Gobernanza y cadena de suministros del litio
En el proceso de transición de la generación de electricidad a partir de la explotación de combustibles fósiles hacia el uso de energías de fuentes renovables, el litio es un recurso estratégico, por su importancia como insumo para la elaboración de baterías que son fundamentales para el almacenamiento de la energía.
Bolivia posee una de las mayores cantidades de recursos de litio en el mundo, por lo que diferentes actores políticos, sociales y empresariales han visto en ello una nueva oportunidad para el desarrollo; más aún, considerando que otras fuentes de energía, como el gas natural, tienden a disminuir, ya sea por la declinación de la producción o porque la demanda se ha contraído significativamente en el último quinquenio.
Este nuevo escenario supone un importante desafío para el país: ingresar en la explotación e industrialización de una nueva materia prima tomando en cuenta las lecciones aprendidas a partir de la explotación de minerales e hidrocarburos, para no repetir experiencias que sólo favorecen el rentismo y la visión de corto plazo. Para ello, se deben desarrollar políticas públicas que permitan generar ingresos fiscales que, en el marco de una nueva oportunidad de desarrollo, deberían estar direccionados hacia planes sostenibles, impulsando la productividad y la diversificación económica como fuentes fundamentales, no solo para generar empleo sino mejorar la calidad de vida de la población, la cual es propietaria de este recurso natural.
El presente documento realiza una primera aproximación a la industria del litio en el ámbito mundial y la posición de Bolivia en este contexto. Posteriormente, describe los procesos que ha vivido el proyecto del litio en Bolivia y su gobernanza a partir de acontecimientos concretos.
Finalmente, el análisis de ambos capítulos, junto con las lecciones aprendidas en el sector extractivo boliviano, pone en debate aquellas políticas que deben ser abordadas y resueltas, tanto por autoridades nacionales y locales como por la sociedad civil, para atenuar potenciales escenarios de conflicto que impidan dar continuidad a los proyectos de explotación e industrialización de los recursos evaporíticos, para así consolidar una buena gobernanza de este recurso, con decisiones estratégicas legítimas y transparentes.
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