Criterio poblacional es insuficiente para la redistribución de recursos


Política

TRES ANALISTAS OPINAN SOBRE EL CENSO EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Criterio poblacional es insuficiente para la redistribución de recursos

¿Solo debe primar este aspecto al hablar de distribución de fondos estatales?

Chuquisaca, así como todos los departamentos del país y el mismo Gobierno central, deberían ser los más interesados en que el Censo de Población y Vivienda se lleve adelante dentro de un “plazo prudente”, es decir, el año 2023. 

En entrevistas por separado con CORREO DEL SUR, el analista político y exparlamentario Germán “Chunka” Gutiérrez y el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, se refieren a la postura de Santa Cruz y la importancia de la representación parlamentaria y la compensación económica para departamentos expulsores de población, por efectos de la migración, como Chuquisaca, Oruro y Potosí.

“POSTURA AISLADA”

“Santa Cruz tiene una postura aislada, en términos políticos y regionales. Si bien es cierto que el Censo debería efectuarse sobre la base de los anuncios efectuados por el Gobierno, hay que admitir que el Gobierno no preparó adecuadamente el Censo y este iba a resultar un fracaso total, pero también hay que admitir que patear la pelota para el 2024 es impertinente”, dice Gutiérrez.

Afirma que en su última reunión, el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) debió reprogramar el Censo para 2023 y generar algunos parámetros para garantizar un proceso “serio y debidamente ejecutado para traducirse en un instrumento valioso de planificación”.

“Entonces, lo que vemos aquí es que Santa Cruz, en esa su decisión tardía de pedir que el Censo se realice como sea en noviembre de este año, es una posición aislada porque ningún departamento lo apoya. Santa Cruz piensa que como allá está la mayor cantidad de pobladores, ellos van a tener mayores beneficios sin haber cambiado las reglas de juego, que yo creo deben ser cambiadas”, subraya.

“ES COMPRENSIBLE”

En cambio, para el director de Jubileo, Juan Carlos Núñez, apurar el Censo no es una posición estrictamente de Santa Cruz, pues hay varias autoridades departamentales y municipales que coinciden con esa posición.

“Yo creo que aquí un tema central tiene que ver fundamentalmente con una explicación técnica del por qué el retraso que se da hasta el 2024. Hasta ahora, por lo menos, no se ha escuchado una explicación técnica. Primero, no se conoce con exactitud cuál es el avance oficial del INE, porque si tienen el avance del 30%, como mencionan, quiere decir que estaríamos en condiciones de poder llevar adelante el desarrollo del Censo hasta mediados del próximo año”, apunta el analista.

Sobre la postura de Santa Cruz, “es comprensible que una región tan presionada por la migración creciente demande y exija mayores recursos, y para eso es clave que se tenga el Censo en una fecha oportuna para poder hacer una adecuada redistribución de recursos”, remarca Núñez.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Consultado sobre la importancia real del número de parlamentarios, Chunka considera que una representación política es importante porque los votos cuentan en el Parlamento, “pero no solo hay que pensar en la cantidad de votos sino en que esta representación política tenga una representación social y económica significativa, lo que en el caso de Chuquisaca no existe y, claro, lo que vemos es que nosotros estamos cada vez más arrinconados, estamos con menos representación que no solamente es una representación carente de calidad sino también de peso político y económico que respalde a la misma”, reflexiona.

Ante esa situación, planteó “repensar en la forma de rearmar los niveles de representación porque el día de hoy hay una crisis y, claro, dentro de esa crisis agregar pérdida de número (de escaños), la crisis configura mayor desastre para los departamentos que van a perder en número la presentación política en el departamento”.

Sobre el mismo tema, Núñez opina que la representación parlamentaria, si bien está incorporada en el Censo, este debería recibir un “debate más profundo”. “Creo que entre los bolivianos nos hemos puesto un candado en la Constitución Política (del Estado), porque prácticamente ahí se define el límite de representantes políticos, pero si la población crece, ¿por qué nos hemos puesto ese nivel de límites que es hasta los 139 parlamentarios? Eso nos trae un foco de conflictividad cuando deberíamos pensar en que todos tenemos el derecho de tener representantes”.

Añade que con las reglas de juego actuales habrá regiones, como Chuquisaca, que tras el Censo se sentirán afectadas “porque tal vez ya no tenga un parlamentario, entonces ya nos pone a la defensiva y a la ofensiva sin que ni siquiera se haya empezado el tratamiento del Censo. Por eso es tan importante el diálogo y la adecuada información para ver por dónde vamos”, sostiene Núñez.

COMPENSACIÓN

¿Y la importancia de la compensación económica a departamentos “perdedores” como Chuquisaca, Oruro y Potosí? En esto, Gutiérrez señala que el CNA ya debió haber pensado qué hacer. “No podemos ingresar a un Censo sin definir nuevos parámetros de asignación de recursos para los bolivianos. Ya no es posible en el Censo solamente utilizar el concepto de asignación per cápita de recursos, hay que buscar otros parámetros. Por ejemplo, un parámetro fundamental debería ser el de asignación de recursos por índices de pobreza”, señala.

Entonces, si el Gobierno mantiene los conceptos de asignación de recursos por la vía per cápita “no (se) resolverá nada y solo (se) ampliará las brechas de inequidad y desigualdad”.

Núñez tampoco está de acuerdo con un criterio estrictamente poblacional para la redistribución de los recursos fiscales. “Deben incorporarse otros criterios. Recordemos el programa HIPC, cuando se dio la condonación de la deuda, que también fueron fondos que después se han redistribuido a través de los municipios, y los criterios que se tenían para esa redistribución no eran solamente poblacionales sino también por indicadores de pobreza, que le da un aspecto mucho más equitativo”.

Agrega que mantener la actual estructura “no es coherente porque hay regiones, como el caso de Chuquisaca y, especialmente, su área rural, con niveles de pobreza realmente muy importantes y con este tipo de políticas de solo redistribuir los recursos por población lo único que estamos haciendo es seguir incentivando que la gente se vaya de su región porque no tiene oportunidades si no va a seguir teniendo para su desarrollo; entonces, indicadores de pobreza deberían ser un tema que hay que debatirlo”.

IGUALDAD

Carlos Bellott, constitucionalista en organización y funcionamiento del Estado, escribió en su columna publicada el lunes pasado: “En 2013, tras la publicación oficial de los datos del Censo 2012, el Gobierno central estableció el factor de “distribución de recursos de Coparticipación Tributaria” (DS 1672), con base en la cantidad poblacional (per cápita), donde en cinco departamentos del país los municipios rurales vieron reducir sus recursos incluso hasta en un 10% a causa de la migración (CEDLA, 2013). Naturalmente, ellos esperan que se haga lo propio luego del Censo que estuvo programado para este año y que el 13 de julio se pospuso para el 2024. Eso generó serias preocupaciones, lo cual llevó a los municipios a solicitar tal postergación.

Sin embargo, no tendría que haber tal preocupación, ya que la Constitución indica que la política fiscal se basa, entre otros, en los principios de igualdad, proporcionalidad y capacidad recaudatoria (CPE, art. 323). En desarrollo de eso, el art. 316.7 dice que es función del Estado ‘promover políticas de distribución equitativa de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones’.

Fuente: Correo del Sur
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