Alerta. Sanciones a Rusia pueden afectar al sector energético de Bolivia
País
El campo gasífero de Incahuasi, en Santa Cruz, uno de los más importantes...
Las sanciones económicas contra Rusia a raíz de su invasión a Ucrania pueden afectar las inversiones que tiene este país en Bolivia en materia de hidrocarburos y energía nuclear, aunque el impacto no será directo, según analistas consultados. Sin embargo, el efecto que tendrá mayor fuerza será el de importación de combustibles y trigo.
Rusia tiene una fuerte influencia política en Bolivia, pero su inversión no es tan alta como la de China, por ejemplo. Rusia invirtió principalmente en dos áreas: hidrocarburos y energía nuclear.
A raíz de la invasión rusa a Ucrania, los países del occidente le impusieron una serie de sanciones entre las que figuran restricciones para acceder al sistema financiero occidental, limitación de acceso de sus bancos a crédito internacional, presiones a las empresas rusas en los mercados bursátiles internacionales, y la paralización de activos del banco central ruso y otros bancos públicos y privados.
La economía rusa “crece al amparo del neoliberalismo”, sostuvo el analista económico Armando Jiménez, en un artículo publicado en The Conversation. El país asiático mantiene relaciones con otros alrededor del globo, por ello las sanciones que le impusieron conllevan obstáculos para que sus empresas hagan transacciones en otros continentes, incluido Latinoamérica.
“En la nueva realidad bélica, las sanciones económico-financieras son mucho más rápidas y efectivas que las armas convencionales a la hora de causar daño al enemigo”, anotó Jiménez.
El analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que desde 2014 la rusa Gazprom obtuvo un contrato para operar en el campo Incahuasi, junto a otras empresas como la francesa Total E&P y la argentina Tecpetrol.
En 2016, Bolivia firmó un acuerdo con Gazprom para invertir hasta 370 millones de dólares en desarrollo hidrocarburífero en áreas como Vitiacua, La Ceiba y el Madidi.
En 2018 se oficializó la inversión de más de 300 millones de dólares para construir el Centro de Investigación Nuclear en El Alto, a cargo de la empresa rusa Rosatom.
En octubre del año pasado el canciller boliviano Rogelio Mayta se reunió en Moscú con su par, Seguéi Laurov, y conversaron sobre proyectos en litio y energía nuclear.
A fines del año pasado se supo que la empresa Uranium One Group, vinculada a Rosatom, pugna con otras compañías para hacerse con un contrato para extraer litio boliviano de forma directa.
Los antecedentes de la inversión rusa en Bolivia han sido numerosos durante el Gobierno del MAS, pero no hay suficiente información sobre los montos desembolsados, por lo que se desconoce en qué medida las sanciones occidentales afectarán los negocios que el gigante mantiene en el país, indicó Velásquez.
De todos modos, “los flujos futuros de inversión hacia adelante probablemente puedan verse perjudicados por las sanciones. Imagino que las instancias pertinentes como YPFB, YLB y la Agencia de Energía tomarán los recaudos”, dijo el investigador.
No obstante, Velásquez explicó que “no habrá un impacto directo” y que las repercusiones más fuertes se darán en la importación de combustible y otros productos.
Similar apreciación tiene el analista en hidrocarburos, Álvaro Ríos, quien aseguró que Bolivia no tendrá un impacto directo por las sanciones a Rusia, pero sí sufrirá las consecuencias del incremento de precios.
“Se están frenando ciertas cadenas de abastecimiento. El trigo, la harina, productos de Rusia no van a llegar tan fácil al mercado. Entonces las implicaciones en Bolivia no llegarán directamente, sino indirectamente”, explicó.
El analista acotó que no se observó un interés particular de Rusia en el litio, y que lo más probable es que las operaciones en Incahuasi y El Alto continúen.
EFECTOS DE LA GUERRA EN LATINOAMÉRICA
El medio alemán Deutsche Welle (DW) reportó que las sanciones económicas a Rusia pueden tener impactos en otros países latinoamericanos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, países que -al igual que Bolivia- son aliados políticos del Kremlin.
Los sectores más afectados, de acuerdo a los analistas consultados, pueden ser el enegético, agrícola y militar. En el caso de Venezuela, existe un estrecho vínculo en hidrocarburos.
VELÁSQUEZ: “YPFB DEBE TRANSPARENTAR LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL PAÍS”
REDACCIÓN CENTRAL
El investigador en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que el Estado, a través de YPFB y/o el Ministerio de Energía, debe implementar mecanismos para transparentar la información sobre inversiones extranjeras en el país.
“Los hidrocarburos son de propiedad del pueblo boliviano y YPFB es la encargada de gestionar este recurso natural en representación nuestra. Y en esa medida, por ser representante de los bolivianos de este recurso natural, la transparencia y el acceso a la información deberían ser más sencillas”, resaltó el analista.
Propuso que se haga uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para poner a disposición del ciudadano “contenido de contratos, información de las inversiones, contenido de programas de trabajo propuesto por parte de empresas hidrocarburíferas que operan dentro el país y de esta forma el ciudadano esté mejor informado”.
Recientemente dos diputados de oposición, Miguel Roca y Alberto Astorga indicaron que harán peticiones de información para conocer las inversiones rusas que se hicieron en Bolivia ya que no existe información pública al respecto.
Las autoridades legislativas señalaron que las relaciones comerciales con este país también pueden explicar la posición boliviana sobre la invasión a Ucrania.
Crecen las dudas sobre avance del Censo y piden al INE pronunciarse
Instituciones, legisladores y autoridades aguardan reuniones e informes sobre los datos precensales que trabaja el INE. En el Legislativo...
Crecen las dudas sobre avance del Censo y piden al INE pronunciarse
Instituciones, legisladores y autoridades aguardan reuniones e informes sobre los datos precensales que trabaja el INE. En el Legislativo trabajan en decretos
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, asambleístas departamentales y nacionales solicitaron información al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los avances del Censo 2022. Sin embargo, aún no obtuvieron respuesta y ven con preocupación la falta de divulgación del trabajo pre censal, como la actualización de la cartografía que revelará la cantidad de viviendas y familias que existen en el país.
El relevamiento nacional de datos más importante está programado para el 16 de noviembre de este año y los expertos temen que existen demoras en su realización.
La Fundación Jubileo, como parte de la Ruta del Censo 2022, exigió al INE hacer públicos los avances como la batería de preguntas que irá en la boleta, la prueba piloto, las características de los encuestadores y si se hizo efectivo o no el financiamiento del Banco Mundial.
“Por lo menos que (el INE) nos diga cómo está la situación hasta ahora. Desde 2012 hemos navegado sin brújula porque ese censo ha tenido muchas falencias. No debería ser un secreto de Estado y la población tiene todo el derecho de pedir la información procesada. Debería ser información pública, de libre acceso y deben desarrollar estos mecanismos de transparencia sobre la información”, aseguró el director de la fundación, Juan Carlos Núñez.
EL DEBER se comunicó con el INE y del Ministerio de Planificación para recabar información; sin embargo, los comunicadores de ambas instituciones pidieron aguardar el pronunciamiento de las autoridades. Aún no existe fecha para emitir información.
Al respecto, la senadora Andrea Barrientos, de CC, dijo que el INE no ha respondido a sus solicitudes de informes y cuestiona que si no existe una planificación adecuada no se podrá contar la información esencial para definir el pacto fiscal, coparticipación tributaria y la redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), adelantó que se trabajan en la elaboración de decretossupremos para coadyuvar en la realización de la encuesta nacional.
Por su lado, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló que el país necesita un censo este año para definir los beneficios para cada región.
En tanto, su par paceño Iván Arias expresó su voluntad de prestar los instrumentos de medición con los que cuenta, como drones, y la información del más del 80% de la ciudad cartografiada.
Fundación Jubileo considera que existe un retraso en la cartografía para el Censo 2022
El director de la fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, expresó su...
Fundación Jubileo considera que existe un retraso en la cartografía para el Censo 2022
El director de la fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, expresó su preocupación por el “hermetismo” que existe en INE sobre la elaboración y planificación del Censo 2022
Juan Carlos Núñez, director de Fundación Jubileo
El director de la fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, expresó su preocupación por el “hermetismo” que existe en el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la elaboración y planificación del Censo 2022 y que, a su criterio, existe un retraso en la elaboración de las cartas cartográficas para concretar la estadística nacional.
“Nosotros vemos con preocupación que algo que ya comprometió el Gobierno inclusive con día y fecha y que hoy en día no tengamos información, nos preocupa el hermetismo que existe dentro del INE, nosotros hemos solicitado información pero no hemos tenido respuesta; Además, lo que preocupa el tema de la cartografía no se realice en el tiempo determinado, para muchos se estima un año de duración", señaló.
Nuñez considera que para la elaboración de las cartas cartográficas, debe existir el plazo de un año en su elaboración; este trabajo implica realizar un trabajo de campo y una georreferenciación satelital.
“Los funcionarios del INE tienen que ir a identificar en cada casa cuantas familias viven mediante un trabajo de campo, esto ayudará a planificar la distribución de las boletas”, explicó el especialista económico.
Respecto a los plazos establecidos, el economista considera que existe un retraso en la planificación, “tenemos que consultar al INE cuanto se avanzó, si realmente tenemos una cartografía, cuando tiene prevista la capacitación de los empadronadores y la elaboración de la boleta”.
Además, a la fundación Jubileo le preocupa el financiamiento que deberá existir para concretar el Censo 2022.
Fundación Jubileo considera que que existe un retraso en la cartografía para el Censo 2022
07/03/2022
El director de la fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez,...
Fundación Jubileo considera que que existe un retraso en la cartografía para el Censo 2022
El director de la fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, expresó su preocupación por el “hermetismo” que existe en INE sobre la elaboración y planificación del Censo 2022
El director de la fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, expresó su preocupación por el “hermetismo” que existe en el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la elaboración y planificación del Censo 2022 y que, a su criterio, existe un retraso en la elaboración de las cartas cartográficas para concretar la estadística nacional.
“Nosotros vemos con preocupación que algo que ya comprometió el Gobierno inclusive con día y fecha y que hoy en día no tengamos información, nos preocupa el hermetismo que existe dentro del INE, nosotros hemos solicitado información pero no hemos tenido respuesta; Además, lo que preocupa el tema de la cartografía no se realice en el tiempo determinado, para muchos se estima un año de duración», señaló.
Nuñez considera que para la elaboración de las cartas cartográficas, debe existir el plazo de un año en su elaboración; este trabajo implica realizar un trabajo de campo y una georreferenciación satelital.
Modificación del tipo de cambio del dólar en manos de la gente
En los últimos años las Reservas Internacionales cayeron a menos de 5.000 millones de dólares, cuando...
La moneda internacional tiene un tipo de cambio fijo desde hace 10 años.
Ante la situación económica que vive el país con una falta de liquidez, la modificación del tipo de cambio del boliviano con relación al dólar sería una opción; pero esto no es oportuno y no depende tanto del Gobierno sino de la gente, ya que la baja de las reservas internacionales deja sin espacio a las autoridades nacionales, para tomar esta determinación, según opinión de economistas. Bolivia ya va por el onceavo año de un tipo de cambio congelado. El 2011 empezó a través de una norma, y se fijó para la compra de un dólar a 6,96 bolivianos. Al principio la política apuntaba a estabilizar la economía nacional y no depender de la volatibilidad de la moneda extranjera, pero a lo largo de los años la situación cambió y volvió a la producción nacional menos competitiva en el mercado internacional. Entre el 2004 y 2006 el tipo de cambio estaba en ocho bolivianos por un dólar, y entre el 2007 hasta el 2010 bajó a 7 bolivianos por moneda extranjera, pero a partir del 2011 se congela en 6,96 bolivianos. Para el analista económico Gabriel Espinoza modificar el tipo de cambio no traería soluciones, más bien podría generar problemas, y sostiene que a estas alturas los cambios ya no depende del gobierno sino de la gente. Mientras los empresarios, en su momento, plantearon modificar el tipo de cambio para que la producción nacional pueda competir en el mercado internacional, y bajar el contrabando de artículos de países vecinos. Espinoza explica que por el momento la gente confía el tipo de cambio fijo a 6,96 bolivianos por un dólar, y por lo tanto no corre a la casa de cambio y no estaría acumulando esta moneda extranjera, y no estaría generando susto en la población. “Pero eso puede cambiar rápidamente”, advierte al indicar que el Gobierno no tiene herramientas para sostener el tipo de cambio. Cuando las Reservas Internacionales estaban por encima de los 15.000 millones de dólares, el Gobierno tenía la capacidad de fijar el valor de la moneda extranjera, y frenar la modificación que pudiera surgir de parte de las personas, en el mercado, pero ahora ya no la tiene. Advierte que las divisas en las Reservas Internacionales apenas llegan a 1.300 millones de dólares, y el total, contando con el oro y otras monedas extranjeras, llegan a menos de 5.000 millones. Entre tanto, el analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, calificó como grave error el congelamiento del tipo de cambio, y a la fecha quedó desfasada la medida impuesta desde hace más de 10 años. La fluctuación de la moneda extranjera protege a las economías, y el tipo de cambio fijo, implementado en Bolivia, abre las puertas para el ingreso de productos de países vecinos. La modificación del tipo de cambio debería ser gradual, opina y pregunta ¿quién lo va hacer? Mientras tanto, sugiere que se deberá mantener, ya que algún cambio podría generar inflación, y afectará a la economía nacional. El economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, coincide con ambos economistas, por separado, al indicar que alguna variación en el tipo de cambio afectará significativamente a la economía. «El Gobierno no tiene muchos mecanismos de políticas, (para aplicar medidas y cumplir sus) objetivos», reflexionó y agregó que el modelo keinesiano que implementó, de una mayor participación del Estado en la economía, no puede reaccionar a los shocks internacionales.
LA PAZ, Bolivia—En los últimos 15 años, la economía boliviana triplicó su tamaño y la pobreza se redujo a la mitad, logros construidos en gran parte gracias al gasto estatal impulsado por los ingresos de las exportaciones de gas natural. Pero desde 2013 esas exportaciones han disminuido, dejando un agujero en las finanzas públicas de Bolivia que desafía la sostenibilidad de su modelo económico.
El 1 de mayo de 2006, el entonces presidente Evo Morales llevó tropas a los campos de gas de Bolivia y declaró: “El saqueo ha terminado”. Recientemente había liderado el Movimiento al Socialismo, o MAS, al poder, haciendo campaña en una plataforma para arrebatar el control de los recursos del país a intereses extranjeros y distribuir la riqueza que generaban entre la gente. Aunque enmarcado como la nacionalización de los recursos del país, el enfoque de Morales equivalía a renegociar los contratos existentes con empresas extranjeras. Luego usó la ganancia inesperada de impuestos del superciclo de productos básicos en curso para financiar programas sociales y acumular reservas financieras. ...
Según Fundación Jubileo
PGE 2022 con falencias y una limitación de recursos
> El cálculo del precio del petróleo en el mercado internacional se fijó en...
PGE 2022 con falencias y una limitación de recursos
> El cálculo del precio del petróleo en el mercado internacional se fijó en 50,47 dólares el barril, pero la semana pasada pasó los 100 dólares, lo que implica mayores recursos, pero también mayor gasto en compra de combustibles.
El cálculo del precio del petróleo en el mercado internacional se fijó en 50,47 dólares el barril, pero la semana pasada pasó los 100 dólares, lo que implica mayores recursos, pero también mayor gasto en compra de combustibles, de acuerdo a un análisis del economista de la Fundación Jubileo René Martínez. En el análisis expuesto por Martínez, titulado “El presupuesto público: una pesada carga después de desperdiciada una gran oportunidad, señala que la renta por hidrocarburos (Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías cayeron desde el 2015, año en que empezó a bajar el precio del petróleo. Incluso registraría una leve tendencia a la baja para 2022, y la consecuencia afectaría al Nivel Central y los gobiernos subnacionales, también afrontan este problema de ingresos a las universidades. Pese a la limitación de recursos, Jubileo señala que los gastos corrientes nuevamente aumentarían en la presente gestión, y una muestra de ello es la apertura de sucursales y supermercados de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que ya desvirtuó su objetivo.
Inversión pública Con relación a la inversión pública programada para 2022, el PGE considera un gran incremento de 25 % con relación al presupuesto 2021, bastante cuestionable, considerando la tendencia a disminuir de los últimos años y la caída de recursos. La apuesta desde el Gobierno ahora sería la inversión en el sector de minería, señala el analista de Jubileo. El expositor señala que, como resultado de la situación con más gastos y limitados ingresos, el presupuesto 2022 prevé nuevamente un profundo déficit fiscal, de 8 %, y un consecuente mayor endeudamiento que incluye la emisión de bonos soberanos. Como se recordará, los analistas económicos calificaron a la emisión de bonos como un fracaso, mientras que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo todo lo contrario, que se logró 850 millones de los 2.000 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional y a una tasa de interés de 7,5 %. “Lamentablemente, se ha transitado de un periodo de bonanza –en que se tenía la gran oportunidad de impulsar el desarrollo con los cuantiosos recursos de la renta del gas- hacia una situación en que el presupuesto refleja la pesada carga de un aparato público grande que resulta en un constante endeudamiento, que compromete la sostenibilidad y estabilidad”, sostiene. Los ingresos por impuestos (recaudados por el Nivel Central) registraron un estancamiento y disminución a partir del año 2016, en el marco del contexto de desaceleración de la economía de los últimos años y la crisis del coronavirus.
Impuestos El PGE tiene programado que, para 2022, los ingresos tributarios se incrementarían significativamente (en más de 15 %) en comparación con el presupuesto 2021. De todas maneras, el nivel de recaudaciones programado para 2021, a pesar de ser optimista, aún está notablemente por debajo de estos ingresos anuales alcanzados entre 2015 y 2019, lo que refleja el complicado problema de recaudaciones que tiene el Sector Público. Por ejemplo, los ingresos por hidrocarburos provenientes del IDH y las regalías cayeron a partir del año 2015 hasta un nivel muy por debajo de lo alcanzado en los últimos años de la bonanza (2013–2014), principalmente por la caída de los precios internacionales de hidrocarburos, aunque también debido a menores niveles de producción y exportación. Las previsiones para 2022 presentan el monto más bajo de los últimos años de 8.789 millones de bolivianos. Si bien el presupuesto fue elaborado con un precio estimado del barril de petróleo de 50,47 dólares, bastante menor de lo registrado a principio de gestión, de todas maneras, no se espera una mejora notable de los ingresos debido a las limitaciones en los volúmenes de producción.
Presupuesto de gobiernos subnacionales Los recursos de gobernaciones registraron una notable disminución entre 2014 y 2016, principalmente como efecto de la caída de los precios e ingresos por hidrocarburos, ya que una gran parte de los recursos de estas instancias dependen de la renta extractiva. Desde 2020, el presupuesto de gobernaciones registra nuevamente una disminución. El presupuesto 2022 del conjunto de los gobiernos departamentales (incluyendo el Gobierno Regional de Gran Chaco) es, aunque levemente, menor al presupuesto 2021, lo que advierte la complicada situación por la que aún atraviesan las gobernaciones en términos de recursos. Con relación a los presupuestos de los gobiernos municipales, estos dependen en mayor grado de las recaudaciones de impuestos y coparticipación, y registrarían un leve incremento para 2022, en comparación con 2021. El presupuesto de municipios, de igual manera, ha disminuido en años anteriores, pero tendría un incremento de aproximadamente 4 % en esta gestión, de acuerdo con las previsiones del presupuesto, que contempla un incremento en las recaudaciones tributarias.
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Altos gastos corrientes Los gastos corrientes (sueldos y otros), que crecieron de manera notable casi constantemente durante más de 15 años, nuevamente registrarían un incremento en 2022, en comparación con el presupuesto del año pasado. La constante expansión y consecuente alto nivel que han alcanzado los gastos corrientes, los cuales tienden a ser inflexibles a la baja (es decir que difícilmente se pueden reducir), son ahora un factor que afecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Inversión pública En el marco de la disminución de ingresos, la inversión pública se redujo notablemente desde el año 2017 y, en 2020, se registró un nivel particularmente bajo, en un escenario de coronavirus y con la paralización de actividades por algunos meses. El presupuesto 2022 tiene previsto un incremento significativo de la inversión hasta el nivel de 5.015 millones dólares. Al respecto, el monto planteado podría estar sobrestimado considerando la limitación de recursos por la que atraviesa el sector público en sus diferentes instancias; además que la ejecución de la inversión observada ha estado, generalmente, por debajo del monto programado.
Exportación de oro subió en 765% en 9 años en medio de irregularidades y privilegios
En billetes, la exportación movió casi 11 mil millones de dólares en esos...
Exportación de oro subió en 765% en 9 años en medio de irregularidades y privilegios
En billetes, la exportación movió casi 11 mil millones de dólares en esos nueve años. La participación de las cooperativas mineras en la producción alcanzó un promedio del 98,3 por ciento entre 2013 y 2020, según el Cedla. Investigadores de dos instituciones aseguran que las cooperativas mineras auríferas no pagan impuestos y cometen irregularidades como la asociación con empresas privadas que aportan capital y maquinaria pesada, o la contratación de peones. El portavoz de las organizadoras defensoras de territorios indígenas y áreas protegidas Álex Villca Limaco hace un llamado a las poblaciones urbanas a sumarse a la lucha de los pueblos originarios.
Por Carlos Tellería y foto de Álex Villca para Guardiana (Bolivia)
Lunes 21 de febrero de 2022.- Hace casi 30 años, el negocio de la minería del oro no brillaba tanto como hoy en Bolivia. El año 1993, seis toneladas de este mineral fueron exportadas por un valor de 71,6 millones de dólares. Esta es una cantidad ínfima comparada con las cifras que en la actualidad dan cuenta de exportaciones de hasta 47 toneladas en 2021, por un valor de 2.530,9 millones de dólares, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ese incremento, notable ya desde los años 2013 y 2014, se explica con la aparición en escena de las cooperativas auríferas, según el analista e investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova Eguívar. Precisamente en 2014 fue promulgada la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535).
Las cooperativas mineras no pagan impuestos como lo hace el resto de las empresas porque son consideradas entidades sin fines de lucro y la liberación del pago del impuesto al valor agregado (13 por ciento) es calificado un incentivo a la producción, pero también cometen irregularidades como la asociación con empresas privadas o la contratación de personal ajeno; además, la mayoría no tiene licencia ambiental para desarrollar sus actividades.
Según el INE, entre 2013 y 2021 fueron exportadas 259 toneladas de oro por un valor aproximado de 10.915 millones de dólares. Según Alfredo Zaconeta Torrico, investigador especialista en temática minera del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la participación de las cooperativas mineras en la producción, entre 2013 y 2020, llegó a un promedio de 98,3 por ciento, muy por encima de la participación de la minería estatal y de la empresa privada.
En 2013 se exportaron ocho toneladas de oro por un valor de 330,8 millones de dólares. En 2014, trepó la exportación a 36 toneladas por un valor de 1.360,9 millones de dólares. En 2021, según datos oficiales preliminares, se rompió el récord con 47 toneladas exportadas por un valor de 2.530,9 millones de dólares; es decir, en estos nueve años hay un incremento del 765 por ciento. Si el cálculo se realiza sobre la base de las toneladas exportadas en ese periodo, el aumento es de 587 por ciento (ver infografía).
FUENTE DE EMPLEO
Las cooperativas mineras en general, como generadoras de empleo, registraron crecimiento sostenido entre 2005 y 2019, pero en 2020 hubo un descenso. En 2005 había 50.150 cooperativistas en listas; 85.000 en 2010; 121.236 en 2015. El pico mas alto se presentó en 2019, con 125.274 individuos. Luego vino una baja en 2020, cuando se tenía el registro de 20.236, según datos presentados por el investigador del Cedla.
El boletín informativo del Viceministerio de Cooperativas del primer semestre de 2021 establece una división en tres etapas de crecimiento de este sector. En el primero, de 1960 a 1985 (crecimiento natural); el segundo, de 1985 al 2000 (ciclo impulsado por la relocalización y el desempleo); y el tercero de 2020 a 2021 (crecimiento apoyado por el Estado). Esta última es la más fructífera y, según esta publicación, para el año 2021 ya había 2.388 cooperativas constituidas.
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
De acuerdo con cálculos de Córdova, el 92 por ciento del oro fue extraído por los cooperativistas entre 2006 y 2019, el resto corresponde al la participación de la minería estatal y de las empresas privadas. El INE indica que en ese periodo fueron exportadas 218 toneladas de oro por un valor de 7.935 millones de dólares. El resto corresponde al sector privado y a la minería estatal.
Según Zaconeta, es difícil establecer con precisión a cuánto ascienden las ganancias de las cooperativas auríferas porque también se debe tomar en cuenta que hay otros actores en el negocio del oro como las comercializadoras y los intermediarios, y sugiere no olvidar también la fluctuación de precios.
VETA DE IRREGULARIDADES
No todas las cooperativas tienen licencia ambiental. Héctor Córdova sostiene que hay una serie de irregularidades: una de ellas es que unas 160 cooperativas cuentan con licencia ambiental para desarrollar su trabajo de las más de 1.220 que había en el departamento de La Paz en 2018.
Otra de esas irregularidades es que en el terreno no todos los cooperativistas no trabajan por su cuenta; es decir, hay personas –que pueden ser familiares– que lo hacen en lugar del socio. Pero también logran acuerdos con las comunidades que están cerca de las áreas de explotación como forma de pago o retribución porque las dejan operar: a veces se asigna un día u horas específicas para que los comunarios busquen oro. Así –dice Córdova– es difícil calcular cuánta gente trabaja en determinada zona. Hay cooperativistas que también contratan peones para que trabajen por el socio, aunque eso está prohibido.
Según el investigador, una tercera anormalidad es la vulneración al artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia, que prohíbe a los cooperativistas asociarse con empresas privadas que aportan capital y tecnología, y equipo pesado para la extracción masiva de mineral.
La cuarta irregularidad detectada por Córdova es que las cooperativas mineras no respetan la escala para el pago de regalías a municipios y departamentos. La misma Ley 535, en su artículo 227 –según el analista– indica que la regalía es de 7 por ciento si se trata de mineral extraído de yacimientos primarios; 5 por ciento si el oro es de yacimientos complejos sulfurosos, y 2,5 por ciento cuando se trata de yacimientos marginales de pequeña escala.
Lo que ocurre, según analista de Jubileo, es que los cooperativistas registran el oro que han extraído como si fuera proveniente de yacimientos marginales en su totalidad. Dice que esta situación puede ser calificada como estafa porque entre todas las cooperativas reunirían solo seis toneladas en un año si trabajaran en yacimientos marginales.
Sobre el mismo tema, Alfredo Zaconeta recordó que el antiguo Código de Minería (Ley 1777 promulgada en marzo de 2017) fijaba solo dos porcentajes para el pago de regalías: 7% para el oro extraído en estado natural, amalgama, lingote o barra fundida si la cotización de la onza troy (31,10 gramos) era igual o mayor a los 700 dólares, y el 5% debía ser cancelado por la explotación del mineral proveniente de yacimientos marginales.
NO PAGAN IMPUESTOS
Zaconeta, quien participó en un foro de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, dijo que la normativa tributaria deja exentas o libera a las cooperativas del pago del impuesto al valor agregado (IVA, 13 por ciento), como incentivo a la producción; del impuesto a las transacciones (IT, 3 por ciento), del impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE, 25 por ciento) más una alícuota de 12,5 por ciento en periodos de precios altos de la cotización de minerales. Solo quedaría vigente el pago del canon de arrendamiento por las concesiones mineras de la estatal Comibol, que representa el 1 por ciento sobre el valor de producción. Es que las cooperativas, por su función social, no son consideradas empresas, aclara el investigador.
Con relación al no pago del IUE, Córdova dice que los cooperativistas, además, argumentan que no saben a cuánto ascienden sus ingresos y egresos, razón por la que no se tiene registro de sus utilidades.
Sugiere establecer una serie de mecanismos de control para evitar que los recursos naturales no renovables sean aprovechados solo por un grupo de empresarios, cooperativistas, comercializadores e intermediarios. Recomienda nacionalizar el excedente y revisar el caso del pago de impuestos.
Córdova dijo que después de la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en momentos de tensión por un bloqueo de carreteras protagonizado por mineros cooperativistas, en agosto de 2016, el Gobierno de entonces ejerció controles y estableció que las cooperativas debían presentar el balance anual de sus actividades hasta diciembre de cada año, pero esto no se dio.
ORO, ¿PARA QUÉ SIRVE?
El oro es un metal apreciado por los Estados como una forma de ahorro convierten este metal en reservas para respaldar su economía.
Otro uso que se le da al oro está en el negocio de la joyería. Córdova dice que, por efecto de la inestabilidad económica causada por la pandemia, la gente se decidió por comprar joyas, incluso lingotes, también como forma de ahorro.
La industria electrónica también utiliza el mineral, por ejemplo, para la fabricación de procesadores y microchips debido a la gran capacidad del oro como conductor de electricidad. Un cable de oro del grosor de un cabello conduce tanta electricidad como un cable de cobre del grueso de una pulgada.
MINEROS AL ACECHO
El portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Álex Villca Limaco, alertó que en los últimos años se advierte un vertiginoso crecimiento de las actividades mineras, especialmente en el norte del departamento de La Paz.
En agosto de 2018, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y la Federación de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa de la provincia Franz Tamayo de La Paz, junto con la Central de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo solicitaron en un ampliado al Gobierno de entonces la anulación del Decreto Supremo 24123, de 1995, de declaratoria del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi para que se puedan ingresar a esas tierras con fines de explotación de oro y producción de coca.
Una de las zonas más acosadas es precisamente el parque Madidi, en cuyas entrañas se encuentra el pueblo indígena San José Uchupiamonas, al cual pertenece Villca.
Mapa del departamento de La Paz que muestra las áreas de actividad minera (imagen: Cedib).
Villca recuerda que las denuncias sobre la explotación ilegal de oro con maquinaria pesada datan de finales de 2016, pero tres años más tarde, empezaron a multiplicarse las alertas cuando empezaron a ser vistas grandes dragas chinas y planchones colombianos sobre todo en las aguas del Río Kaka y sus afluentes. Las actividades mineras crecían en los municipios de Guanay, Mapiri y Teoponte.
Trabajos actuales de minería en el municipio de Guanay (foto: Guiomara Calle).
Activistas reclamaban la presencia del Estado en las regiones donde operaban los mineros auríferos. Villca dice que esa maquinaria era supuestamente manejada por cooperativistas bolivianos, pero luego saltó a la luz que ellos eran solo una fachada.
Las cooperativas mineras trabajan en concesiones entregadas por el Estado. Las denuncias, antes y ahora, apuntan a que trabajan en áreas que no les corresponde hacerlo y utilizan métodos de explotación que contaminan el medio ambiente, como el uso de mercurio que envenena las aguas de los ríos. Álex Villca afirma que también hay deforestación, presencia de la agroindustria y obras que causan daño al medio ambiente, y anuncios de construcción de represas.
CONVENIO DE MINAMATA
Un boletín del Viceministerio de Comercio Interno da cuenta de que Bolivia importó 160 toneladas de mercurio en 2020 y está ubicado en el primer lugar de los principales países importadores. Está por delante de India (113 toneladas), Emiratos Árabes Unidos (104), Italia (36) y Sudáfrica (19).
Pero otros estudios, como el presentado en mayo de 2021 por la institución Better Gold Initiative (BGI), fruto de un convencio entre el Gobierno boliviano y la Cooperación Suiza, indican que fueron importadas legalmente 200 toneladas y que 68 de ellas van al negocio de la pequeña minería aurífera.
Grupos de activistas ambientalistas recuerdan que el Estado boliviano ratificó, en 2015, el Convenio de Minamata que exige a los países en los que haya extracción y tratamiento de oro artesanal y en pequeña escala adoptar “medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas”.
En otras ocasiones también se observa deforestación áreas que pretenden ser ocupadas por la minería del oro. Una de las más recientes denuncias se conoció el domingo 6 de febrero, cuando los medios de información difundieron la noticia de que mineros y comunarios la localidad de Azariama habían llegado al sector Resina, a orillas del río Tuichi en el municipio de Apolo, que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El trámite que había iniciado la Cooperativa Azariama Colorado fue suspenso, según la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) .
El propio Villca compartió en sus redes sociales fotografías de lo sucedido. "Es deplorable la inacción de @LuchoXBolivia y las entidades gubernamentales #AJAM, SERNAP y ABT, que permiten que un área protegida de relevancia mundial, como el #Madidi, este siendo destruida por la #Minería aurífera ilegal, que viene invadiendo la cuenca alta del Río Tuichi", escribió en su cuenta de Twitter.
Imágenes de deforestación cerca del río Tuichi (Facebook de Álex Villca).
La directora de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, le dijo al diario Página Siete que no se permitirá ninguna actividad minera en un área protegida, y aclaró que solo son autorizadas actividades preconstituidas antes de la creación del parque, en 1995, pero a condición de que tengan licencia ambiental y los permisos extendidos por la AJAM y que realicen explotación artesanal, sin maquinaria pesada.
Días más tarde, el martes 15 de febrero, la AJAM aseguró que había dado ninguna autorización para trabajos de minería en el Madidi y que ya había iniciado acciones penales y presentó denuncia ante la Fiscalía contra las personas que ingresaron a esos territorios con equipo pesado.
Ese mismo día, Villca Limaco volvió a difundir fotografías de movimiento de tierras, equipo pesado y algunos trabajos realizados en la cuenca alta del río Tuichi, zona de Suyo Suyo y Pintata, municipio de Apolo.
Al día siguiente, dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) dio un plazo de 72 horas a la AJAM para que atienda sus demandas para la explotación en el Madidi.
LLAMADO A LAS CIUDADES
Álex Villca dijo a Guardiana, en contacto telefónico, que lo que sucede en el río Tuichi es otro más de los atropellos a la riqueza y patrimonio de Bolivia.
El portavoz de Contiocap reconoce que las organizaciones indígenas están divididas y que en esas condiciones no es fácil hacer frente a los atropellos.
Demandó mayor participación de las fuerzas políticas de oposición y desafió a las y los legisladores a conocer la realidad de las zonas apetecidas por la minería en el lugar de los hechos y no trabajar solo desde sus escritorios. De las autoridades oficialistas no espera nada, ni siquiera de la bancada de pueblos indígenas porque, según Villca, esos curules están ocupados por gente vinculada al partido de gobierno.
Hizo un pedido a las sociedades urbanas a sumarse a la lucha de los pueblos originarios y no dejar que la responsabilidad caiga solamente sobre las espaldas de unos cuantos.
DESTACADA HIDROCARBUROS
Por baja producción de gas, Bolivia pierde la oportunidad de vender un 50% más a Brasil
21 de febrero de 2022
Los aparentes triunfos pasajeros de corto...
Por baja producción de gas, Bolivia pierde la oportunidad de vender un 50% más a Brasil
21 de febrero de 2022
Los aparentes triunfos pasajeros de corto plazo, tienden a jugar en contra mucho tiempo después.
(#RadarEnergetico).- 2021 fue un año terriblemente seco en Brasil, la mayor sequía 21en 100 años, en un país que genera un 65% de su energía en base a agua, esa es una mala noticia.
Ante esta realidad de represas con embalses casi vacíos, Brasil tuvo que acudir a centrales termoeléctricas que generan energía con gas natural, proveniente de su propia producción, del gas que llega en barcos (GNL) y, de Bolivia.
Sólo las centrales térmicas consumieron 50 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, la mitad de su demanda total de gas en 2021.20 millones provinieron de Bolivia, cuando Brasil necesitaba todo el gas que se pudiera venderle.
Sin embargo, ante la reducida capacidad de la producción boliviana de gas, que descendió de 61 MMmc/d en 2015 a 45 MMmc/d en 2021, exportar 10 millones más, que es la capacidad de transporte del gasoducto GasBol, no ha sido posible, convirtiendo esta oportunidad de negocios en una oportunidad perdida, forzando a Brasil a importar gas desde el mercado internacional a precios hasta 5 veces más que el gas boliviano.
Durante más de una década, en base al contrato GSA, Bolivia exportó a Brasil 30 MMmc/d hasta que el contrato finalizó en 2019 y la producción boliviana comenzó a declinar.
«Existe un dicho, ya antiguo, en el sector hidrocarburos, que ‘Bolivia permitió la entrada del GNL a la región’, que hace referencia a que la inestabilidad política, primero, y de suministro después, obligaron a las principales economías del Cono Sur a buscar fuentes alternativas de abastecimiento de gas natural, el GNL entre ellas”, recuerda Mauricio Medinaceli, exministro de hidrocarburos y analista en temas de energía, consultado por Radar Energético.
“Fuimos testigos de este hecho a principios del actual siglo. Después, con el paso del tiempo, estas economías también buscaron fuentes de abastecimiento internos, por este motivo, con sendos planes de desarrollo, Brasil en el Presal y Argentina en Vaca Muerta, lograron levantar la producción doméstica de gas natural”, complementa Medinaceli.
Esta situación deja a Bolivia en “una posición negociadora muy débil”, dado que, si bien aún el gas natural boliviano será demandado por ambos países, Brasil y Argentina, “quizás las condiciones de precios y volúmenes sean menos favorables para el país”, examina el analista.
Por su parte, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, analista y Socio Director de la consultora Gas Energy Latin America (GELA), asegura que Brasil es un mercado que pudo haber crecido más allá de los 30 millones de metros cúbicos establecidos del contrato ‘GSA’ original (1999-2019). Sin embargo, fue en sentido contrario en los últimos años. “El descenso de la producción y las reservas bolivianas hizo que el vecino país busque alternativas y que, por lo tanto, Bolivia gravite cada vez menos en su ecuación energética”, señala.
“Definitivamente el no poder llenar el ducto por no tener producción disponible nos está causando de manera continua la imposibilidad de tener más recursos como renta del gas”, comenta.
EXPORTACIÓN.En 2019 Bolivia exportó gas a Brasil en niveles de 2003. En 2020 y 2021 no ha superado el promedio de los 20 MMmc/d.
POR QUÉ SUCEDE ESTO
“La caída de la producción de gas natural en Bolivia es el resultado de la poca actividad exploratoria y de la política hidrocarburífera nacional, reflejo además de la gestión del sector hidrocarburos en la última década”, dice sin ambages Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, consultado por este medio.
Según el especialista, esto ha ocasionado que el país “deba renegociar sus contratos de exportación con Brasil y Argentina por menores volúmenes, readecuándolos a la capacidad actual de producción; con ello Bolivia ha perdido participación en esos mercados y ve reducidos sus ingresos por concepto de regalías e IDH”.
OPORTUNIDAD PERDIDA
Edmar de Almeida, profesor del Instituto de Energía de la Universidad Católica de Rio de Janeiro y especialista en el mercado de gas natural y economía energética de Brasil, en entrevista con Radar Energético, dijo la semana pasada que a Brasil ya no le preocupa la baja producción boliviana porque su seguridad energética está garantizada por la producción propia y por el GNL.
Lo que preocupa es la “oportunidad perdida”, dice el analista, que se configura en la necesidad brasilera de gas y la imposibilidad boliviana de vender más.
“Bolivia sigue siendo una fuente de suministro de gas firme y confiable, pero la importancia es relativa cuando miramos 10 o 15 años atrás. Ha disminuido por el tamaño de la industria en Brasil que sigue creciendo”, explica.
Sin embargo, dice de Almeida, existe una ventaja aun relevante para Bolivia, la existencia del gasoducto para transportar hasta 30 millones de metros cúbicos de gas “y si este gas es económicamente competitivo, no habrá ninguna dificultad para que Brasil siga comprando”.
El tema central sigue siendo si Bolivia podrá aumentar su producción en los próximos años para no perder los 20 MMmc/d que aún compra el gigante vecino.
“Lo que hemos hecho es perder un mercado creciente, ahora es un mercado en el que cada vez gravitamos menos. Hasta 2024 podremos enviar 20 MMmc/d y de ahí irá en descenso”, dice Álvaro Ríos.
“Todo esto nos habla que esta industria se mueve en el mediano y largo plazo, donde los aparentes triunfos pasajeros de corto plazo, tienden a jugar en contra mucho tiempo después y, peor aún, con consecuencias irreversibles”, reflexiona Mauricio Medinaceli.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, estima que la economía del país crecerá por encima de lo que pronostica el Banco Mundial para este 2022. Sputnik consultó sobre este tema a economistas, quienes optaron por mantener la cautela ante el optimismo gubernamental.
Según proyecciones del Banco Mundial (BM), en 2022 la economía de Bolivia crecerá en un 3,5%. Para el presidente Luis Arce, este pronóstico se quedó corto. Y afirmó que en este año el Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentará en "más de un 5%". ¿Cuál de estas proyecciones se ajusta más con la realidad?
Indicó que para 2022 se espera un crecimiento de la economía del 5,1%. Con la finalidad de que la circulación monetaria no se estanque, el presupuesto general —que es de 235.000 millones de Bs (34.000 millones de dólares)— destinará el 16,6% —unos 39.000 millones de Bs (5.365 millones de dólares)— al financiamiento de obras públicas.
La mirada del Banco Mundial
A mediados de enero pasado, el BM publicó su informe "Perspectivas económicas mundiales", en el cual pronosticó para este año un crecimiento del 3,5%. Para 2023, esta cifra se reduciría al 2,7%, según sus previsiones.
Según este organismo internacional, la factibilidad de sus números dependerá de algunas variables externas a la capacidad administrativa demostrada por los Gobiernos de la región.
"La durabilidad de la recuperación económica en América Latina y el Caribe, como en otros lugares, depende de que se controle la pandemia", dice el informe.
"Los brotes de COVID-19, incluidos los ocasionados por nuevas variantes del virus, siguen constituyendo un riesgo a la baja incluso en países con altas tasas de vacunación", agrega el documento.
Sumado a ello, está la cuestión del clima. Este año atraviesa a Bolivia, así como a la región, la corriente de La Niña, caracterizada por mayores lluvias, que desde diciembre afectan a las cosechas de las cuales dependen miles de familias campesinas.
"Las perturbaciones económicas relacionadas con eventos meteorológicos extremos, en parte vinculados al cambio climático, y otros desastres naturales, representan un riesgo significativo no solo para las perspectivas de crecimiento regional, sino también para la integridad y los medios de subsistencia de las personas que viven en la región", alerta el informe del BM.
La ventaja de la baja inflación
En 2021, la inflación en Bolivia fue del 1%, la más baja de Sudamérica. En este aspecto, el economista Christian Aramayo Arce dijo a Sputnik que —a diferencia del contexto global— "Bolivia no tiene tasas importantes de inflación, por ello la tasa de crecimiento no va a ser afectada por el efecto de los precios, que está habiendo a nivel mundial", propiciados por los desajustes en la producción que ocasionó la pandemia de COVID-19.
El crecimiento de la inflación en varios países se debería, además, "a la cantidad de dinero impreso a nivel mundial para la reactivación económica", fenómeno del cual Bolivia se pudo mantener aparte.
Durante 2020, cuando gobernó la autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), el PIB del país cayó un 12,5%, según el Ministerio de Economía. Aunque el crecimiento en 2021 ronda el 5%, aún falta para alcanzar los niveles previos a la pandemia.
"Hay casos como Chile, o Paraguay, que ya han recuperado sus niveles de crecimiento, incluso han logrado superar niveles de crecimiento previos a la pandemia. Van a un ritmo de pospandemia", graficó Aramayo.
Perspectivas para 2022
El Gobierno nacional postula la industrialización a través de la sustitución de importaciones. "Por ello, el Estado asume un rol muy importante en la economía. Para generar un impacto más grande, va a haber una intensificación en la obra pública", dijo Aramayo.
En este sentido, "la construcción va a ser la que más jale el crecimiento, por la incidencia en mano de obra: la subcontratación de pintores, empresas de otras industrias que proveen materiales e insumos".
Para este economista, graduado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz de la Sierra (este) la construcción no es suficiente para mantener una economía pujante.
"El modelo en sí mismo carece de sostenibilidad financiera, porque ya el país cuenta con problemas muy serios de déficit fiscal. No hay de donde pueda sacar el Gobierno recursos para financiar estos programas con que busca reactivar la economía", sostuvo.
Según Aramayo, el Gobierno tendría tres fuentes posibles de financiamiento: "Mayor tributación, es decir una suba de impuestos y aranceles. O tomar deuda externa, a la cual Bolivia no tiene tanto acceso como tuvo tiempo atrás, porque sus condiciones económicas no son las mismas".
Una tercera opción, aprovechando la baja tasa de inflación, "sería la emisión de más moneda. Pero este sería el peor escenario, porque implicaría tener tasas de inflación que afecten al tipo de cambio (dólar-peso boliviano)".
Esto afectaría sobre todo a las familias bolivianas, "porque la inflación no afecta tanto al millonario o a la clase media, como afecta a familias que no tienen recursos para llenar una canasta básica a lo largo del mes", evaluó.
Cuestionamientos al presupuesto
René Martínez es asesor de la Fundación Jubileo, una institución católica que investiga temas políticos, sociales y económicos. "Hemos visto las proyecciones del Gobierno como bastante optimistas", comentó a Sputnik.
En 2021, el Gobierno de Arce presentó su plan de desarrollo hasta 2025, que tendría un problema en sus inversiones, según Martínez.
"Son montos muy altos. Plantean más de 30.000 millones de dólares para ejecutar el plan. Sin embargo, no se tienen estos recursos en Bolivia. El Estado está en una situación deficitaria muy compleja", consideró.
Martínez explicó que en Jubileo "hemos analizado mucho el plan que se tiene para este momento económico tan complicado que atraviesa el país. Al contrario de lo que muestran las proyecciones, se ve más bien un deterioro constante de las variables macroeconómicas".
También observaron "señales de insostenibilidad económica futura, en caso de no corregirse los desequilibrios macroeconómicos".
Agregó que en el presupuesto 2022, el Gobierno "prevé un crecimiento relativamente alto, con recuperación de los ingresos públicos. Pero en la práctica tampoco se tiene sustento suficiente para ver esta recuperación importante en los ingresos públicos".
"Vemos muy compleja esta situación. La economía del país es muy dependiente del endeudamiento público, de la deuda externa. Hubo una caída pronunciada de las reservas, lo cual puede llevar a la inestabilidad del país, en términos económicos", dijo Martínez.
Según el Banco Central de Bolivia (BCB), en junio de 2020 las Reservas Internacionales Netas eran de 6.272,4 millones de dólares. Seis meses después, en diciembre de 2020, eran de 5.275,9 millones.
Para la última medición, de junio de 2021, las reservas internacionales se habían reducido a 4.624,3 millones de dólares.
