La Paz, 3 mar 2020 (ATB Digital).- Bolivia se encuentra en el momento oportuno para explotar e industrializar el litio, antes de que países como Chile y Argentina, que también tienen grandes reservas del denominado ‘oro blanco’, se adelanten con ese proyecto, según la Fundación Jubileo.
Jubileo en la prensa


Caída del Petróleo - antecedentes,impacto -Covid19
https://www.youtube.com/watch?v=o1t5r0d6KWU

Estudio de Integridad Electoral: El TSE tiene un índice de transparencia de 35,2%
Estudio de Integridad Electoral: El TSE tiene un índice de transparencia de 35,2%

El Tribunal Supremo Electoral alcanzó un índice de transparencia de 35,3% respecto al acceso a la información pública durante el período de seguimiento al proceso electoral 2020, según el primer monitoreo del Estudio de Integridad Electoral.
La calificación se obtuvo sumando el valor porcentual de las respuestas positivas de la variable “acceso a información pública” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). El seguimiento data del 3 al 11 de marzo.
El monitoreo se realizó a la página web del Órgano Electoral. Se plantearon 17 variables sobre la información que ofrece el portal, de las cuales seis reportaron de manera positiva que la web tiene links específicos sobre los partidos políticos, fiscalización a las organizaciones políticas, rendición de cuentas y transparencia; sin embargo, la información no está actualizada.
Respecto a los TED, el promedio de calificación alcanzó a 35,9%. Por otro lado, se observa que las páginas web departamentales no son independientes del TSE. No tienen un espacio para atender a la ciudadanía ni tiempo de respuesta a las solicitudes de información o consulta, tampoco existe información acerca de las actas de las salas plenas de los organismos departamentales.
A través de sus cuentas de facebook y twitter, se difunde más información que en sus páginas web. Cochabamba actualizó sus redes sociales y Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Oruro no las han renovado.
En el caso del TSE, se difunde y publica bastante información oficial a través de sus cuentas en redes sociales.
La iniciativa Estudio de Integridad Electoral es impulsada por instituciones aliadas a la Ruta de la Democracia, la Fundación Jubileo y la Carrera de Ciencia Política de la UMSA.
(En base a boletín del Estudio de Integridad Electoral)

Advierten consecuencias para el gas boliviano
Advierten consecuencias para el gas boliviano
Tras la caída del precio del petróleo, analistas y expertos bolivianos expresaron que la exportación de gas nacional a los mercados internaciones se verá afectada, sobre todo en el segundo trimestre del presente año.
El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, señaló que las exportaciones bolivianas de gas natural pueden verse afectadas por menores precios.
“Seguramente va a tener su efecto en nuestra economía en los próximos tres a seis meses. Por la fórmula que tenemos de cálculo de precio con Brasil, el efecto no es inmediato, sino que se produce a partir de los siguientes tres a seis meses”, dijo recientemente Velásquez.
Para el analista en energías Francesco Zaratti, las variaciones del precio internacional del petróleo tienen doble efecto en Bolivia: implica una baja en los ingresos por venta de gas, pero también un ahorro en el gasto por importación de combustibles como diésel y gasolina.
Sin embargo, advirtió que “actualmente es mayor la pérdida que la ganancia”.
Velásquez coincidió en esta postura al afirmar que el principal negocio de Bolivia es la exportación de gas natural.
El economista Gabriel Espinoza, en su cuenta de Twitter, escribió que los valores trimestrales promedio, hasta ahora, siguen en niveles similares al del pasado año y que están por encima de las estimaciones del Presupuesto General del Estado (PGE) y del Programa Fiscal Financiero.
“Hay que preocuparse, porque los efectos del coronavirus vendrán también por el lado del comercio, el turismo, la logística. Pero eso no significa seguir a quienes hacen plata pregonando crisis y cae en pánico”, escribió.
Por su parte, el especialista en hidrocarburos Bernardo Prado aseguró a Los Tiempos Web que la situación es preocupante, ya que afecta directamente a los ingresos por exportación del gas.
“Hay que preocuparnos porque la caída es drástica y se va a reflejar en los precios de exportación de gas natural, ya que como es sabido, la fórmula del precio de nuestro gas está establecida al precio del petróleo”, indicó.
GAS INDEXADO AL PRECIO DEL CRUDO
De igual manera se expresó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, al explicar que la caída del precio del petróleo afecta económicamente al país porque el precio del gas de exportación está indexado al precio del petróleo.
https://bit.ly/39QYSaw

Expertas prevén que en cinco años ya no habrá gas para exportar
Expertas prevén que en cinco años ya no habrá gas para exportar
Con las reservas certificadas hasta el cierre de 2019, advirtieron que en 2025 se tendrá un déficit de 5,95 MMmcd, que limitará la venta al mercado externo.
Página Siete / La Paz
Hasta diciembre de 2019, se estima que las reservas probadas de gas natural cerraron en 7,79 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés). Sobre esa base, en 2025 la producción del energético habrá caído a 34,4 millones de metros cúbicos día (MMmcd), un volumen que no alcanzará para exportar, según dos expertas.
En el foro denominado “De la supuesta nacionalización a la importación de hidrocarburos”, organizado por la Fundación Jubileo, las analistas Isabel Chopitea y Susana Anaya explicaron que de acuerdo con las tres certificaciones más recientes, se calcula que hasta 2017 había un remanente de gas de 9,04 TCF, de los cuales el consumo de mercado externo e interno redujo las reservas en 1,25 TCF en un año.
Por lo tanto, quedan 7,79 TCF, pero como en los anteriores 14 años no se firmaron contratos de exploración que sean significativos y que hayan incrementado las reservas, los pronósticos de producción están a la baja de modo que en cinco años se llegará a 34,4 MMmcd (infografía).
En la actualidad, Bolivia produce 51 MMmcd, con datos a enero de 2020, de los cuales entregó hasta febrero 28 MMmcd a Brasil; 11 MMmcd a Argentina y 12 MMmcd al mercado interno.
“Los pronósticos de producción -ya que no hubo contratos significativos en la exploración y sí decremento de reservas- nos muestran una proyección, con base en las reservas probadas y desarrolladas, que está decreciendo. Entonces esto afectará nuestros compromisos con los mercados”, explicó Chopitea.
Sostuvo que una situación similar sucede con la producción de líquidos, que es más preocupante porque el país depende de eso para abastecer el consumo interno. A su vez, este factor impacta en una mayor importación de carburantes y lubricantes, lo que supone una mayor erogación de recursos para el subsidio.
Las expertas apuntaron que para este año se espera un nivel de producción de 47.500 barriles por día (BPD), un volumen que, con base en las previsiones, descenderá hasta los 28.500 BPD, cantidad que no se registró desde 2006, época en que se “nacionalizaron” los hidrocarburos.
En su análisis, identificaron que la causa de la menor producción fue la ausencia de políticas sectoriales y la mala gestión del sector y de YPFB, que se reflejó en una importación creciente por el déficit que hay en la producción de diésel y gasolina; déficit fiscal, ya que no se supo aprovechar el auge de los precios del gas natural que hubo hasta 2014, y el déficit de la balanza comercial.
Sobre el último punto, indicaron que la caída del valor de las exportaciones de gas se percibe desde 2012. Por entonces hubo un superávit de más de 3.000 millones de dólares, que se redujo a algo más de 700 millones al cierre de 2019, según datos oficiales del Ministerio de Economía.
Asimismo, según la evaluación de las expertas, desde 2006 hasta 2019 el país recibió al menos 38.651 millones de dólares por la renta petrolera, la generación de regalías, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la participación del Tesoro General de la Nación, entre otros.
La experta añadió que desde hace varios años YPFB se dedicó en mayor medida a hacer pruebas de sísmica en diferentes regiones, para aumentar la información en áreas poco estudiadas, pero no desarrolló proyectos de exploración-explotación.
Anaya y Chopitea advirtieron que la baja producción de gas impactará en los compromisos que se tienen con el mercado externo, al punto de que en los siguientes años ya no se tendrá de dónde entregar el energético, al tomar en cuenta que para la maduración de un nuevo reservorio hacen falta, como mínimo, cinco años, hasta un máximo de 10.
De acuerdo con la exposición, con base en las reservas probadas actuales, para este año se tendrá disponible 23,7 MMmcd para vender a Brasil, pero a medida que pasen los años el nivel disponible irá en descenso y a partir de 2025 se tendrán cifras negativas y no alcanzará para el mercado argentino; se calcula que habrá un faltante de 5,95 MMmcd en 2026, que es cuando vence el contrato con ese socio.
Dos nuevos reservorios
La presidenta Jeanine Añez anunció el viernes el hallazgo de dos “importantes” pozos de gas y petróleo en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz.
El hallazgo en el primero se trata del pozo Sipotindi X-1, cuya perforación superó los 6.300 metros hasta el momento y permitió llegar a la formación Huamampampa, que es la misma de los campos gasíferos Incahuasi, San Alberto y Margarita. Los trabajos de exploración llegarán a su fin dentro de dos meses.
El segundo hallazgo está en Santa Cruz y se trata del pozo Yarará X-1, que fue perforado a más de 4.000 metros de profundidad y las pruebas establecieron que producirá, desde el próximo mes, al menos 400 barriles de petróleo por día e incrementará la producción local de líquidos.
Planta de Úrea consume el 6,7% del gas producido
La Planta de Amoniaco y Úrea, ubicada en Bulo Bulo, Cochabamba, demanda el 6,7% del gas producido en el país. La factoría ya lleva más de tres meses parada y el Gobierno tiene planeado reactivarla antes de fin de mes.
En un panel organizado por la Fundación Jubileo, la experta en hidrocarburos Susana Anaya afirmó que del total producido en gas natural, el 72% se destina al mercado de exportación, es decir que se envía a Brasil y a Argentina, y que el 28% es para el consumo de mercado interno.
De éste último, de los 12 millones de metros cúbicos día (MMmcd), el 40,3% se lo destina para la distribución de gas natural por redes (industrias, comercios, GNV y domicilios); el 39,5% es para el sector eléctrico; el 12,8% son los consumidores directos como refinerías y el 6,7% se lo envía para el funcionamiento de la Planta de Úrea, según información oficial de YPFB.
“El 6,7% que se destina al mercado interno se va para la Planta de Úrea y se lo comercializa a un precio de 0,90 dólares el millar de BTU, pero la planta actualmente está parada y encima genera déficit para el Estado. Es un gas que puede ser exportado a un precio mayor a cinco o seis dólares, como se lo vende a Argentina o Brasil”, consideró Anaya.
La factoría está paralizada desde noviembre de 2019. No obstante, la anterior semana el presidente de la petrolera del Estado, Herland Soliz, anunció que durante este mes se reanudará las operaciones del complejo y para ello se buscan mercados.
“Vamos a buscar una salida rentable para la planta que fue mal concebida”, afirmó Soliz.

La película que nos contaron sobre el gas
La película que nos contaron sobre el gas
Javier Aliaga
La inauguración de una torre de perforación a fines de 2015 en el campo Itaguazurenda (Santa Cruz) sólo sirvió para que el entonces presidente Evo Morales pueda tomarse una bonita fotografía que corone una escena más de la película de la nacionalización que nos contaron. Los trabajadores de YPFB armaron la torre e hicieron la planchada y los caminos de acceso en tiempo récord para que la inauguración coincida con el Día del Petrolero. El proyecto resultó un fracaso, pero eso no fue una sorpresa para los expertos que veían el show con escepticismo debido a la conducción excesivamente política e improvisada de YPFB.
Con una total falta de respeto por la población, los “guionistas” de la nacionalización montaron lo de Itaguazurenda y uno que otro truco más para la televisión con el propósito de contar la historia de que el Estado estaba trabajando e invirtiendo para desarrollar el sector ante la ausencia de inversión privada. Hubo mucho trabajo exploratorio sin sentido, improvisación, mala gestión y derroche de los escasos recursos del país.
La puesta en escena de Itaguazurenda la contó el experto Hugo del Granado en el foro de Jubileo sobre hidrocarburos para cuestionar el hecho de que se perforaron pozos para justificar la erogación de recursos. Según datos oficiales, Itaguazurenda demandó una inversión de 15 millones de dólares, una cifra modesta si se compara con el despilfarro de otros recursos. En el foro, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), bajo la conducción de nuevas autoridades, reveló cifras desconocidas acerca de la situación del sector. Las presentaciones permitieron concluir a los expertos del foro -Del Granado, Mauricio Medinaceli y Raúl Velásquez- que hubo pérdidas millonarias en proyectos fallidos y en plantas de supuesta industrialización con problemas estructurales y de mercados.
También alertaron sobre los conflictos con el régimen fiscal, las subvenciones, los precios del mercado interno, la falta de transparencia en la adjudicación de bloques y el vía crucis de las empresas que quieren invertir en exploración, pero no pueden porque los contratos tardan años en concretarse.
Los cuestionamientos tienen que ver con el manejo del sector durante la gestión de Evo Morales. Sabemos que la nacionalización fue bendecida providencialmente por el ciclo de altos precios de los hidrocarburos. La abundancia de los recursos ayudó a que las petroleras acepten el régimen fiscal y el país reciba mucho dinero, aunque los privados no hayan hecho inversiones significativas para exploración, ni siquiera tratando de ampararse en la Ley de Incentivos de 2015.
El modelo no es sostenible. Lo razonable hubiera sido que el anterior Gobierno dé un verdadero giro con el régimen fiscal del sector analizando experiencias de la región sobre marcos tributarios flexibles y graduales en función de la producción y de los precios, pero no pudo para no contradecir el discurso antiprivado y antipetroleras, claramente inútil a la vista de la declinación del sector.
También es razonable la recomendación hecha en el foro de que el sector necesita de verdaderos equilibrios entre el Estado y las petroleras, sin dejar que ninguno de los dos ejerza un rol aplastante sobre el otro. La reciente historia, la de antes de Morales y la desarrollada durante su Administración, demuestra que optar por los extremos puede agravar los problemas. Durante 14 años nos contaron la película del supuesto éxito de la nacionalización para desarrollar el gas, pero parece que muchos de los bolivianos asistieron dormidos a la exhibición de la historia y no diferenciaron lo propagandístico de la realidad. No sé a qué género fílmico corresponde la historia, pero hay temas que no caben en el cine.

Importación de carburantes creció en 800% desde 2003
Importación de carburantes creció en 800% desde 2003
- Importación de combustibles y lubricantes. | Wilson Cahuaya
La importación de combustibles y lubricantes creció en algo más de 800 por ciento en las últimas décadas. Pasó de 115 millones de dólares en 2003 a 1.629 millones de dólares en la gestión pasada, informaron las expertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Isabel Chopitea y Susana Anaya.
La información se conoció en la presentación del estudio realizado por la ANH, en coordinación con la Fundación Jubileo, denominado “De la nacionalización a la importación de hidrocarburos”.
Durante la exposición salió a luz que el incremento en la importación de combustibles responde particularmente a dos factores: un mayor parque automotor y la baja en la producción nacional.
“Como consecuencia de la disminución de la producción de líquidos en los campos, la producción de diesel oil, gasolina especial y lubricantes ha caído más que proporcionalmente, mientras la demanda de estos derivados es creciente (parque automotor) en el mercado interno”, explicaron las expertas.
La merma en la producción ocasiona que las refinerías operen por debajo de su capacidad instalada, sin lograr cumplir con el objetivo de las instalaciones, reducir, bajar el costo destinado a la subvención de los carburantes.
“La brecha entre demanda y oferta de estos derivados se cierra mediante la importación de volúmenes crecientes, lo cual repercute sobre la balanza comercial (divisas) y el déficit fiscal, por la erogación de subvenciones”, agregaron.
Subvenciones
En este proceso complicado hidrocarburífero, la falta de combustibles líquidos significa la erogación millones de dólares del Estado para subvencionar los combustibles.
Cabe señalar que la subvención a los hidrocarburos en 2018 alcanzó a 727 millones de dólares.
“Para 2019, la subvención continúo subiendo, en este periodo alcanzó a 794 millones de dólares”, señala el documento que se dio a conocer.
Según el estudio realizado por las expertas sobre la evolución de las importaciones de diesel oil, gasolina especial y lubricantes, en 2019 es el periodo en que se destinaron mayores recursos económicos para mantener los niveles de los precios bajos de los combustibles en el país.
De 74 millones de dólares que se destinaban para subvencionar los hidrocarburos, en 2019 estos llegaron a 794 millones de dólares.
Por ejemplo, en 2019 el costo internacional del diésel fue de 8,88 bolivianos, pero en Bolivia se comercializa a 3,72 bolivianos, en tanto, el precio de la gasolina especial a nivel internacional estaba en 8,68 bolivianos por litro, en Bolivia tiene un costo de 3,74 bolivianos.
Entonces, el Tesoro General del Estado asume la diferencia con relación a los precios internacionales.
Para 2020
El Presupuesto General del Estado de 2020 aumenta en 11,3 por ciento los recursos para la importación de combustibles.
El monto por ese concepto pasó de 18.861 millones de bolivianos (2.700 millones de dólares) en el presupuesto del año pasado a 21.268,5 millones de bolivianos (3.055 millones de dólares) en 2020, asignado a la partida de gastos de bienes y servicios de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB).
Principales proveedores
Según el IBCE, en 2019, la importación de diésel alcanzó un nuevo récord sumando 992 millones de dólares, siendo los principales proveedores Argentina con una partición del 31%, seguido de Chile con el 27% y Suiza (13%).
La importación de gasolina alcanzó un nuevo récord con 563 millones de dólares, teniendo como principales países de origen a Argentina con una participación sobre el total del 28 por ciento, Rusia (11%) y Singapur (10%).
BOLIVIA REQUIERE REDUCIR GASTOS
El exministro de Hidrocarburos Alvaro Ríos refiere que Bolivia tuvo un ciclo de bonanza económica con ingresos basados sobre todo en la venta de gas a los mercados de Argentina y Brasil, señala un reporte.
Explica que hubo grandes ingresos fruto de los mayores volúmenes enviados a los dos mercados vecinos, así como de los altos precios del energético en el mercado internacional entre 2007 y 2014.
Pero señala que la situación actual es diferente. Ahora Bolivia importa cada vez mayores volúmenes de diésel y gasolina, por lo que se requiere de manera urgente disminuir el gasto de divisas por importación de combustibles, a través de legislación que incentive la producción en campos pequeños y maduros.

Rumbo al 3M: desplegarán a más de 100 observadores ciudadanos
Rumbo al 3M: desplegarán a más de 100 observadores ciudadanos
El Estudio de Integridad Electoral cuenta con 18 observadores a nivel nacional. Por otro lado, más de un centenar vigilarán la capacitación a notarios y jurados.
Erika Segales / La Paz
La iniciativa ciudadana denominada Estudio de Integridad Electoral desplegará más de un centenar de observadores ciudadanos para el proceso electoral rumbo a los comicios del 3 de mayo (3M).
El objetivo de ese proyecto, impulsado por Ruta de la Democracia, la Fundación Jubileo y la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) es brindar información transparente y alertar sobre posibles irregularidades.
El Estudio de Integridad Electoral cuenta con 18 observadores en el país (dos en cada departamento) para el seguimiento a las actividades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los tribunales electorales departamentales (TED) y de los medios de alcance local. Además esa iniciativa contará con más de 100 observadores para vigilar el proceso de capacitación a notarios y jurados electorales en todo el país.
“Tendremos cada semana los reportes del monitoreo y tendremos un informe final que entregaremos al Órgano Electoral y a la ciudadanía, para que se conozcan las recomendaciones. Esperamos que esta iniciativa se constituya también para los futuros procesos electorales”, expresó Sandra Verduguez, una de las coordinadoras de la iniciativa.
Los TED de Cochabamba, Oruro y La Paz se abrieron a coordinar para que el proyecto acceda a la información electoral.
“Estamos esperando que se pronuncien desde los TED, ya tenemos tres departamentales comprometidos. Esperamos la respuesta de los otros seis. Tenemos que tener la respuesta para acceder a las resoluciones de sala plena y los informes para que con eso hagamos el monitoreo para constatar la información”, señaló Juan Carlos Núñez, director de Jubileo.
Se dio a conocer también que la respuesta a la iniciativa fue positiva por parte del presidente del TSE, Salvador Romero, y las vocales Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez, y que se espera la predisposición de los demás vocales.
Primer reporte
La iniciativa presentó los primeros resultados de su monitoreo realizado a 32 medios, entre el 17 de febrero y 1 de marzo, y concluyó que la mayor cantidad de información sobre el proceso electoral se difunde en el eje central.
En ese lapso se publicaron 599 noticias sobre temas electorales. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son las regiones donde más se toma en cuenta la difusión de la información, en contraste con Potosí, Oruro y Tarija, donde el tema electoral es relegado.

Desde 2006, YPFB suscribió 14 contratos, 10 con subsidiarias
Desde 2006, YPFB suscribió 14 contratos, 10 con subsidiarias
El resto de los acuerdos fueron firmados con una privada y tres con sociedades anónimas mixtas, con participación de empresas de la petrolera del Estado.
Página Siete / La Paz
De los 14 contratos de servicios petroleros (CSP) de operación suscritos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en los anteriores 14 años, una decena fueron firmados con sus propias subsidiarias, reveló la investigadora Susana Anaya, en el foro titulado “De la supuesta nacionalización a la importación de hidrocarburos”, que fue organizado por la Fundación Jubileo.
De acuerdo con la investigadora, en los 14 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), YPFB suscribió 14 contratos por operación, 10 de los cuales fueron firmados con sus subsidiarias Chaco y Andina.
El resto de los contratos (cuatro) fueron suscritos con una empresa privada, la estatal YPF Argentina, y tres fueron firmados con Sociedades Anónimas Mixtas (SAM) con participación de las subsidiarias de YPFB.
Anaya señaló que esto se debe a que las empresas transnacionales no tienen interés en hacer tareas de exploración en el país, lo que se refleja en los contratos firmados con las subsidiarias.
“La mayor parte de los contratos suscritos fueron con Chaco y Andina, es decir que no hay mayor interés por parte de las empresas que tienen la experiencia y tecnología para firmar contratos con YPFB, la mayor parte es con las subsidiarias”, señaló.
Condición poco favorable
Anaya indicó que desde la “nacionalización” de los hidrocarburos, en 2006, YPFB buscó firmar contratos mixtos con las petroleras, sin embargo esta estrategia no tuvo éxito.
Los contratos mixtos tipo SAM consisten en que la empresa privada realiza las actividades de exploración bajo su propio riesgo y, si se presenta un hallazgo positivo, forma una sociedad anónima mixta con participación mayoritaria de YPFB para la explotación del yacimiento. Los costos de la exploración serán luego pagados a la empresa privada mediante la venta del gas.
Bajo esta modalidad, sólo se suscribieron seis contratos: dos de exploración y explotación, y cuatro de explotación, de los cuales tres fueron devueltos, dos se encuentran vigentes y uno todavía no fue protocolizado.
“Bajo este sistema nadie quería participar porque si la empresa descubría , tenía que asociarse, mientras que en los contratos de operación la empresa tenía mayor control. YPFB quería operar todos los campos que se iban a descubrir bajo estas condiciones”, declaró Anaya.
La investigadora apuntó que durante 10 años, YPFB insistió en suscribir contratos bajo esta modalidad, pero por el poco interés de las empresas del sector, tuvo que volver a adoptar los contratos de operación habitual.
“Después de 10 años se ha vuelto a los contratos de operación y se han firmado 14, pero después de un fracaso en la suscripción. En los contratos de operación, la exploración la lleva a cabo la empresa; si hay descubrimiento comercial, la explotación también la lleva a cabo la empresa. Sin embargo, YPFB le retribuye sus costos recuperables y su ganancia. YPFB tiene una participación que le cae del cielo, una participación de las utilidades de las empresas, un modelo de los contratos tipo operación”, dijo.
La importación de combustibles creció 10 veces desde 2001
Las importaciones de combustibles crecieron de 115 millones de dólares en 2001 a 1.629 millones en 2019. Por ello, el precio subsidiado de la gasolina y el diésel oil otra vez se pone en debate y los expertos sugieren incluso su suspensión de manera gradual, para que no perjudique a los sectores empobrecidos.
La importación de diésel oil, gasolina especial y lubricantes “se ha multiplicado por más de 10 y esto afecta no solamente a la balanza comercial, porque es necesario erogar y gastar divisas para las importaciones, sino que también afecta a las finanzas públicas, al déficit fiscal, porque se erogan subvenciones”, explicó Susana Anaya, experta en el sector de hidrocarburos.
La expositora del foro organizado por Jubileo manifestó que la política adoptada por el gobierno del MAS desde la “nacionalización” de los hidrocarburos no logró concretar contratos e inversiones de petroleras extranjeras, por lo que los volúmenes producidos de gas y petróleo fueron disminuyendo.
“Como consecuencia de la disminución de la producción de líquidos en los campos, la producción de diésel oil, gasolina especial y lubricantes ha caído más que proporcionalmente, mientras la demanda de estos derivados es creciente (para el parque automotor y la soya) en el mercado interno”, detalló Anaya.
La subvención de los hidrocarburos pasó de los 74 millones de dólares en 2006, a 794 millones en 2019, con una tendencia a continuar en subida hasta el final de la presente gestión.
Esa situación obliga a tomar decisiones y de acuerdo con el analista y exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, deben tomárselas pronto.
“Es necesario conocer esta información para que cuando uno plantee -cualquiera sea el gobierno de turno- eliminar la subvención, planteen bajar el impuesto a las petroleras y hacer oídos sordos al medioambiente, no se rasguen las vestiduras. Estas son las cosas que necesita este sector. Hay que lograr equilibrios”, expuso, según ANF.

Bolivia está en momento oportuno para industrializar el litio, según Fundación Jubileo
Bolivia está en momento oportuno para industrializar el litio, según Fundación Jubileo

Jubileo: No hay inversión privada en minería y el esfuerzo estatal es escaso
ubileo: No hay inversión privada en minería y el esfuerzo estatal es escaso
Desde el descubrimiento de un yacimiento hasta la explotación rentable pueden pasar 25 años, establece el informe. Sugiere reforzar la seguridad jurídica en el país para atraer inversiones.
Cándido Tancara Castillo / La Paz
En Bolivia, las minas no pueden venderse por decisión constitucional. Esta situación motiva a las inversiones privadas a buscar caminos alternos que, sin embargo, no tienen efecto en las primeras fases del proceso exploratorio. En algunos países, el riesgo y el costo en minería están distribuidos entre varios operadores.
“Desde hace varios años no hay inversión privada en exploración de nuevos yacimientos y el Estado ha asumido la responsabilidad de esas primeras etapas; pero el esfuerzo es insuficiente y no se conocen nuevos depósitos mineros interesantes”, señala un reporte de la Fundación Jubileo.
Tampoco hay inversiones en plantas metalúrgicas privadas, continúa, pues sólo el Estado montó la planta de Corocoro, renovó el horno principal de Vinto, construyó un nuevo ingenio en Huanuni, rehabilitó la fundición de Telamayu y reanudó las actividades de las acerías de Pulacayo y de Catavi. Adicionalmente, indica, puso en marcha una planta de obtención de azufre elemental de alta calidad y se embarcó en el proyecto del litio en el Salar de Uyuni.
En los últimos años, refiere el informe, algunas empresas privadas demostraron interés en llegar al país, pero a operaciones que ya mostraron su potencial o que ya superaron las primeras fases de la exploración.
¿En qué eslabón de la cadena de valor minera es más interesante invertir en los países mineros? Se preguntan los investigadores de Jubileo y responden que “es bueno invertir en la extracción de minerales, si se tiene la seguridad de un buen yacimiento, y en su comercialización”.
Advierten que los capitales no quieren correr riesgos innecesarios y buscan obtener las utilidades más grandes en los plazos más cortos. “Las etapas más riesgosas de la minería son la exploración y la industrialización en países poco industrializados”.
25 años para la explotación
Desde que se descubre una “anomalía” en el terreno hasta que se inicie la explotación minera rentable pueden pasar 25 años. Durante este lapso todo es erogación y nulo ingreso. En cada paso hay riesgo de que el depósito de mineral no sea el soñado y/o que caigan los precios de los metales en el mercado internacional o, incluso, que los inversores pierdan el entusiasmo.
Entre 2003 y 2017, la inversión total en el sector minero en Bolivia ascendió a 4.164 millones de dólares; la inversión privada llegó a 3.043 millones de dólares y la estatal, a 1.121 millones de dólares. Salvo un par de años, la inversión privada superó a la estatal; en promedio, el sector recibió una inyección de 277 millones de dólares por año, de éstos, el Estado aportó con 75 millones por año; es decir, una tercera parte.
En ese contexto ¿es necesaria la inversión en el sector? El informe responde: la sostenibilidad de la minería depende del hallazgo de yacimientos. Los resultados de una inversión exitosa o la explotación de un yacimiento minero requieren de 25 años.
Este factor es, por tanto, determinante para trabajar en el presente en la exploración con la esperanza de hallar algo explotable dentro de 25 años, sentencia el informe y alerta que todas las minas que están en operación actualmente en el país, probablemente, habrán agotado sus reservas para el año 2045.
“Por esto es imprescindible explorar ahora, preferiblemente, con capital privado, porque el Estado no puede destinar recursos que pueden ser utilizados en salud o educación a situaciones inciertas”, reitera.
Por otra parte, señala Jubileo, Bolivia no puede seguir sólo exportando minerales. Debe pasar, por lo menos, a la comercialización de metales o de productos con valor agregado. “El esfuerzo realizado por el Estado para pasar a este eslabón de la cadena es insuficiente y se requiere mayor inversión privada”.
Indica que sólo el 8% (en valor) de la exportación es de metales por lo que se pierde centenares de millones de dólares por año. Por esto “es imprescindible invertir en la metalurgia”.
Las inversiones del sector privado estuvieron destinadas a montar la operación, a incrementar su capacidad, a mejorar la tecnología, a aumentar sus reservas, a disminuir costos operativos, evalúa.
¿Cómo atraer inversión?
Dadas las características de los capitales, dice Jubileo, “atraer inversiones al país es una tarea profundamente compleja”. Otros países de la región que poseen riquezas mineras desarrollaron estrategias generosas para captar inversiones externas y lo han logrado.
¿Qué esperan los inversores? Ganar mucho dinero con el menor esfuerzo. Por ello para llegar a un país ponen condiciones: seguridad jurídica, estabilidad impositiva (mejor si es pequeña), disponibilidad de mano de obra calificada, garantías de recuperar su inversión, protección frente a posiciones de las comunidades, arbitraje internacional en caso de discrepancias y otras específicas en función de las circunstancias.
“Bolivia ofrece a los inversores en exploración la posibilidad de recuperar lo invertido en esa fase durante la explotación si los resultados son positivos. Si la operación será en áreas de la estatal Comibol, los inversores tienen dos alternativas de asociarse: el pago de un porcentaje del valor bruto de ventas o el pago del 55% de las utilidades”.
En cambio, continúa el estudio, si la operación es en un área libre, no deben compartir las utilidades ni las ventas brutas.
“Esto parece inclinar la balanza hacia operaciones en espacios libres; pero hay una tendencia a asociarse con Comibol porque las áreas que ofrece la corporación ya están parcialmente exploradas y hay certeza de la existencia de minerales”.
Jubileo alerta que Bolivia no ha disminuido las exigencias del Estado con el fin de atraer inversiones externas, tampoco ha hecho mucho por promocionar yacimientos seguros.
En cuanto a la seguridad jurídica, prosigue, el Gobierno se esforzó por mostrar que ésta no existe en el país y “la muestra más dramática es la anulación de la creación de la empresa mixta del litio”. Esta empresa era resultado de un proceso de tres años de búsqueda y selección de socia; pero todo fue eliminado con un decreto. “El mensaje que se envió al exterior desvirtuó todos los esfuerzos de seguridad jurídica que se pretende hacer creer a los inversores. Las consecuencias de este decreto se los verán en los próximos meses y años”.
El reporte precisa que el peso de impuestos y regalías en Bolivia es similar al de otros países, aunque algunos son mucho más favorables a los inversores en contra de los intereses del Estado. Explica que el Estado retiene el 19% del valor del mineral para el caso de la plata, en otros minerales este porcentaje baja al 9%. En Perú, el porcentaje baja a 11.45% para la plata. Esta diferencia de ocho puntos puede inclinar la balanza en contra de Bolivia si hubiera una carrera por captar capitales extranjeros.
Proponen invertir en exploración y metalurgia
La Fundación Jubileo concluye que la inversión en minería es necesaria en exploración de minerales y en la metalurgia; en el primer caso para asegurar la sostenibilidad del sector; en el segundo, para aumentar los ingresos del Estado.
En los últimos años, continúa, la inversión en el sector es pequeña. La mayor proporción corresponde a la minería privada; pero ha habido un par de años en los que el Estado superó al operador privado. El Estado es el que más invierte en metalurgia para lograr captar el máximo valor de las exportaciones.
El Estado no precisa bajar sus exigencias para captar capitales externos; lo que debe hacer es asegurar que no habrá cambios en las condiciones del contrato y que no se tomarán decisiones arbitrarias en contra de los intereses privados o del Estado.
En cuanto a la inversión privad, señala que sólo se conoce un caso de una empresa canadiense que ha adquirido una empresa que operó un tiempo en el país y que está realizando una inversión importante en exploración.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es propietaria de varias áreas mineras no explotadas, a lo largo de todo el territorio nacional. Esta entidad estatal ha manifestado en varias oportunidades que se asociaría con empresas privadas para explorar esas áreas y, en caso de obtener resultados positivos, explotarlas, pero hasta el presente no dio luces.
Comibol, después de 1985, ha firmado varios contratos de riesgo compartido y de arrendamiento con empresas privadas para explotar sus minas que ya estuvieron en operación. Estos contratos, luego, fueron transformados en contratos de asociación. La Ley de Minería, aplicando lo que determina la Constitución Política del Estado, establece que en estos contratos, la Comibol reconoce a favor de la socia, el 45% de las utilidades de la operación.
El fracking en América Latina ¿utopía o realidad?
El fracking de las formaciones shale, como todos conocemos, es una técnica puesta en práctica en USA que le ha permitido a ese país pasar de ser un neto importador de petróleo y gas natural a un neto exportador. Es conocida como la revolución norteamericana del shale gas y el shale oil.
La actividad consiste en romper la roca madre (shale) con arena, agua y químicos a altísima presión y estimular la producción de estas formaciones que tienen muy baja permeabilidad, para que así el petróleo, gas y agua puedan fluir hacia la superficie. La producción de shale gas en EEUU se inicia aproximadamente el año 2000 y a finales del 2019 se tiene producción de 1,926 millones de metros cúbicos cía (mmmcd), es decir 64 contratos de 30 mmmcd entre Bolivia y Brasil. La producción de petróleo shale se inicia posteriormente el año 2004 y al 2019 EEUU produce cerca de 8.7 millones de barriles día (BPD), es decir 11% de la producción mundial.
Los norteamericanos han podido hacer de esta industria una realidad por varias razones: Aplicando nuevas tecnologías y experimentos constantemente y haciendo que las operaciones de gran escala y que el equipamiento esté disponible. Además, aprovechando financiamiento disponible en los mercados y sobre todo haciendo uso de la seguridad jurídica que tiene ese país. Con todo esto los costos de producción se han bajado notablemente para competir con producción de petróleo y gas convencional.
Los norteamericanos son pragmáticos y a diferencia de varios países Latinoamericanos que son nostálgicos, permiten que la actividad del fracking se realice con el debido cuidado ambiental y protegiendo las cuencas de agua que son estrictamente reguladas por parámetros técnicos por varias agencias. No existe esa oposición típica nuestra de oponerse por oponerse o por ultimo oponerse para aprovecharse política o económicamente.
Hay otra gran diferencia y es que el Estado no es dueño del subsuelo sino los habitantes que moran sobre estas formaciones. Es decir estas personas otorgan los leases y no se debe pasar por el papa Estado como ocurre en nuestra región. Las regalías que se pagan en boca de pozo las podemos estimar en 15 a 18%. Analicemos Argentina que es otro país que por los últimos 10 a 12 años ha tratado de impulsar el fracking en su formación Vaca Muerta. Un shale muy pero prolijo y de clase mundial geológicamente y con enormes recursos.
Varias empresas, incluyendo su estatal YPF están interesadas en desarrollar con intensidad Vaca Muerta porque los pozos pilotos demuestran costos de producción competitivos. La regalía en Argentina que se paga es de aproximadamente 12 a 15% y la zona de Neuquén no es muy conflictiva ambientalmente por ser una zona desértica y con escasa población. Así las cosas la producción de shale gas este 2019 ha llegado a 31.52 mmmcd y la de petróleo a 90.000 BPD. Nótese la diferencia con EEUU.
El problema no es la geología, sino más bien las condiciones país, de seguridad jurídica, sindicatos, condiciones macroeconómicas, subsidios, estabilidad de moneda para que las inversiones y producción no aumenten más y más bien se hayan frenado hacia finales de 2019. Es decir, son los propios argentinos los que no hacen viable el masivo desarrollo del shale de Vaca Muerta que podría traerle los dólares que tanto necesita.
Colombia es otro país que quiere impulsar el shale en el Valle Medio del Magdalena en la formación La Luna. La relación reservas/ producción de gas y petróleo están por debajo de los 8 años y esto inquieta a los colombianos. A diferencia de Argentina existe una férrea oposición ambiental por la sensibilidad de la zona. Las regalías estimadas para la producción de los pozos pilotos que se quieren realizar podrían estar entre 5 a 20%. Veremos qué pasa.
El nostálgico presidente AMLO, así de un plumazo ha impuesto un stop al fracking, sin ninguna consideración ni estudio ambiental, ni económico ni técnico. Es que su tozudez no le permite observar lo que acontece al norte de la cuenca de Burgos en el imperio. Finalmente Bolivia viene hablando de que podrá desarrollar proyectos shale en la formación Miraflores. Comentar que primero tendrá que hacer una legislación especial que baje regalías y tributos establecidos en la CPE y la Ley de 50% o haga una concesión especial y no exista férrea oposición ambiental. Mientras por ahora es solo un sueño.
Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y Actual Socio Director de Gas Energy Latin America

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