Bolivia necesita autoridades electorales íntegras, independientes y competentes, designadas mediante procesos transparentes y basados en méritos verificables. La corrección de los vacíos legales detectados en el PL 213 y una transición responsable —que incluya la convocatoria y el calendario de las elecciones subnacionales— son pasos esenciales para proteger la integridad de la democracia y garantizar la adecuada preparación de los comicios de 2026.