El documento pretende coadyuvar al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en el ámbito de sus
competencias, y especialmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como instancia con
atribuciones para analizar y aprobar las reformas legales que correspondan. También involucra a las
organizaciones políticas, las instituciones del sistema de justicia, otras entidades públicas, las
organizaciones de mujeres y la sociedad civil.