el año 2018, en promedio, 65% correspondía a deuda con el sector privado. Esta situación cambió a partir de 2019, y actualmente el principal acreedor de la deuda interna es el Banco Central, con 54,6%, a octubre de 2020”, señala Jubileo en su informe.

Con relación a los acreedores privados, se detalla en el documento que, si bien los bonos a favor de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) redujeron su peso, “de acuerdo con los reportes del Banco Central, la mayor parte de los bonos subastados en el mercado financiero nacional también corresponderían a las AFP”.

Deuda interna   Las obligaciones internas son préstamos que el Estado contrae con instituciones privadas y públicas, como las AFP y el BCB

“En síntesis, actualmente, los principales acreedores de la deuda interna son el Banco Central y las AFP”, indica el documento.

Las obligaciones internas son préstamos que el Estado contrae con instituciones privadas y públicas, como las AFP y el BCB o con otras instituciones.

Según el informe, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019), se autorizaron diferentes créditos del BCB, principalmente para empresas públicas. Estos créditos, contraídos desde la gestión 2009, “fueron realizados a pesar de que la ley del Banco Central de Bolivia 1670 de 1995, establece que el BCB no podrá otorgar crédito al sector público, salvo al Tesoro Nacional”.

De acuerdo con el informe de Política Monetaria del Banco Central, de julio 2020, el detalle de los créditos del BCB incluye a las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Empresa Azucarera SAN Buenaventura (EASBA), entre otras firmas estatales.

Adicionalmente, en 2020 se aprobaron diferentes normas que establecen interés y prioridad nacional y emergencia por el tema del coronavirus, entre éstas el decreto 4301 de julio de 2020, que declara Calamidad Pública.

Este decreto, “hace referencia a la Ley del BCB que establece que excepcionalmente podrá otorgar crédito al sector público en favor del Tesoro Nacional para atender necesidades derivadas de calamidades públicas y, que según la Constitución Política del Estado (CPE), el presidente podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades derivadas de calamidades públicas”.