René Martínez  / La Paz

En 13 años el Gobierno planteó dos modelos económicos: “El cambio de matriz productiva”, presentado en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, y en 2010 aplicó otro: “La Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico”.

Respecto al cambio de matriz productiva, era un planteamiento enfocado a impulsar y diversificar la producción nacional, a partir de la reinversión de los excedentes económicos generados por los sectores estratégicos, como hidrocarburos. El modelo planteaba que el Estado, capte y administre los excedentes económicos provenientes de los sectores estratégicos (hidrocarburos principalmente), los cuales deberían ser reorientados hacia los sectores generadores de ingresos y empleo.

Este modelo, más allá de formularse como una idea, no fue efectivizado mediante políticas, estrategias y programas. En la práctica, el planteamiento fue abandonado y desplazado por otras políticas, como el programa Bolivia Cambia – Evo Cumple, y los mayores recursos que el sector público recibió en los años de bonanza se tradujeron en una expansión del gasto público a todo nivel.

Los mayores recursos que el Estado recibía resultaron en un crecimiento del gasto público y se olvidó la mirada de largo plazo, y la necesidad de trascender el patrón de desarrollo más allá del extractivismo, la transformación de la estructura económica del país o, al menos, sentar las bases de ese cambio. Como se observa en el gráfico, los gastos del sector público tuvieron una tendencia creciente, casi constante; disminuyeron entre 2015 y 2016, pero retomaron la tendencia. Los gastos se han multiplicado varias veces en los últimos años. Se ha incrementado tanto el gasto corriente (que representa la mayor parte), como la inversión pública.

Inicialmente, esta expansión del gasto fue posible gracias a los mayores recursos provenientes de los sectores extractivos, como hidrocarburos, pero incluso se registra un incremento del gasto después de concluida la bonanza. Pese a que en la práctica no se implementó el modelo planteado, el país experimentó interesantes tasas de crecimiento durante los años de la bonanza, fenómeno similar a la región latinoamericana que se benefició del ciclo favorable de ingresos por altos precios de las materias primas. Y desde el año 2010, el Gobierno presentó otra explicación u otro modelo: “La Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico”.

La explicación sucinta de este modelo refiere que el impulso de la demanda interna, por parte del Estado, a través del gasto y de la inversión, se traduce en un mayor crecimiento económico, el mismo que sería sostenido en el tiempo.

Según esta nueva argumentación, en la última década, la economía se habría desempeñado bajo esta línea; sin embargo, presenta diferentes debilidades o limitaciones, tanto en su planteamiento teórico como en los resultados alcanzados expresados en diferentes indicadores económicos, peor aún en el marco del actual contexto económico menos favorable después de la caída de los precios de los hidrocarburos.

Al analizar este segundo modelo, se puede indicar que no es la demanda en sí misma la que permite generar esta dinámica, sino, hay una condición previa que permite activar el proceso, y es la disponibilidad de recursos suficientes para expandir el gasto. Desde un principio, no era consistente afirmar que este proceso sería sostenible, puesto que estaba siendo alimentado con recursos provenientes de fuentes no renovables y que dependen de precios internacionales volátiles, como son los hidrocarburos. En la actualidad, estos recursos han caído y, ante la disminución de ingresos, se está reemplazando el financiamiento de la expansión del gasto público con mayor endeudamiento.

Este modelo, a diferencia del planteamiento inicial de “cambio de matriz productiva”, no es una propuesta productiva. En consecuencia, se habría abandonado la propuesta de promover la producción (la oferta), a cambio de fomentar la demanda o el consumo. Si bien el argumento oficial plantea el impulso de la demanda interna para lograr un crecimiento sostenido, en realidad, ésta sería una medida para un corto plazo, puesto que para el largo plazo se hubiera tenido que constituir y/o potenciar un sector productivo.

Es preocupante el enfoque que se le ha dado a la inversión pública en este proceso. A diferencia del gasto, la inversión pública debería estar enfocada hacia un objetivo mayor que es el crecimiento y desarrollo de largo plazo; ésta debería impulsar las capacidades productivas. Sin embargo, de acuerdo con las explicaciones del modelo, se habría reducido su rol, y la inversión tendría como finalidad impulsar la demanda interna. En ese sentido, será importante analizar la calidad de la inversión pública de los diferentes niveles de gobierno en sentido de evaluar si aportó a un mayor crecimiento y desarrollo, presente y futuro.

En síntesis, el modelo de la “Demanda Interna”, para cumplir con sus objetivos, requiere de ingresos disponibles para alimentarlo y de un sector productivo potenciado, factores que no se cumplen en el país. No obstante, siendo que evidentemente la demanda agregada se dinamizó, es importante analizar si con el diseño de las políticas públicas, y bajo las condiciones actuales, esta mayor demanda se tradujo en oportunidades para la producción nacional.

Al respecto, bajo el nuevo enfoque del Estado, el discurso del Gobierno, las políticas y las condiciones jurídicas no dieron certidumbre y seguridad para los inversionistas. Asimismo, las altas cargas y regulaciones laborales e impositivas que enfrenta el productor nacional han sido y son desfavorables para los emprendimientos formales. Otro factor que afecta a la producción nacional es el tipo de cambio, el cual fue congelado desde    2011, que ha favorecido a la comercialización y venta de los productos importados (y de contrabando). La moneda nacional está sobreapreciada y los productos extranjeros son relativamente más baratos que los nacionales.

Estas condiciones han sido desfavorables para ampliar la producción a través de la inversión privada y para la venta de productos nacionales (transables) en el mercado interno. Este modelo no funciona como mecanismo para conducir la economía hacia un crecimiento sostenido, e insistir con este postulado y pretender continuar con la dinámica de expandir el gasto, ahora a través de un mayor endeudamiento, podría llevar al país a una situación de insostenibilidad. Esta forma de conducir la economía ha significado gastar lo que se tenía y, ahora, gastar hasta lo que no se tiene.

Reconducir la economía

En el escenario actual, hay la imperiosa necesidad de reconducir la economía, pero no desde un debate ideológico sobre izquierda o derecha, carente de una base técnica, puesto que no aporta a la construcción de políticas públicas en favor del país y, por el contrario, genera contradicciones y cierra posibilidades. En adelante, se debe abrir un diálogo para la toma de decisiones de políticas adecuadas y específicas para construir una economía estable, sostenible, productiva y diversificada.

Es fundamental abordar temas como la generación de las condiciones e incentivos para el productor nacional, la problemática de la informalidad, el cómo hacer política pública sectorial en un Estado con autonomías, temas que son fundamentales y que han sido relegados en estos años.

En el marco definido por la Constitución, se requiere un nuevo plan de desarrollo a base del escenario macroeconómico actual y futuro; y políticas de desarrollo productivo efectivas, más allá de sólo la participación estatal.   Antes de implementar un modelo, el próximo Gobierno deberá garantizar la estabilidad económica. Problemas urgentes como el  déficit fiscal y mayor endeudamiento, y el tipo de cambio y caída de las reservas  son facturas pendientes de la actual gestión.

René Martínez es analista de Fundación Jubileo

Página Siete Digital / La Paz

Unas 50 organizaciones de la sociedad civil boliviana, agrupadas bajo la sigla de Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma), presentaron sus informes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque detectaron más de 20 casos que demuestran violaciones sistemáticas de derechos en el territorio boliviano.

“Las disposiciones constitucionales relativas a la protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por las normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 (2014) y el Decreto Supremo 2366 (2015) que permite realizar actividades hidrocarburiferas dentro de las áreas protegidas”,  señala el informe de Pueblos Indígenas y medio ambiente 2019, de Adhma.

La evidencia sobre afectación medio ambiente y derechos de pueblos indígenas que encontraron, fue que hay actividades extractivas que estarían degenerando el medio ambiente. El mismo informe señala que existen casos de contaminación de agua en el Lago Poopó, también se detectó la vulneración de ocho casos, entre ellos: el derecho a la consulta libre, previa e informada sobre actividades de minería y construcción de infraestructuras.

Otros casos detectados son los relacionados con violencia e impunidad como los registrados en Takovo Mora y el Tipnis. “Bolivia ha contraído obligaciones internacionales en relación al respeto, garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, señala el informe con la observación de que el Estado boliviano había incumplido sus obligaciones internacionales relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas.

Adhma envió los documentos para que el organismo internacional examine las responsabilidades y obligaciones del Estado boliviano sobre investigaciones relacionadas con “derechos humanos, actividades extractivas y grandes infraestructuras”, informó el Centro de Documentación e Información e Bolivia (Cedib).

Las organizaciones que están bajo la sigla Adhma son: La Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia (Apdhb) y La Paz, Fundación Jubileo, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), Warmis en Resistencia, Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos (Vcddhh), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), entre otras.

Página Siete / La Paz

 El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) condenó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de impedir la difusión de una encuesta con datos desfavorables para el presidente y candidato del MAS, Evo Morales. Esta es la segunda advertencia que se hace desde una instancia internacional contra la censura impuesta desde el ente electoral.

“Si las autoridades bolivianas desean dar señales de que las elecciones del 20 de octubre serán imparciales y democráticas, impedir la publicación de una encuesta que muestra que el presidente Morales enfrenta una reñida contienda, transmite exactamente el mensaje opuesto”, señaló por medio de una nota de prensa, Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.

El 11 de septiembre el TSE divulgó un comunicado  que declaraba que una encuesta encargada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) había violado las regulaciones sobre su financiamiento según la Ley Electoral, y que por tanto no debía difundirse por los medios. 

La norma señala que el medio de comunicación que publique una encuesta que haya sido prohibida por el TSE puede ser sancionada con multas basadas en las tarifas publicitarias, y se le puede prohibir la publicación de futuras encuestas.

La pasada semana, el relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó que la convención elaborada por esta instancia prohíbe la “censura” en la realización y difusión de encuestas. “Cuando algunos  requisitos se convierten en limitaciones a la posibilidad de realizar o difundir encuestas, la Relatoría dice que podemos estar frente a una situación de censura que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró Lanza.

 En el pronunciamiento emitido por el CPJ se menciona que esa entidad “llamó al TSE para obtener una declaración, pero la llamada no fue atendida”. Por otra parte, señala que  “muchos medios de comunicación tienen miedo de enfrentar al TSE, porque controla el gasto estatal en publicidad electoral, una importante fuente de ingresos, declaró al CPJ por vía telefónica Raúl Peñaranda, director del sitio noticioso Brújula Digital”.

La encuesta, denominada Tu voto cuenta elaborada por la Fundación Jubileo en coordinación con varios medios de comunicación y universidades evidenciaba que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a contar con toda la infraestructura estatal para hacer campaña electoral, apenas lograba una ventaja en la preferencia de votos por sobre sus principales rivales de Comunidad Ciudadana (CC).

“Si Bolivia desea estar a la altura de su declarado respeto por la libertad de prensa, debe reformar sus leyes electorales para permitir que las organizaciones noticiosas puedan informar libremente sobre todos los resultados de las encuestas”, señaló Southwick.

Al respecto, la CIDH precisó que, si bien las encuestas deben estar bien elaboradas, con calidad, con la respectiva ficha técnica, de quién hace la encuesta, por un manejo transparente, estos requisitos mínimos que pueden estar regulados por ley, no pueden constituirse en un impedimento para que se practiquen o se difundan sus resultados.

En una carta enviada al TSE por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), declaró que la decisión violaba el derecho ciudadano a ser informado. El sitio web de Tu voto cuenta, dejó de mostrar información  y desplegó la palabra “censurado”.