Página Siete Digital / La Paz

Unas 50 organizaciones de la sociedad civil boliviana, agrupadas bajo la sigla de Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma), presentaron sus informes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque detectaron más de 20 casos que demuestran violaciones sistemáticas de derechos en el territorio boliviano.

“Las disposiciones constitucionales relativas a la protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por las normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 (2014) y el Decreto Supremo 2366 (2015) que permite realizar actividades hidrocarburiferas dentro de las áreas protegidas”,  señala el informe de Pueblos Indígenas y medio ambiente 2019, de Adhma.

La evidencia sobre afectación medio ambiente y derechos de pueblos indígenas que encontraron, fue que hay actividades extractivas que estarían degenerando el medio ambiente. El mismo informe señala que existen casos de contaminación de agua en el Lago Poopó, también se detectó la vulneración de ocho casos, entre ellos: el derecho a la consulta libre, previa e informada sobre actividades de minería y construcción de infraestructuras.

Otros casos detectados son los relacionados con violencia e impunidad como los registrados en Takovo Mora y el Tipnis. “Bolivia ha contraído obligaciones internacionales en relación al respeto, garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, señala el informe con la observación de que el Estado boliviano había incumplido sus obligaciones internacionales relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas.

Adhma envió los documentos para que el organismo internacional examine las responsabilidades y obligaciones del Estado boliviano sobre investigaciones relacionadas con “derechos humanos, actividades extractivas y grandes infraestructuras”, informó el Centro de Documentación e Información e Bolivia (Cedib).

Las organizaciones que están bajo la sigla Adhma son: La Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia (Apdhb) y La Paz, Fundación Jubileo, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), Warmis en Resistencia, Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos (Vcddhh), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), entre otras.

Página Siete / La Paz

 El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) condenó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de impedir la difusión de una encuesta con datos desfavorables para el presidente y candidato del MAS, Evo Morales. Esta es la segunda advertencia que se hace desde una instancia internacional contra la censura impuesta desde el ente electoral.

“Si las autoridades bolivianas desean dar señales de que las elecciones del 20 de octubre serán imparciales y democráticas, impedir la publicación de una encuesta que muestra que el presidente Morales enfrenta una reñida contienda, transmite exactamente el mensaje opuesto”, señaló por medio de una nota de prensa, Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.

El 11 de septiembre el TSE divulgó un comunicado  que declaraba que una encuesta encargada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) había violado las regulaciones sobre su financiamiento según la Ley Electoral, y que por tanto no debía difundirse por los medios. 

La norma señala que el medio de comunicación que publique una encuesta que haya sido prohibida por el TSE puede ser sancionada con multas basadas en las tarifas publicitarias, y se le puede prohibir la publicación de futuras encuestas.

La pasada semana, el relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó que la convención elaborada por esta instancia prohíbe la “censura” en la realización y difusión de encuestas. “Cuando algunos  requisitos se convierten en limitaciones a la posibilidad de realizar o difundir encuestas, la Relatoría dice que podemos estar frente a una situación de censura que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró Lanza.

 En el pronunciamiento emitido por el CPJ se menciona que esa entidad “llamó al TSE para obtener una declaración, pero la llamada no fue atendida”. Por otra parte, señala que  “muchos medios de comunicación tienen miedo de enfrentar al TSE, porque controla el gasto estatal en publicidad electoral, una importante fuente de ingresos, declaró al CPJ por vía telefónica Raúl Peñaranda, director del sitio noticioso Brújula Digital”.

La encuesta, denominada Tu voto cuenta elaborada por la Fundación Jubileo en coordinación con varios medios de comunicación y universidades evidenciaba que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a contar con toda la infraestructura estatal para hacer campaña electoral, apenas lograba una ventaja en la preferencia de votos por sobre sus principales rivales de Comunidad Ciudadana (CC).

“Si Bolivia desea estar a la altura de su declarado respeto por la libertad de prensa, debe reformar sus leyes electorales para permitir que las organizaciones noticiosas puedan informar libremente sobre todos los resultados de las encuestas”, señaló Southwick.

Al respecto, la CIDH precisó que, si bien las encuestas deben estar bien elaboradas, con calidad, con la respectiva ficha técnica, de quién hace la encuesta, por un manejo transparente, estos requisitos mínimos que pueden estar regulados por ley, no pueden constituirse en un impedimento para que se practiquen o se difundan sus resultados.

En una carta enviada al TSE por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), declaró que la decisión violaba el derecho ciudadano a ser informado. El sitio web de Tu voto cuenta, dejó de mostrar información  y desplegó la palabra “censurado”.

Lidia Mamani / La Paz

 El alza del precio internacional del petróleo, como consecuencia de un ataque a dos refinerías de Arabia Saudita, ocasionará que Bolivia gaste más en el subsidio destinado a la importación de combustibles que lo que perciba por la exportación de gas natural, según expertos del sector.

El fin de semana, dos refinerías del mayor productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, fueron blanco de un ataque con drones, lo que ocasionó la destrucción de unos 5,7 millones de barriles de procesamiento diario de crudo, por lo que ahora sólo se extrae la mitad de ese volumen.

A partir del atentado, el precio del barril del Brent se mantuvo por encima del 10% en el caso del WTI, que sirve de indexación para las ventas de gas natural que hace Bolivia, es decir, se incrementó en un 14%, al cerrar en 62,1 dólares el barril de crudo.

Datos históricos de la cotización muestran que en 2014 el precio del barril estaba por encima de los 105 dólares. Luego, en 2015, registró un promedio de 49 dólares, parecido al de 2017. El año pasado subió hasta los 70 dólares;  no obstante, en lo que va de este año no superó la barrera de los 63,86 dólares, registrados en abril. Ayer cerró en 62,1 dólares.

Ahora las dudas de cuándo se podrá restablecer el suministro  se suman al miedo de que una escalada de la tensión entre Arabia Saudita e Irán lleve la cotización más arriba, publicó la agencia EFE.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos,  indicó que con la reducción de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, y la menor producción de líquidos, se preveía un supéravit energético de unos 850 millones de dólares.

Pero con la subida del precio del petróleo en más del 10%, se calcula que el país tendrá que destinar al menos 732 mil dólares adicionales por día para la importación de gasolina y diésel.

“Se registra un alza del precio del crudo en más del 10% desde que pasó el incidente en Arabia Saudita, es lo que vemos de momento. Este gasto adicional le representa al país 732 mil dólares adicionales por día, casi un millón de dólares, por la importación de combustibles. No sabemos cuánto tiempo será esta subida de precios;  si es un mes, en ese caso se tendrán que multiplicar los 732 mil por 30 días, y así sucesivamente”, señaló.

Mientras que los ingresos obtenidos por las ventas de gas que se hacen a Argentina y a Brasil sólo aumentarán levemente, porque los volúmenes enviados se redujeron desde 2018.

En el caso de Argentina, en verano sólo compra 10 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y en invierno hasta 18 MMmcd. Mientras que con el mercado brasileño el nivel se estancó en un promedio de 12 MMmcd.

“Las importaciones de diésel y gasolina seguirán la tendencia internacional del precio del petróleo, por lo que vamos a sacar más dólares para la compra que lo que vamos a percibir por la venta”, sostuvo Ríos.

Para el investigador Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo,  el efecto de cualquier variación en el precio internacional del petróleo tarda entre cuatro y cinco meses en hacer efecto en el precio de exportación del gas.

“Si bien es posible un incremento en los precios internacionales, lo que ya se ve con un repunte del Brent que alcanzó 69 dólares el barril y el WTI por encima de los 60 dólares, por las razones que ocasionan el repunte se prevé que no serán de mediano plazo. De hecho, Estados Unidos liberó una parte de sus reservas de petróleo”, manifestó.

En su criterio, resulta preocupante que el país cifre sus esperanzas de mejoras económicas en una posible recuperación del precio internacional del crudo.

El experto precisó que en este año, la producción nacional de gas natural cayó en casi un 30% en relación con  2015; la exportación de gas natural a Brasil disminuyó en un 52% y en el caso de Argentina, se redujo en un 8%.

Lidia Mamani /La Paz

Ante las afirmaciones sobre que el gas natural es el combustible del futuro, expertos consideran que urge acelerar la exploración para incrementar la producción de gas natural y, a la vez, se debe consolidar nuevos mercados.

Durante el foro, organizado por YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), el secretario general de la Unión Internacional del Gas (IGU), Luis Bertrán, aseguró que la demanda global incrementará el consumo de gas natural, ya que es la única energía fósil que continuará creciendo a futuro. 

“La industria del gas continuará creciendo. El precio se ha reducido globalmente, pero en la región no ha bajado y es una buena noticia para Bolivia”, afirmó  durante su participación en el  segundo Foro Internacional Gas, Petróleo y Combustibles Verdes Bolivia 2019, que se realizó en Santa Cruz, del 19 al 23 de agosto.

Para el exministro de Hidrocarburos Carlos Miranda es una verdad “consagrada” que el gas natural es el combustible del futuro, porque se lo  considera como el combustible de transición. “En vez de aumentar nuestras reservas, se disminuyen  y es un  tema que preocupa, porque estamos perdiendo la mejor época del consumo del gas”, dijo.

Asimismo, indicó que hay áreas, como  el Chaco,   que recién serán descubiertas, ya que los pozos que se hicieron en el lugar no fueron conclusivos; para ello se debe acudir a nuevas técnicas.

“Cuando YPFB  indica que perforó 10 pozos y con eso cree que hizo la suficiente exploración, más bien, en vez de alegrarnos de eso,  debe preocuparnos cada vez más. Está visto que no estamos evaluando correctamente los resultados que logramos, no se está haciendo la suficiente exploración  o los  pozos no están en lugares que deberían hacerse”, evaluó Miranda.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos coincidió en que Bolivia necesita seguir explorando  gas y petróleo, éste último para producir más diésel y gasolina y dejar de importar estos productos que acrecentan la balanza comercial del país.

“Debemos  buscar gas natural para seguir exportando a Brasil y Argentina, donde nuestro gas tiene amplio mercado pero bajas condiciones competitivas, entre ellas, probablemente menores precios. Para ello, Bolivia requiere explorar constantemente y uno de los primeros pasos debería ser la reactivación de campos maduros para revertir las importaciones de líquidos. Este tema no debe esperar más y es más que urgente. Nuestra economía se está desangrando”, afirmó Ríos.

El investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, manifestó que si bien la IGU apunta a un crecimiento en la demanda mundial,  lo cierto es que la reacción de Bolivia ha sido muy lenta a este nuevo contexto.

“Clara muestra es que en los últimos 13 años no se ha logrado nuevos contratos de largo plazo para la venta de este energético, no se ha ampliado la participación del gas natural boliviano en los mercados ya existentes (Brasil y Argentina), tampoco se ha ingresado a nuevos países”, dijo.

En su criterio, un problema para la exploración es la falta de mercados, más allá de anuncios y de acuerdos de intensiones, no existe certeza sobre las nuevas condiciones que puede tener un eventual nuevo contrato con Brasil sobre  términos de volumen, precio y plazo.

Además, una negociación por menores volúmenes, como pasó con Argentina, genera desincentivo en las empresas petroleras, ya que  ninguna invertiría millones en un proyecto de alto riesgo sin tener certeza de mercado.

Entretanto, la exautoridad del sector petrolero Mauricio Medinacelli denotó que actualmente el país es deficitario en el suministro de líquidos.

“Existe la urgencia por encontrar mercados para el gas natural, dado que sólo así podremos obtener el condensado necesario para elevar la producción de gasolina y otros, para el consumo del mercado interno”, sugirió.

La  producción

• Extracción  Entre enero y agosto, la producción de gas está en un promedio no mayor a 45 millones de metros cúbicos día (MMmcd), cuando el Gobierno preveía que iba a estar en un nivel de 73,93 MMmcd.
• Venta Actualmente la venta de gas al mercado brasileño está en un nivel de 12 MMmcd. En el caso de Argentina, en el periodo invierno se envía un máximo de 18 MMmcd, y en verano baja a 10 MMmcd.
• Aporte El departamento de Tarija continúa siendo el mayor productor del país, no obstante su aporte se redujo y su participación llegó al 54% en la producción nacional de gas, porque  sus megacampos como San Alberto y Sábalo, cada vez entregan menos. En 2014 su participación estaba por encima del 70%.

Inversión  / La Paz

El contrabando es el comercio ilegal. Si un país no lucha contra este mal, la industria disminuye su producción o cierra sus operaciones, deja a miles de familias sin empleo, el Estado pierde ingresos y destina menos presupuesto a la educación y salud, entre otros servicios.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) tiene identificadas hace años dos formas de defraudar al Estado: el “contrabando hormiga” o abierto que ingresa productos en cantidades mínimas, pero de manera continua; y, el “contrabando técnico” o la importación subvalorada de productos en frontera.

El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, explica que con la fórmula del “contrabando técnico” se declara un valor inferior al valor real de los productos importados y en consecuencia se paga en menor cuantía de lo que corresponde en impuestos de importación como el Gravamen Arancelario, el IVA Importaciones y el Impuesto al Consumo Específico (ICE).

Sostuvo que el principal problema del sector industrial e impulsor de la desindustrialización manufacturera es el contrabando y en particular el “contrabando técnico”, porque está contra la industria con sello “Hecho en Bolivia”.

El contrabando en sí está directamente ligado al comercio informal y en consecuencia alienta la economía subterránea, además de no pagar impuestos al fisco, no contribuye con la generación de empleos formales y destruye el aparato productivo industrial manufacturero del país.

Un estudio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), de 2014, establece que el país pierde por  contrabando  2.213 millones de dólares anuales y año que pasa, el monto tiende a subir. Un estudio de la CNI señala que entre 1999 y 2014, el contrabando creció a una tasa promedio anual de 8%,  superior al crecimiento promedio anual de la economía boliviana de 4,2%. El contrabando creció al doble que el crecimiento de la economía en el periodo de referencia.

A base del estudio de la CEPB, la CNI estima que el contrabando representa una pérdida entre el uno y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) porque esta actividad ilícita no contribuye al Estado.

En 2014, se estimó que el contrabando hormiga representó 533 millones de dólares de los 2.213 millones. Por los 7.777 kilómetros de fronteras de Bolivia, el “contrabando hormiga” ingresa por los puestos fronterizos y también por caminos y senderos marginales, es el caso de Pisiga y Tambo Quemado, Chile; Desaguadero, Kasani, en Perú; Puerto Quijarro y Cobija, en Brasil; Villamontes, Bermejo y Yacuiba, en Argentina, entre otras.

Estimaciones de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) sobre las exportaciones a Bolivia de países vecinos y las importaciones de Bolivia registradas por la Aduana Nacional de Bolivia señalan que en 2014 el saldo no registrado (contrabando) alcanzó a 449 millones de dólares, de los cuales 58,7 millones corresponden a la diferencia con Argentina, 131,3 millones a Brasil, 178 millones a Chile, 19,4 millones a Paraguay y  61,7 millones a Perú.

Al respecto el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó que vía contrabando ingresan al país televisores, computadoras, teléfonos celulares, línea blanca, joyas, medicamentos, ropa usada, alimentos frescos, principalmente de países vecinos, bebidas alcohólicas, aceites, enlatados, autos chutos, entre muchos otros productos de ultramar.

Dijo que con el ingreso ilegal de los productos mencionados, la industria de alimentos, textiles, marroquinería, entre otros, además de los importadores legales, son los perjudicados, porque “tienen que luchar en condiciones desiguales”, de manera particular en los precios, pues lo ilegal “siempre ofrecerá menor costo”.

Reducir “contrabando técnico”

En este sentido, dijo Blazicevic, el Consejo Nacional de Presidentes de Cámaras de Industrias de Bolivia declaró que “entre las principales preocupaciones de nuestro sector que generan un clima de alta inseguridad jurídica, en la actual coyuntura, son: el creciente contrabando y  el comercio informal”.

Propone seis acciones urgentes: Reducir el “contrabando técnico” y para ello sugiere a la Aduana transparentar la lista de los importadores para identificar sus valores de importaciones a la mayor desagregación posible para cruzar información y de esta manera identificar a los contrabandistas.

Modificar la Ley 1053 sobre Fortalecimiento de Lucha al Contrabando para reducir el valor de 200 mil  UFV porque en las actuales condiciones el contrabando por debajo de este valor  es calificado como simple contravención tributaria y no como delito.

Intensificar la lucha contra el contrabando mediante interdicción con las Fuerzas Armadas y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en las fronteras con Chile, Brasil, Argentina y Perú.

Reemplazar el actual timbre ICE Importaciones que se utiliza para las bebidas importadas por un código de barras, código QR u hologramas para evitar las falsificaciones que, en el estado actual de la tecnología, son sumamente fáciles de generar en timbres de papel.

Realizar control  efectivo contra el contrabando en mercados del área urbana y rural a través de las gobernaciones y los municipios, en coordinación con el empresariado, gremiales y  consumidores.

Y, reducir el valor de las pólizas de Importación de Mínima Cuantía, cuyo valor máximo es de 2.000 dólares y con exigencias de importación muy ligeras. Este proceso se da en las fronteras y alienta el contrabando hormiga mediante el carrusel con las mismas pólizas de importación.

Inversión de Página Siete envió un cuestionario sobre la importación subvalorada a la Aduana Nacional de Bolivia y no hubo respuesta  hasta el cierre de la edición (14:00-30/08/19).

Punto de vista 
René martínez, analista de Fundación Jubileo 
Uno de los problemas es el tipo de cambio

Hay dos elementos que este tipo de situación podría resultar; uno está en las recaudaciones fiscales, al igual que el contrabando versus una importación legal, hay una diferencia; el contrabando no está pagando los tributos correspondientes. Entonces, hay una afectación a la recaudación fiscal, si hay una importación que por debajo (o subvalorada) estaría restando recursos al erario nacional.

Por otro lado, las importaciones, el contrabando tiene efectos en el mercado interno y las posibilidades del productor nacional de vender sus productos, con el tipo de cambio, y la importación subvaluada; es más difícil competir para el productor nacional con el contrabando incluso con las importaciones (legales); entonces, los productos que están entrando con un costo o un pago de tributos que estarían por debajo, también entran a un precio menor y esto pone en situación adversa al producto nacional.

La afectación que tiene el contrabando con la economía nacional es algo que es de preocupación permanente. Habría que analizar si hay una verdadera lucha contra el contrabando y no sólo eso sino que hay un fenómeno que es la diferencia cambiaria que se tiene con los países de la región, que es el tipo de cambio que tenemos ahora, congelado desde  2011, y bajo el cual la moneda boliviana está apreciada; esto significa que es relativamente más barato comprar los productos que están produciendo en el extranjero, en países vecinos, que lo que se produce en Bolivia, y nuestros costos son más altos y los precios para la venta son más altos, y eso le quita competencia a la producción nacional. Este es el tema de fondo que habría que resolver.

A eso se suma el contrabando que afecta e introduce los productos a menores precios al mercado. Hay un tema por resolver que es una verdadera lucha contra el contrabando, pero también el tema de fondo que es el tipo de cambio que tenemos e incluso es difícil competir con las importaciones legales que pagan todo y el producto nacional no tiene oportunidad de competir.

Lucha contra lo  ilegal 

• Operativos  De enero a julio se realizaron 26.849 operativos en las fronteras con Chile y Perú, y se decomisaron 781vehículos con mercadería de contrabando.
• Deceso  Hasta el 8 de agosto, el Gobierno reportó 37 heridos y un fallecido de los efectivos militares en la lucha contra ese delito.
• Confiscan  Entre enero y julio la mercadería confiscada al contrabando fue monetizada en Bs 162,4 millones, no se toman en cuenta vehículos.
• Decomiso  Senasag decomisó 806 toneladas de productos sin registro sanitario en el primer semestre de 2019.
• Directorio  Municipios productores de uva y vinos conforman directorio para  frenar el contrabando de la  materia prima  que los afectan.

ANF / La Paz 

La alianza de instituciones denominada “Tu voto cuenta”  pretende recuperar el valor y la transparencia de las encuestas. En ese marco  desarrollará tres operativos y aplicará en cada uno de ellos 14.000 encuestas con el  2,4% de margen de error.

El 31 de agosto se realizará la primera prueba, el 22 de septiembre la segunda y el 12 de octubre la tercera encuesta,  además del conteo rápido el día de las elecciones , con “rigurosidad técnica”, declaró el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez. 

Varias universidades públicas, entre ellas la Universidad Mayor de San Andrés, la Fundación Jubileo, la Agencia de Noticias Fides, Erbol, Televisión Universitaria, Aclo, Diakonía, radio Esperanza, Red Pío XII,  y la Ruta de la Democracia unieron esfuerzos para impulsar un trabajo conjunto.